La Audiencia de Sevilla condena al presidente del Grupo Morera y Vallejo por defraudar 6 millones en ayudas públicas

La Audiencia de Sevilla ha condenado al empresario Antonio Morera Vallejo por un delito de fraude de subvenciones, tras defraudar más de seis millones de euros en ayudas públicas al Ministerio de Industria. El presidente y fundador del Grupo Morera & Vallejo obtuvo una subvención de 6.150.000 euros en 2013 para construir un proyecto agroindustrial en Cádiz que nunca se llegó a materializar, según consta en la sentencia firme, a la que ha tenido acceso este periódico.

El empresario reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que se celebrase el juicio, previsto para el 29 de enero de 2025. Además de tener que indemnizar al Gobierno con más de 6,6 millones de euros (correspondientes al reintegro total del préstamo más los intereses acumulados), la sentencia de conformidad condena a Morera Vallejo a tres meses de prisión (sustituidos por una sanción económica de 1.800 euros); inhabilitación a sufragio pasivo; multa de 1.230.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de nueve meses.

El presidente del holding Morera y Vallejo, natural de Chucena (Huelva), se enfrentaba a una “pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe defraudado”, según reza el artículo 308 del Código Penal sobre fraude de ayudas públicas, que ha evitado admitiendo el delito e indemnizando al Estado en los términos acordados. Este periódico se ha puesto en contacto con el empresario, que ha rehusado valorar la sentencia condenatoria.

Antonio Morera Vallejo preside una multinacional andaluza que aglutina en su estructura una veintena de empresas vinculadas a diferentes sectores, destacando el de los seguros. Además, está presente en el área inmobiliaria, de consultoría, inversiones financieras, energías renovables, agroalimentaria, medio ambiente, gestión patrimonial, ocio y deporte y comunicación. El Grupo Morera y Vallejo cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 347 millones de euros, con un crecimiento global del 33%.

Hechos probados

La sentencia, fechada el pasado 29 de enero, considera probado que el empresario sevillano, como administrador de la sociedad beneficiaria y solicitante de la subvención pública, “destinó el importe de la ayuda en forma de préstamo a fines distintos a los establecidos en la resolución de concesión”, en perjuicio de la Administración del Estado.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concedió en noviembre de 2013 a una de las empresas de Morera y Vallejo (hoy denominada MAGNUM DINING, S.L.) un préstamo por importe de 6.150.000 euros para llevar a cabo el proyecto “Complejo Agroindustrial y de Desarrollo Científico Tecnológico de Alimentos Cocinados con Destino a la Exportación,” que se pretendía desarrollar en El Puerto de Santa María (Cádiz). La cantidad que la empresa se comprometía a invertir para la ejecución del complejo agroindustrial ascendía a 9.465.000 euros.

El Gobierno abonó el préstamo un mes después, con el requisito de que se ejecutara el proyecto en un plazo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. Terminado el plazo de ejecución, el Ministerio de Industria inició la fase de justificación técnico-económica de las inversiones.

Sin embargo, tras varios requerimientos de justificación en 2015 y 2016, el Ministerio constató que la entidad beneficiaria “no destinó importe alguno a la realización del proyecto financiado”, toda vez que la documentación presentada por la empresa de Morera Vallejo “resultó de todo punto insuficiente para acreditar que el préstamo concedido se había invertido en el proyecto”.

Según recoge la sentencia, la entidad no aportó ninguno de los justificantes de pago de las facturas presentadas, cuyo importe, además, era “muy inferior” al comprometido, y correspondía a “conceptos no financiables o a pagos no justificados”.

Pago de la deuda antes del juicio

Dada la falta de documentación y que la sociedad tampoco accedió a que se llevara a cabo una visita a sus instalaciones para comprobar el estado del proyecto y las inversiones realizadas, el Ministerio emitió un informe que exigía la devolución íntegra de la ayuda, al no haberse acreditado el destino del dinero.

Con fecha de 26 de enero de 2017, la administración dictó resolución de reintegro total por incumplimiento, exigiendo la devolución al Tesoro Público de 6.150.000 euros por el principal del préstamo, además de 826.774,83 euros por los intereses de demora y 23.214,80 euros por los intereses financieros, lo que elevó la cifra total a casi siete millones de euros (en concreto, 6.999.989,63 euros).

En diciembre de ese mismo año, el Estado logró recuperar 1,23 millones mediante una garantía (seguro de caución) incautada. Descontada la garantía, el importe de la deuda pendiente de reintegro se fijó en 6.678.652,13 euros.

El presidente del Grupo Morera y Vallejo ingresó esa cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado un día antes del juicio, previsto para el 29 de enero de 2025, a fin de reparar el daño causado y de evitar el litigio judicial por el perjuicio ocasionado a la administración del Estado.