Última hora sobre la actualidad política

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado este martes que “los hechos” sobre el espionaje a 66 dirigentes independentistas “son graves y están siendo explorados y sujetos a transparencia por parte del Gobierno”. 

Antes de participar en la entrega del premio CEDRO 2022 a la defensa de la cultura y los derechos de autor, Díaz ha asegurado que “el Gobierno está trabajando en una comisión de investigación interna” y para activar la comisión de secretos oficiales en el Congreso. “Sería bueno que primero conozcamos con prudencia el alcance y el contenido de los hechos y después extraigamos las conclusiones”, ha zanjado.

Escribe Iñigo Aduriz.

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, ha dado positivo por coronavirus, ha anunciado este martes la Casa Blanca. Según dichas informaciones, ni el presidente Joe Biden ni la primera dama Jill Biden ha sido considerados “contactos estrechos” en los últimos días. Harris dio positivo en tests rápidos y en una PCR, aunque “no ha presentado síntomas”. 

Harris se aislará en su residencia, pero seguirá trabajando a distancia y solo volverá a la Casa Blanca cuando dé negativo en las pruebas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa de Unidas Podemos en la que se censura el pasado “esclavista” de España y se insta a honrar a las víctimas del comercio de personas y a que este episodio se estudie en las escuelas. El texto, impulsado por En Comú y pactado con el PSOE, ha salido adelante con el voto en contra de Vox y la abstención del PP y Ciudadanos. 

La proposición no de ley ha salido adelante en la Comisión de Política Territorial, donde el diputado de En Comú Joan Mena ha citado varios textos que señalan a nuestro país como la cuarta potencia esclavista del mundo, una actividad que arrancó durante el reinado de Carlos I quien en 1518 autorizó el transporte 4.000 cautivos africanos a las posesiones castellanas en el Nuevo Mundo.

Por Europa Press.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado al juez del caso mascarillas que investigue a fondo el patrimonio del empresario Alberto Luceño y también que le impute un nuevo delito: alzamiento de bienes. Los socialistas entienden que, como su socio Luis Medina, el empresario se intentó deshacer del botín cuando ya sabía que la Fiscalía Anticorrupción tenía una investigación abierta. 

Explica el PSOE en su escrito que Luceño no ha dado explicaciones “convincentes” sobre por qué apenas tiene 120.000 euros de los más de cinco millones que cobró en comisiones. En estos dos años ha comprado coches, ha comprado una casa y varios relojes e incluso ha movido este dinero después de declarar en Fiscalía en abril de 2021 “a pesar de la advertencia que en dicha diligencia se le hizo para que no procediera a ello”.

También solicita al juez Carretero que investigue si él o su empresa Takamaka tienen más bienes, muebles, inmuebles o cuentas a su nombre para completar la fianza de 5,5 millones que han solicitado para él.

Escribe Alberto Pozas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha opinado este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre los casos de espionaje a políticos independentistas. “Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad, y con el Gobierno, todos sus organismos públicos”, ha expresado. “A lo mejor no todos pueden decir lo mismo”.

Robles ha respondido así a las preguntas planteadas por los grupos independentistas en el Senado y ha criticado las “insinuaciones” de estos partidos que, según ha opinado, “no están basadas en ningún elemento de prueba”. Sobre el informe de Citizen Lab en referencia al uso de la herramienta Pegasus para espiar a los independentistas, la titular de Defensa ha preferido no opinar “sobre medios de comunicación” ni sobre “informes privados”. “Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación”, ha seguido Robles.

“Cuando se comete un hecho delictivo, hay procedimientos judiciales y son los jueces los únicos que pueden decir si se ha cometido o no un delito”, ha añadido Robles, quien ha espetado que “si tienen dudas” de las actuaciones del Estado y del CNI, “vayan a los Tribunales” con “todas las consecuencias”.

Pedro Sánchez ha asegurado que el “acuerdo político” alcanzado por España y Portugal con la UE para establecer un precio de referencia al gas que produce la electricidad durante doce meses es una “buena noticia”, pero ha advertido de que es “incompleto” si no cuenta con el plan de choque de respuesta a la guerra que aprobó el Gobierno y que este jueves se vota en el Congreso. También ha reconocido que es necesario reformar el sistema energético a nivel europeo, que es un asunto que se ha atragantado en Bruselas. 

“Al igual que este es un buen acuerdo que va a ayudar a pequeñas y medianas empresas, a las industrias y a los conciudadanos es imprescindible que el próximo jueves se convalide un decreto ley que es fundamental”, ha dicho el presidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado en la que ha vuelto a reclamar el apoyo al PP después de que el portavoz, Javier Maroto, haya dicho que no lo había hecho.

“A día de hoy no sabemos qué va a hacer el Partido Popular, si va a apoyar o no va a apoyar el que rebajemos 20 céntimos de euro, por ejemplo, el litro de gasolina o de gasoil. No sabemos si van a apoyar ustedes el que aumentemos a 2.000.000 los hogares protegidos por el bono social eléctrico. No sabemos a día de hoy si ustedes van a apoyar una rebaja del 60% de los impuestos de la factura de la luz”, le ha reprochado Sánchez a Maroto antes de zanjar: “Va siendo horade que ustedes aterricen y se comprometan con el bienestar y con la protección social de nuestros conciudadanos”. 

El portavoz del PP había afeado al presidente que no pretenda tener en cuenta ninguna de las medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo y que ha resumido en una deflactación del IRPF para que los ciudadanos no asuman de su bolsillo la parte del IVA del que se beneficia el Estado gracias a la inflación. “Si quiere nuestro voto o lo necesita, pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola propuesta del PP no es ni serio ni responsable. No es ni serio para nosotros ni responsable para los españoles que están esperando que el Gobierno muestre un poquito de alma y acierte de una vez en economía. No reducir los impuestos no es ni serio ni razonable”, le ha dicho el senador vasco. 

Sánchez le ha respondido que durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy se subieron los impuestos 50 veces y ha enumerado algunos casos como el IVA, el IBI, las tasas universitarias o el impuesto al sol. “El colmo de la pirueta, señorías, es que ustedes suben impuestos cuando gobiernan y recortan el Estado del bienestar. Ahora, eso sí, aprueban amnistías fiscales para que aquellos que están en su partido puedan blanquear el dinero”, ha espetado el socialista. 

Informa Irene Castro.

Margaritis Schinas, griego, miembro del partido gobernante Nueva Democracia (miembro del PP europeo), vicepresidente de la Comisión Europea para el Estilo de Vida Europeo tuvo el privilegio de elegir en qué acto participar en la Convención del PP organizada a finales del pasado año por Pablo Casado. Y eligió el acto de Santiago de Compostela, un diálogo con el presidente de la Xunta y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aquella charla de finales de septiembre pasado concluyó con el anunció de Feijóo de que harían entrega a Schinas del carné del PP gallego.

Varios meses después de aquello, y después de que se haya constituido en Castilla y León el primer gobierno de coalición entre PP y Vox, Schinas ha recibido este martes a Vox para hablar de migración.  

“Hoy con Jorge Buxade, Hermann Tertsch e Ignacio Garriga. Siempre disponible para debatir sobre inmigración, tema muy complejo que no se presta a análisis simplistas. Nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa. Avanzaremos con decisiones y no con titulares”, ha tuiteado Schinas, intentando desmarcarse de alguna manera de aquellos que salen en la foto con él.

El partido de extrema derecha ha presentado este martes en la Comisión Europea su propuesta sobre “barrios seguros”, lanzada por su formación en Catalunya, donde es minoritaria, en la que se culpa a “las fronteras abiertas”, el “islamismo europeo” y la “inmigración ilegal” de una “delincuencia sin precedentes”. Mientras, el Ejecutivo comunitario lleva siete años sin recibir a ningún gobernante catalán.

Escribe Andrés Gil.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, califica como “una mala noticia para la democracia” los cambios previstos para que las formaciones independentistas puedan tener acceso a la Comisión de Secretos Oficiales.

Tras un acto en Santiago, el líder del PP ha asegurado que al Gobierno le preocupa más su estabilidad parlamentaria que la seguridad del Estado. El político conservador ha asegurado que “si esto es así, si el Gobierno va a compartir con los partidos que combaten la unidad de España los secretos y la información de Estado simplemente para que el Gobierno precario mantenga su precariedad, comprenderá que es una pésima noticia para la democracia española”.

Escribe Gonzalo Cortizo.

A pesar de que la Generalitat redobla la presión y amenaza con reducir “al mínimo” la relación con el Gobierno, en Moncloa sostienen que están “muy tranquilos” por el caso del espionaje que afecta a unas 60 personas vinculadas con el independentismo. “Desde el Gobierno tenemos la conciencia muy tranquila, todo lo que hemos hecho ha sido de conformidad con la ley”, ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Aunque el Ejecutivo se ha visto obligado a anunciar un “control interno” en el CNI, Bolaños ha asegurado que se hace “a petición propia” de los servicios de inteligencia para “esclarecer los hechos, tener la absoluta garantía de lo que ha ocurrido y que todas las actuaciones han sido conforme a derecho”.

En el Gobierno se muestran convencidos de que tendrán los apoyos para convalidar el plan de choque de respuesta a la guerra, a pesar de que el PP no ha desvelado sus cartas y de que ERC y EH Bildu –que son fundamentales si los de Alberto Núñez Feijóo votan en contra– amagan con no respaldarlo por el escándalo de Pegasus. “Es un real decreto que mejora la vida de los ciudadanos. Hago un llamamiento a todas las fuerzas para que no perjudiquen a la ciudadanía”, ha dicho Bolaños en referencia al paquete que incluye medidas como la bonificación a los carburantes o la reducción de los impuestos a la luz, que dejarían de estar vigentes si el Congreso tumba la convalidación.

Escribe Irene Castro.

ERC y EH Bildu amenazan con tumbar el decreto de medidas frente a la guerra por el espionaje

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reunió este lunes con Esteban González Pons (PP), según ha confirmado él mismo en un corrillo a los periodistas en Moncloa, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata del primer contacto de Gobierno y PP para retomar la negociación del Poder Judicial.

Este lunes, el Gobierno comunicó la designación de Bolaños y de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como interlocutores en materia de Justicia y asuntos económicos, respectivamente. En la nota, Moncloa recordaba que los dos se pondrían “próximamente” en contacto con las personas designadas por el PP para la interlocución.

Lo cuenta Irene Castro.

La ministra portavoz del Gobierno ha manifestado este martes que la propuesta económica de Feijóo “recuerda a un tiempo pasado”. “Son fórmulas que ya conocimos y que dieron un resultado negativo en forma de recortes de las pensiones, más desempleo o recortes en el Estado de bienestar”, ha expresado Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, la ministra ha dicho que el Gobierno estudiará el documento “con interés”, pero, ha remarcado, antes esperan “la respuesta que se merecen esos once acuerdos que el presidente propuso al señor Feijóo”.

Sobre la posición del PP en la convalidación o no del decreto de medidas para la crisis tras la guerra de Ucrania, Rodríguez ha expresado que “se trata de decir sí o no”, a lo que ha añadido que “esperan” que el partido líder de la oposición diga que sí. “Es un plan de respuesta para los hogares en tanto y cuanto se mantienen rebajas fiscales. Es un decreto que viene bien a España. Es un decreto que España necesita”. 

Lo cuenta Irene Castro.

El PP no quiere desvelar el sentido de su voto ante la convalidación del real decreto ley de medidas por los efectos de la guerra de Ucrania, que se abordará este jueves en el Congreso, y aumenta la presión sobre el Gobierno para que asuma sus recetas económicas como contrapartida a su hipotético apoyo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el voto de la formación depende de que el Ejecutivo asuma alguna de las medidas trasladadas por su partido el pasado viernes por la tarde y que incluyen una bajada masiva de impuestos que ha recibido el rechazo tanto del CNI como de la Comisión Europea. En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha señalado que el PP está “esperando a que el Gobierno se ponga en contacto” con ellos, que su requisito es que se incorpore alguna medida, sin señalar cuáles serían más importantes. “La manera en la que se materialice nos da igual”, ha dicho. “Estamos abiertos a cualquier sentido del voto”, ha señalado.

La convalidación del real decreto ley pende de un hilo por las reticencias de ERC, Junts o Bildu a apoyarlo si el Gobierno no ofrece explicaciones sobre el espionaje del CNI a decenas de políticos y activistas. Entre otras, el texto regula la bonificación del precio del combustible.

Informa Aitor Riveiro.

Los portavoces de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País y Compromís han leído este martes un comunicado conjunto en el Congreso de los Diputados mostrando su “denuncia y absoluto rechazo a la práctica del espionaje político en cuanto supone una vulneración flagrante de derechos humanos fundamentales reconocidos, tanto en el ámbito español como internacional, del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la participación política”.

Por ello, han exigido al Gobierno “que actúe de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como judicialmente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación”. “Pedimos al conjunto de los grupos parlamentarios del congreso y especialmente al Grupo Socialista, que permitan la creación de una comisión de investigación que avance en el esclarecimiento sobre este caso, que rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad frente a la gravedad de lo conocido hasta ahora”, han añadido.

Además, han reclamado a la Mesa del Congreso de los Diputados y a su Presidenta, Meritxell Batet, “que tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara”. “Desde el momento en el que sabemos que se ha espiado a cinco diputados, algunos de ellos portavoces de sus fuerzas políticas, podemos afirmar que la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados sino a todas las personas que tengan contacto con éstas”, han zanjado.

Finalmente, los grupos han realizado un llamamiento “a todas las fuerzas políticas democráticas, así como a los agentes sociales y sindicales y a la ciudadanía en su conjunto, a denunciar enérgicamente este escándalo y exigir su investigación y aclaración como única forma de salvaguardar los derechos y libertades básicas”. Y se han comprometido “a tomar todas cuantas acciones sean necesarias para llegar hasta el final en la investigación de este caso y sus consecuencias”.

Lo cuenta Iñigo Aduriz.

El Govern acuerda “restringir al mínimo” las relaciones con el Gobierno hasta que aclare los casos de espionaje

La defensa de Luis Medina ha presentado este martes un escrito ante el juzgado número 47, que lleva la instrucción del 'caso mascarillas', en el que solicita que deje sin efecto la imputación del comisionista por un presunto delito de alzamiento de bienes, al considerar que el auto “contiene un defecto de forma que ha causado una flagrante indefensión” a su representado, al carecer de “falta total de motivación”.

Medina ha sido imputado por un posible delito de alzamiento de bienes ante la sospecha de que ocultó el millón de euros que cobró en comisiones por la venta al Ayuntamiento de Madrid de material sanitario de mala calidad en lo peor de la pandemia para evadir un posible embargo. Precisamente, cuando el juez instructor trató de retener sus bienes, solo encontró en sus cuentas algo menos de 250 euros.

Sin embargo, su abogada considera que el auto de imputación por este delito no está suficientemente motivado porque su representado había dispuesto de las cantidades obtenidas antes de la notificación de ese embargo, de fecha 8 y 11 de abril de 2022. Además, indica que el importe de los bonos de los que dispuso, por valor de 400.000 euros, se han “destinado a los gastos de su vida cotidiana”.

La abogada señala también que en este caso “no hay perjuicio de acreedores” y “no existe” situación de insolvencia porque el hijo del difunto duque de Feria va a recibir una herencia de su abuela que “excede con creces el importe embargado”. En otro auto, remitido este mismo martes, ofrece estos derechos hereditarios para cubrir la cantidad de 891.427 euros de fianza impuestos a Medina.

Además, la defensa de Medina indica que tuvo conocimiento de varios documentos de la causa por los medios de comunicación y no a través de las notificaciones oficiales, algo que, a su juicio, considera una “intolerable filtración de actuaciones judiciales”, por lo que pide que se deduzca testimonio por un posible delito de revelación de secretos a todas aquellas personas que tuvieran acceso a ellos.

Escribe David Noriega.

VÍDEO | Luis Medina se presenta ante el juez como un “broker” de pollo y carne de cerdo

La ministra portavoz del Gobierno ha dicho que “es mucho más cómodo convocar elecciones que hacer Presupuestos”, en referencia a la convocatoria electoral de Andalucía, que ayer se anunció para el 19 de junio. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha recordado que “desde el primer momento” hay que “reprobar y reprochar” la entrada de la extrema derecha en los gobiernos porque sus posicionamientos “van en dirección contraria a los grandes proyectos de convivencia y a lo que significa el estado constitucional”. “Ahora en las urnas hay que trabajar con la ciudadanía para que no puedan alcanzar esos resultados, donde la derecha se apoya en la extrema derecha”.

En ese punto, Rodríguez ha comparado lo que sucede en España respecto a lo que pasa en otros países europeos, “donde los partidos de derechas hacen un cordón sanitario a esas formaciones de la extrema derecha”. La ministra portavoz, no obstante, ha remarcado su “máximo respeto” al presidente de la Junta de Andalucía y ha destacado la importancia de la región para el conjunto de España.

Lo cuenta Irene Castro.

Banco Santander ha descartado este martes que el impacto económico se traduzca en una mayor restricción del crédito por parte de la banca. El Banco de España había previsto recientemente un riesgo de menor financiación tanto para hipotecas como a empresas o el consumo. “La evolución dependerá de la demanda”, ha señalado José Antonio Álvarez, consejero delegado del banco. “Se han recortado las previsiones de crecimiento de la economía, pero el ritmo sigue siendo importante ”, ha añadido por el posible impacto del conflicto bélico y la inflación.

Banco Santander ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de 2.543 millones de euros, un 58% más que en el mismo periodo del año pasado. En España el beneficio fue de 365 millones, un 21% más.

Informa Diego Larrouy.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha denunciado este martes que la Casa Real no se puso en contacto con su grupo para comunicarle la publicación del patrimonio del rey, hecho público el lunes, mientras sí llamó a grupos como PSOE, PP y Vox.

“Según lo publicado en los medios de comunicación, la Casa Real habría contactado con el grupo parlamentario de Vox y no con el de Unidas Podemos (esto segundo lo confirmo) para informar del Real Decreto maquillaje. ¿Se entiende o hace falta dibujar un croquis?”, se ha preguntado Echenique en un tuit.

Escribe Iñigo Aduriz.

El rey declara por primera vez su patrimonio y lo cifra en más de 2,5 millones de euros

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la reforma para aumentar la transparencia de la Casa Real. Comparece la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha asegurado este martes que “independientemente” de las amenazas de ERC y EH Bildu su grupo confía “con convalidar” el real decreto ley que recoge las medidas para hacer frente a la guerra el próximo jueves, en el Pleno de la Cámara Baja.

“Son 16.000 millones de euros para tres meses, orientados al tejido productivo y a la población vulnerable, lo que es suficiente para apoyarlo”, ha considerado Gómez, que ha insistido que las contenidas en el decreto “son medidas de máximo interés para la ciudadanía”. El portavoz socialista ha aclarado, no obstante, que su grupo se encuentra en contacto con otros grupos parlamentarios para lograr el apoyo al citado decreto.

Escribe Iñigo Aduriz.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha definido a Carlos Martínez-Almeida, el familiar del alcalde de Madrid que supuestamente medió entre el Ayuntamiento y los comisionistas, como “pieza clave para que se haya podido producir el saqueo” del caso de las mascarillas. Lo ha dicho en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, en la que ha recordado que han pedido su comparecencia en calidad de investigado. “Empezamos a atisbar un posible delito de tráfico de influencias”, ha expresado.

Jacinto ha recordado que los madrileños son “los últimos perjudicados” por el caso en el que Luceño y Medina se llevaron seis millones de euros. “El responsable político último es el alcalde de Madrid, porque bajo su mandato se ha podido producir este saqueo”, ha dicho la portavoz adjunta madrileña de Unidas Podemos, que ha añadido que “de momento el error político es evidente” y que las responsabilidades penales se verán en los próximos meses.

Podemos pide imputar al primo del alcalde Almeida y que explique su contacto con los comisionistas