El voto en contra de Vox y dos ausencias evitan que Baleares lleve los Presupuestos de Sánchez al Constitucional

La presidenta del Govern, Francina Armengol, durante un pleno.

En pleno proceso de remodelación del Govern balear y con la controversia suscitada a raíz de la vacunación fuera de plazo de varios altos cargos socialistas aún coleando, la bronca política se ha reavivado este martes a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Uno de los socios del actual pacto de gobierno, Més, ponía estas semanas contra las cuerdas al PSIB-PSOE al promover sin su apoyo un recurso contra las cuentas del Gobierno con el objetivo de que el Tribunal Constitucional reconociese el "maltrato histórico" del archipiélago en inversiones estatales.

La formación ecosoberanista se había procurado los apoyos suficientes para ello. Sin embargo, la ausencia a última hora de dos diputados y el voto en contra de Vox han provocado que la propuesta no haya salido adelante.

El Parlament autonómico ha tumbado así la propuesta impulsada por Més per Mallorca, Més per Menorca y el partido regionalista Proposta per les Illes (El PI) -de la oposición- y ha puesto coto a las divergencias que la iniciativa había desatado entre los socios de gobierno. A pesar de haber recabado durante los últimos días el respaldo de PP y Ciudadanos para alcanzar la mayoría de votos necesarios para sacar adelante el documento, hasta 27 sufragios en contra de PSIB, Podemos y Vox han echado finalmente por tierra las pretensiones de sus impulsores. El debate de la propuesta, sin embargo, no ha estado exento de cruces de acusaciones sobre "alianzas imposibles" y ha puesto al descubierto, de nuevo, las luces y sombras de uno de los principales caballos de batalla abiertos en las últimas décadas entre las islas y el Estado.

Los autores de la iniciativa se refugiaban en uno de los preceptos de la Constitución a la hora de dar cuerpo a su impugnación: es en el artículo 138.1 del texto donde radica el punto de partida de un largo camino hacia el reconocimiento de la insularidad como elemento clave a la hora de establecer un justo equilibrio económico entre los distintos territorios. En Baleares, tanto la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983 como su modificación en 2007 inciden en la necesidad de proteger el hecho insular y avalan, en línea de lo propugnado por la Carta Magna, el desarrollo de medidas tendentes a eliminar las descompensaciones generadas.

No en vano, la aprobación en 1998 del Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB) marcó un importante punto de inflexión en esta batalla con el despliegue de una batería de medidas económicas y fiscales dirigidas a corregir tales desequilibrios, si bien fue con la puesta en marcha de un nuevo REIB en 2019 cuando se contempló, además, el Factor de Insularidad, un instrumento financiero que establece una dotación anual para las islas vía Presupuestos Generales con el objetivo de que el archipiélago pueda ver incrementadas las inversiones estatales en sus infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, en las becas de investigación y formación y en la mejora de sus zonas turísticas.

Desde Més y El PI lamentan, sin embargo, que la inversión pública prevista en las cuentas de 2021 en el archipiélago, cifrada en 175 euros por habitante, se sitúa muy por debajo de los 257 a los que se eleva la inversión media contemplada para las demás comunidades autónomas. "Mientras, en Murcia sería de 418 euros o en Castilla y León, de 353", citan a modo de ejemplo.

"Las liquidaciones del sistema de financiación autonómica demuestran que Baleares es la segunda comunidad que más aporta al sistema y la décima en cuanto a recursos recibidos", inciden. Y, lejos de considerarlo un hecho puntual, subrayan que se trata de una "discriminación estructural": "La desigualdad que sufren las islas de forma sistemática por los Presupuestos Generales del Estado es evidente y palmaria. Una realidad que ha sido constatada por multitud de estudios", recalca al respecto el portavoz adjunto de El Pi en el Parlament, Josep Melià. 

Desde que las formaciones anunciasen su intención de recurrir los Presupuestos vía parlamentaria, el PSIB-PSOE se ha opuesto en todo momento a la iniciativa. Su portavoz adjunta en la cámara balear, Silvia Cano, subraya que la propuesta es "una equivocación, una irresponsabilidad y una estrategia de oportunismo político que sólo busca titulares y hacer ruido". Unas acusaciones que han alcanzado su punto álgido durante el debate. Durante la sesión plenaria, Cano calificaba la propuesta de "pedrada mal fundamentada a nivel político y económico" por parte de formaciones para las que "todo vale para desgastar al Gobierno, hasta el punto de establecer extrañas alianzas ideológicas" y enarbolar el "Madrid nos mata propio de la retórica nacionalista".

También Podemos, socio externo en el Ejecutivo de Francina Armengol, ha recriminado con dureza el documento. Pese a reconocer que la insularidad es "un hecho distintivo muy malo de entender por el Gobierno", motivo por el cual requiere de una dotación especifica, la diputada Antònia Vicens ha puesto de manifiesto el parecer de su grupo, que no comparte "el instrumento elegido, los compañeros de viaje" para materializarlo y el intento de querer combatir el contenido de los actuales Presupuestos, teniendo presente, sobre todo, el marco de la actual pandemia. "¿Qué supondría que se declarasen inconstitucionales los Presupuestos en medio de una pandemia? ¿Cómo pretenden que esta fórmula genere confianza a nivel europeo?".

"Vox salvó a Sánchez con el Decreto de fondos europeos y hoy salvará a Armengol y a Sánchez contra los intereses de Baleares", ha proferido, por su parte, el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, tras conocer que la formación de extrema derecha se posicionaría en contra. La réplica de Vox se ha centrado en calificar la propuesta de MÉS de "operación de lavado de cara de quien pasea a Otegi como un héroe de paz, ensucia las fachadas con lazos amarillos y considera que en España hay presos políticos. Un fuego de artificio de consumo interno para contentar a sus bases".

Tras el debate de este martes, tanto El PI como Més tienen previsto volver a presentar su iniciativa en los próximos días, en esta ocasión con el PP y con Ciudadanos incluidos en ella. "Sabemos que tenemos la mayoría de votos necesarios para sacarla adelante", ha señalado Melià a elDiario.es, al recordar que la ausencia de los dos diputados de PP y Cs se ha debido a motivos de salud en el caso del primero y al fallecimiento de un familiar en el caso del segundo. La presencia de ambos en una nueva votación garantizaría el éxito de la propuesta.

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16 de febrero de 2021 - 21:11 h

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