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El juez del caso mascarillas no puede embargar a Luis Medina porque solo tiene 250 euros en la cuenta

Luis Medina.

Alberto Pozas

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El embargo de los bienes de los comisionistas de las mascarillas se complica. El juzgado 47 ha pedido a la Fiscalía y las acusaciones que propongan nuevas medidas económicas de embargo para Luis Medina Abascal después de comprobar que no conserva los bonos bancarios que compró con sus comisiones, y que en su cuenta bancaria hay menos de 250 euros en este momento. La documentación que ha remitido el banco demuestra que, incluso, Luis Medina tiene un descubierto de más de 6.000 euros en una de sus cuentas y que vendió los bonos que compró a lo largo de 2021, es decir, con la investigación de Anticorrupción ya en marcha.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez instructor explica a las partes que, después de embargar los bienes de los dos comisionistas, se ha encontrado con esta situación y pide a las partes que propongan nuevas medidas para “el aseguramiento de responsabilidades civiles”. Es decir, para poder hacer frente a una hipotética condena económica por este caso.

Según la denuncia de Anticorrupción, Luis Medina Abascal invirtió su millón de dólares en dos cosas: un yate que puso a nombre de una sociedad gibraltareña y al que bautizó como “Feria”, su ducado familiar, y dos bonos bancarios. Según el juez esos dos bonos ya no están en su poder y en sus cuentas bancarias sólo hay 247 euros.

El juez, que ayer aceptó como acusación particular al Ayuntamiento de Madrid y como acusaciones populares a Podemos y PSOE, a la espera de la personación de Más Madrid, imputó a Luis Medina y su socio Alberto Luceño y ordenó el embargo de sus bienes, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción después de querellarse. Los investigadores sospechan que, entre ambos, cobraron seis millones de dólares en comisiones salidas de tres contratos de material sanitario adjudicado a una empresa malaya en las últimas semanas de marzo de 2020.

También sospechan que blanquearon este dinero a través de la compra masiva de bienes de lujo: un yate y varios bonos bancarios por parte de Medina y coches de lujo, relojes de lujo y una casa por parte de Luceño. El magistrado puso en marcha el embargo para que, en caso de ser llevados a juicio y condenados en un futuro, el pago de sus responsabilidades económicas millonarias estuviera asegurado.

En números rojos

La documentación que el banco ha enviado al juzgado 47 sobre las cuentas de Luis Medina revela que no sólo tiene una cuenta con 247 euros. También tiene otras dos cuentas bancarias en números rojos, una de ellas con un descubierto de más de 6.000 euros en negativo. También revela cómo el hijo del fallecido duque de Feria se deshizo de los dos bonos que compró en abril de 2020 a razón de 200.000 euros cada uno.

Uno de estos bonos fue vendido completamente en agosto de 2020, es decir unos pocos meses después de cobrar las comisiones y de su adquisición. El otro, sin embargo, fue vendido en más capítulos y a lo largo de más tiempo. La última venta, de hecho, está documentada en agosto de 2021, para cuando la Fiscalía Anticorrupción ya llevaba casi un año investigando la compraventa de material sanitario en la que él y su compañero Alberto Luceño habían intervenido. Por el momento no ha trascendido en qué momento supo Medina que estaba siendo investigado por la Fiscalía.

El primo del alcalde

La investigación arrancó la semana pasada después de que el juzgado 47 de la capital admitiese a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción después de más de un año de investigación, tal y como reveló elDiario.es. Una querella que no sólo apuntaba a los dos comisionistas por tres delitos distintos: también reflejaba que Luis Medina llegó al consistorio tras contactar con un familiar de José Luis Martínez-Almeida, con el que según Anticorrupción mantenía una “relación de amistad”.

El regidor ha reconocido este contacto pero ha rechazado que mantuvieran una relación de amistad. Según su versión, Medina Abascal contactó con su primo a través de una conocida que ambos tenían en común y rápidamente, desde el consistorio, se le remitió al correo electrónico donde centralizaban las compras. Según el alcalde, por tanto, la gestión pasó momentáneamente por manos de su primo sin pasar por él mismo.

El juez investiga a los dos comisionistas por tres delitos: estafa, falsedad documental y blanqueo. Investiga, por tanto, si además de estafar al ayuntamiento con sobreprecios desmesurados para esconder sus comisiones falsificaron documentos para intentar camuflar el botín y si blanquearon una parte para introducir el dinero en el circuito legal.

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