El lado oscuro

En una escena de la película La Amenaza Fantasma, la primera de la saga Star Wars por orden cronológico, el maestro Yoda advierte el miedo en su aprendiz Anakin Skywalker y le advierte: “El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento”. Le señala así el camino hacia el lado oscuro que el joven ya ha empezado a transitar aún sin darse cuenta. Y cómo las emociones negativas, originadas en el miedo, pueden llevar a la oscuridad y la destrucción.

Desgraciadamente, hace ya años que una parte de nuestros representantes públicos hace política en este país desde el miedo. El miedo a las mujeres, el miedo a los homosexuales; el miedo, sobre todo, a los inmigrantes. Bueno, no. Especifico. El miedo a los inmigrantes pobres, que los ricos no tienen nunca problema en ningún sitio.

Ese miedo que algunos políticos extienden entre las capas más desfavorecidas de la población, familias de clase trabajadora empobrecida, población joven que no ve claro su futuro, incluso inmigrantes que llegaron antes, sólo tiene un objetivo. Preservar los privilegios de los poderosos. Y liberar al Estado de su obligación de atender las necesidades de todos los residentes en este país. Es así de sencillo. O así de sencillo lo veo yo, claro.

Ese miedo se extiende como una epidemia, ayudado por los medios de comunicación, por los bulos en redes sociales, y rápidamente sigue el proceso que describe Yoda: alimenta la ira, se convierte en odio y genera sufrimiento. Sufrimiento en quien lo siente pero, especialmente, en quien sufre las consecuencias. Siempre los más desfavorecidos, los más vulnerables.

Es ese miedo el que utilizan los fascistas, los neonazis de Vox para desarrollar su actividad política. Víctimas de ese miedo son sus votantes. Me niego a pensar que hay tantos miles de convecinos, algunos familiares y amigos, capaces de odiar tanto y albergar tan malos sentimientos hacia su prójimo, ese prójimo del que hablan las sagradas escrituras de sus religiones. Víctimas de ese miedo son también los gobiernos del PP que dependen de sus votos para poder seguir gobernando y, cada vez con menos vergüenza o incomodidad, se pliegan a los deseos de los totalitarios para poder mantenerse en el poder.

El pacto presupuestario para 2026 firmado en la ciudad de Sevilla entre el gobierno municipal de José Luis Sanz y los fascistas de Vox responde a la perfección a ese modelo. A cambio de poder aprobar las cuentas anuales para seguir gobernando, el PP cede a varias peticiones ultras. Entre ellas, la que más claramente está definida por el odio al extranjero pobre, por el miedo al que es distinto, es la de controlar el padrón “para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales”, según declaró la portavoz de la formación fascista, Cristina Peláez.

Se trata de una iniciativa inaplicable y sin efecto alguno, si no ilegal, pero que refleja bien a las claras el miedo del Gobierno municipal a quedarse sin apoyo de Vox, el odio que rige la acción política de la formación fascista y el sufrimiento de los más desfavorecidos, los marginados, los vulnerables, los inmigrantes pobres, de cuyo bienestar no se preocupa nadie, ni siquiera en Navidad

Probablemente, no deje de ser más que un brindis al sol, un guiño ideológico al electorado de Vox, a pesar de que el alcalde Sanz diga que el acuerdo suscrito “se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico y se acerca a los problemas de los barrios”. Lo cierto es que la ley que regula el padrón municipal es de ámbito nacional y permite el empadronamiento a cualquier persona, independientemente de su situación legal en el país, siempre y cuando la residencia que se registre sea real.

La legislación reconoce que toda persona que viva realmente en un domicilio tiene derecho a estar empadronada, incluso si su situación administrativa en España no está regularizada. El padrón refleja la residencia efectiva, no el estatus legal.

Aunque no disponga de NIE ni tarjeta de residencia, un inmigrante puede empadronarse con su pasaporte en vigor y un documento que acredite su residencia, como un contrato de alquiler o una autorización firmada por el titular de la vivienda que corrobore que reside en el inmueble de manera habitual.

Además de facilitar el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, el empadronamiento es una prueba clave para iniciar trámites de regularización por arraigo social, que requiere demostrar varios años de permanencia continuada en España. Y esto es así en toda España, en todos sus pueblos y ciudades, y para todos los padrones municipales, gobierne quien gobierne cada ayuntamiento.

Encima, la medida, por inaplicable que resulte, puede tener un efecto disuasorio para el empadronamiento de muchos residentes justo en un momento en el que el Ayuntamiento está fomentando el crecimiento de la población registrada en la ciudad para poder recuperar la posición como cuarta ciudad más poblada de España, que desde hace unos meses es Zaragoza. Imagino que es que lo que se pretende es que se empadrone gente de bien, y no pobres inmigrantes africanos, asiáticos o americanos. Como si en un contexto de natalidad decreciente, los nuevos vecinos vayan a llegar de forma milagrosa por Navidad, de la mano de Papa Noel o los Reyes Magos.

La conclusión es que se trata de una iniciativa inaplicable y sin efecto alguno, si no ilegal, pero que refleja bien a las claras el miedo del Gobierno municipal a quedarse sin apoyo de Vox, el odio que rige la acción política de la formación fascista y el sufrimiento de los más desfavorecidos, los marginados, los vulnerables, los inmigrantes pobres, de cuyo bienestar no se preocupa nadie, ni siquiera en Navidad.