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El Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida sobre igualdad un mes después de la huelga feminista

El 8M fue un golpe en la mesa multitudinario que, por el momento, no se ha traducido en iniciativas políticas más allá de las que ya estaban acordadas

Esta semana el Ejecutivo ha presentado el proyecto de presupuestos, que no blinda la financiación a las comunidades y ayuntamientos para poner en marcha el pacto de estado contra la violencia machista

"La sociedad reclama hacer algo, una política ambiciosa, no esto", explica la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas

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Cabecera de la manifestación feminista de Madrid / Olmo Calvo

Cabecera de la manifestación feminista de Madrid / Olmo Calvo

Se pusieron el lazo morado después de afirmar que la huelga feminista era "elitista, insolidaria e irresponsable". Mariano Rajoy y otros miembros del Gobierno lucieron este distintivo  el pasado 8M en un acto del Partido Popular en Valencia, donde el presidente se comprometió a "seguir trabajando por la igualdad real". Hacía algunos días que se había hecho público el argumentario popular contrario a la convocatoria de huelga,  pero el éxito de la protesta pilló al Ejecutivo con el pie cambiado.

El 9 de marzo el PP se vio obligado a cambiar su discurso y Andrea Levy llegó a decir que  "el feminismo forma parte de los valores fundamentales de nuestra democracia". Un mes después de la celebración de la huelga, que reunió en la calle a miles de mujeres, el Gobierno no ha puesto en marcha iniciativas que no estuvieran ya pactadas antes del 8M. Eso con unos Presupuestos Generales de por medio –cuyo proyecto presentó el pasado martes–  que condenan a su aprobación la financiación del pacto de Estado contra la violencia machista.

Justo esta semana  decenas de ayuntamientos se han reunido para exigir al Ejecutivo la puesta en marcha del pacto, que fue aprobado en septiembre, pero que aún no cuenta con financiación. "Los PGE nos han dejado en una situación de mucha incertidumbre", rgumenta Marta Cruells, jefa de gabinete de la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. 

Y es que el proyecto de presupuestos ha generado confusión  porque consigna el dinero para los consistorios y las autonomías al sistema de financiación autonómica, no como transferencias directas, tal y como especificaba el documento del pacto. Por otro lado, los presupuestos, que sí incluyen un incremento de dinero para algunas medidas ya pactadas, deben todavía aprobarse.

Ante este escenario, el PSOE ha pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que dé explicaciones porque, a su juicio, "ha usado la violencia de género como estrategia electoral". Por su parte, Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha pedido la reprobación de la dirigente: "Es absolutamente irresponsable, porque estamos hablando de vidas que dependen de esos cambios legislativos". En lo que va de año han sido asesinadas siete mujeres por parte de sus parejas o exparejas.

Sin contundencia con la brecha salarial

En los PGE el Gobierno ha incluido una medida clave para la política de igualdad: la ampliación del permiso de paternidad. Se trata, sin embargo, de una ampliación de solo una semana (pasará por tanto a ser de 5 semanas, si se aprueban las cuentas) y a la que ya se había comprometido en septiembre, cuando el PP llegó a un pacto con Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos.

Para la oposición así como para las asociaciones feministas se trata, además, de una ampliación insuficiente: la reivindicación gira entorno a la equiparación e intransferibilidad de los permisos, es decir, que duren lo mismo para padres y madres y que sean permisos individuales que no puedan cederse de un progenitor a otro.

"La sociedad reclama hacer algo, una política ambiciosa, no esto", explica la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, que cree que el Gobierno sigue en el mismo punto en el que estaba antes del 8M. "No creen en esto", apunta. 

En el caso del diálogo social, el ámbito en el que el Ejecutivo habla con sindicatos y patronal, ha habido una novedad: el pasado 19 de marzo, once días después de la huelga feminista, el Ministerio de Empleo planteó 24 medidas para luchar contra la brecha salarial. Se trata, sin embargo, de un tema que ya estaba en la mesa de negociación y sobre el que el Ejecutivo debía hacer una propuesta. Antoñanzas, sin embargo, sí cree que el éxito de la huelga ha hecho que el Gobierno acelere su interés por sacar adelante estas medidas contra la brecha salarial. 

Entre ellas está, por ejemplo, la inclusión de criterios no sexistas en las categorías profesionales, regular el concepto de trabajo de igual valor o mejorar el derecho de los comités de empresa a recibir información salarial por sexo. Antoñanzas señala que se trata de un texto "insuficiente": "Abogamos desde hace mucho tiempo por una Ley de Igualdad Salarial, no queremos parches". 

En el resto de políticas, dice, tampoco hay grandes cambios. De hecho, hay retrocesos. En el último Plan Anual de Política de Empleo, asegura, la partida para mejorar la inserción laboral de las mujeres ha bajado.

Las violaciones siguen sin ser violencia machista 

Tampoco ha puesto en marcha el Ejecutivo ningún plan específico sobre violencia sexual, una de las reivindicaciones más contundentes del movimiento feminista. A pesar de que el pacto de Estado reconoce que las agresiones sexuales son violencia machista,  Amnistía Internacional lamenta que este tipo de violencia "siga siendo invisible y no prioritaria" en las políticas públicas en España y llama la atención sobre la falta de campañas institucionales de prevención.

Además, los colectivos feministas demandan que la violencia más allá de la pareja o expareja –que es el único marco que reconoce la Ley Integral contra la Violencia de Género– también sea considerada violencia machista. Pero el Gobierno no ha movido ficha en este sentido. 

Por otro lado, las políticas sobre dependencia y las destinadas a cubrir por la escuela pública la educación de 0 a tres años son iniciativas que también emanan del 8M, que quiere poner en el centro los cuidados, de los que se encargan mayoritariamente las mujeres. Sin embargo,  la realidad de las cuidadoras de personas con dependencia está atravesada por el abandono y la falta de ayudas. La Ley de Dependencia ha sufrido recortes en los últimos años y las organizaciones denuncian que las prestaciones no son suficientes. De hecho, el proyecto de PGE presentado el pasado martes ha añadido 46 millones al presupuesto. Justo lo que dejó de gastar el año pasado. A día de hoy la lista de espera suma 300.000 personas, que tienen derecho a recibir ayudas, pero no las están percibiendo.

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