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El debate de la regulación del cannabis en España se estanca en el Congreso

Podemos quiere retomar la regulación integral del cannabis, que actualmente tiene dos iniciativas parlamentarias en el Congreso totalmente paradas

Uruguay, Canadá, muchos estados de EE UU y otros países como Alemania, Portugal o Israel ya han legalizado el consumo de marihuana en distintos grados

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En EEUU y México se incauta casi el 70 por ciento del cannabis del mundo

EFE

Mientras el mundo avanza en la regulación del cannabis en diferentes formas, España mira. Mira cómo en países como la rica Canadá o el no tan boyante Uruguay han legalizado su consumo lúdico, cómo varios estados de EE UU y naciones como Portugal, Israel o Alemania permiten su consumo con fines terapéuticos, pero aquí, entre los países europeos que más consumen, el debate agoniza a la espera de su turno en una subcomisión del Congreso que no existe.

Podemos se ha propuesto poner el asunto sobre la mesa y, aprovechando el tirón de la reciente legalización en Canadá y quizá que justo ahora es época de recolecta de marihuana, este jueves ha metido el cannabis en el Congreso. No literalmente, pero durante unas horas en las pantallas de Sala Ernest Lluch de la Cámara Baja se pudo ver la hoja de la marihuana durante unas jornadas en las que se habló de legalización, industria, consumo, cannabis terapeútico, narcotráfico, desarrollo rural, etc. 

"De lo que estamos discutiendo no es si esto hay que regularlo o no, sino quién va a ser el siguiente país en hacerlo", afirmó durante su intervención el secretario general, Pablo Iglesias. "Creo que España como país tiene que ser el primero [en Europa], tenemos que convertirnos en referencia y aprovechar una oportunidad que puede dar grandes beneficios al país". Habla Iglesias de la regulación integral, no solo con fines terapéuticos.

Dos propuestas, dos negativas

Si nos atenemos a la situación del debate en España, puede ponerse cómodo Iglesias. Cierto es que hay dos propuestas en el Congreso, una del propio Podemos para una regulación integral, otra de Ciudadanos para legalizar el uso terapéutico. Igual de cierto es que ambas duermen el sueño de los justos. La de Ciudadanos espera su turno para ser abordada. La de Podemos fue vetada, según el partido morado, alegando que ya existía la de Ciudadanos. Y hasta hoy.

Cuando se pregunta a los partidos, sin embargo, ninguno se muestra abiertamente en contra de la regulación al menos de su uso medicinal. Pero, más allá de las referidas propuestas de Podemos y C's, ninguno ha hecho tampoco nada por ello.

La ley española es ambigua respecto al cannabis, aunque la última modificación que se hizo (en la Ley Mordaza) fue hacia la represión. Actualmente la posesión y consumo en la vía pública está prohibida. También, por supuesto, la compra-venta. El cultivo casero y el consumo en la casa propia está permitido siempre que se mantenga dentro de los límites, nunca fijados en gramos, del uso personal. Pero si plantas una planta, que no se vea desde la calle: el Gobierno de Rajoy lo prohibió con multas recogidas en la citada Ley de Seguridad Ciudadana.

Iglesias aspira a que España siga los pasos de países como Canadá o Uruguay, aunque los modelos de estas naciones difieran bastante. En el país sudamericano, el primero en aprobar una regulación total del cannabis, los potenciales consumidores deben darse de alta en un registro estatal, que les otorga permiso para acudir a una de las farmacias que lo dispensan y adquirir su dosis semanal de un producto controlado por el Gobierno.

En Canadá el modelo ha aprendido de la experiencia de EE UU, según ha explicado Michael Collins, asesor del Gobierno de EE UU, durante la jornada de Podemos en el Congreso. El país está entre los principales productores del mundo y ha realizado una legislación en la que serán empresas privadas las que planten y vendan el cannabis. Los entresijos de la ley difieren mucho por provincias, pero básicamente cualquier mayor de 18 ó 19 años podrá adquirir cannabis.

La calle, a su ritmo

Mientras, la calle se mueve a su propio ritmo. Por un lado, España es el país europeo, junto a la República Checa, donde más cannabis se consume (el 9,5% de la población afirmó haberlo hecho en el último año). Por otro, crece la aceptación social de la droga, sobre todo entre los jóvenes: seis de cada diez menores de 34 años defienden una regulación controlada, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

En paralelo, en los últimos años han proliferado por todo el estado clubes sociales de fumadores de cannabis (con carácter recreativo en su inmensa mayoría) donde los consumidores se agrupan y adquieren la marihuana o el hachís de manera conjunta para intentar esquivar la ley. Cada vez son más, hasta un millar por toda España, según las asociaciones que los agrupan, que abogan por un modelo centrado en el consumidor, en el que es necesario ser socio y donde prima la información y la seguridad en el consumo.

El problema que se están encontrando estos espacios es que operan en un vacío legal y están a expensas de que el Gobierno regional de turno permita su existencia o no (no son secretos). La línea roja suele ser que tengan un número controlado de socios, un genérico no molestar a los vecinos ni llamar la atención y que no pueda entrar cualquiera a adquirir cannabis, señalan desde los clubes.

Pero no solo la calle va por vía distinta de la Adminstración. Las empresas privadas también están viendo un futuro filón ("no es cuestión de sí o no, sino de cuándo") y se posicionan para el día que se abra el mercado. En España actualmente hay hasta 20.000 hectáreas para el cultivo de marihuana aprobadas por el Ejecutivo en medio de un gran oscurantismo. Entre los últimos empresarios en ver el negocio está el magnate Juan Abelló, poseedor de una de estas licencias para la producción y venta de cannabis a través de la empresa Alcaliber.

Contra estas cuestiones alertó el jueves Iglesias. "El segundo debate es a quién va a beneficiar la regulación del cannabis. ¿Queremos que sirva para beneficiar a grandes multinacionales o es una oportunidad de crear una industria pública? Creo que es evidente las ventajas de una regulación del cannabis por parte del sector público y como sector público", añadió.

Al hilo de esto, la Universidad de Barcelona ha realizado un estudio en el que asegura que, de legalizarse el consumo, las arcas públicas ingresarían unos 3.312 millones de euros al año. Como propina, se reduciría el mercado negro de la marihuana al 15% del que hay en la actualidad, según la UB.

Sin embargo, para el sector civil en torno al mundo cannábico esta aproximación es un error. "Se podrían utilizar más argumentos, como la libertad de los individuos, la importancia del cannabis medicinal o hablar de prevención de riesgos", valoró en su momento Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), de la asociación de ayuda a enfermos Dos Emociones y consumidora terapéutica.

En términos parecidos se expresan desde las asociaciones que agrupan a los clubes sociales de fumadores. "No nos parece correcto poner una sustancia al servicio del mercado sin más. Hay que aprender de los errores cometidos con otras sustancias como el alcohol o el tabaco para no estar arrepintiéndonos en diez años", opinaba Eric Asensio, secretario general de CatFac, la federación de asociaciones cannábicas de Catalunya.

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