El TSJM decidirá el 25 si admite la querella de PACMA por el sacrificio de Exkálibur

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá el 25 de noviembre si admite o no la querella presentada por el Partido Animalista (PACMA) contra el consejero de Sanidad por el sacrificio del perro Exkálibur, propiedad de la auxiliar de enfermería Teresa Romero.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM deliberará sobre la denuncia presentada el 6 de octubre por PACMA, que argumenta que el artículo 12 de la Ley 1/90 de protección animal de la Comunidad de Madrid exige que antes del sacrifico de una animal haya un diagnóstico previo de que ha contraído una enfermedad infecciosa, según ha indicado un portavoz de PACMA a Efe.

Además de esta denuncia, la misma sala del TSJM ha abierto diligencias previas por otra denuncia posterior presentada por la Asociación contra el maltrato (ACM) por un supuesto delito de prevaricación en el sacrifico del animal, según ha apuntado esta asociación.

Esta denuncia se dirige contra el consejero, el director general de Ordenación e Inspección de Sanidad y todas las demás personas presuntamente “implicadas”.

En su escrito, ACM alega que, a pesar de la negativa del marido de Romero a sacrificar a Exkálibur por no existir pruebas de que se hubiera infectado de ébola, Sanidad emitió una resolución -ratificada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid- para que se procediera a dar muerte al perro.

A raíz del sacrificio del perro, Teresa Romero y su marido presentaron también ayer en la Comunidad de Madrid una solicitud para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que incluye una reclamación por vía administrativa de 150.000 euros para reparar el daño causado por el sacrificio de su perro.

Romero interpuso también ayer en un Juzgado de Alcorcón una demanda civil en la que reclama 150.000 euros al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, por vulneración del derecho al honor.

La pareja prevé también personarse en una denuncia presentada ante el TSJM por sindicatos de Sanidad por “diversos delitos derivados de las acciones y omisiones atribuibles a los responsables políticos” en la gestión del caso de la auxiliar infectada por el virus del ébola.