Ana Redondo: “El servicio de las pulseras de control de maltratadores debería ser público”

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta estos días la polémica generada alrededor del funcionamiento de las pulseras de control telemático de maltratadores, el sistema Cometa. Redondo admite incidencias, pero insiste en que el servicio siempre ha funcionado razonablemente bien. La ministra subraya que, desde que se produjo el cambio de empresa adjudicataria, su departamento ha trabajado codo con codo con las empresas para estar al tanto de los problemas que surgían y buscar soluciones.

¿Ha fallado el sistema Cometa de vigilancia telemática de maltratadores?

El sistema ha funcionado razonablemente bien en todo momento, las mujeres han estado protegidas. Hemos pasado de proteger a 1.800 mujeres en 2018 a más de 4.500 en 2025. Afortunadamente, y por el trabajo riguroso de todo el sistema, ninguna de las mujeres con dispositivo han sido asesinadas. Eso hay que valorarlo, hay que trasladar la convicción de que el sistema funciona. Ha habido, desde luego, disfunciones técnicas que hemos resuelto, y ahora mismo todo el sistema funciona correctamente.

El sistema ha funcionado razonablemente bien en todo momento, las mujeres han estado protegidas. Ha habido disfunciones técnicas que se resolvieron convenientemente el año pasado, y ahora mismo todo el sistema funciona correctamente

Por un lado, la Fiscalía incluyó en su última memoria que hubo un fallo en el trasvase de datos entre la empresa adjudicataria saliente, Telefónica, y las nuevas adjudicatarias, Vodafone y Securitas. Ese fallo hizo que se perdiera temporalmente la información sobre las posiciones de los maltratadores anterior a marzo de 2024. ¿Qué pasó exactamente y cuándo tuvo el Ministerio de Igualdad conocimiento de este fallo?

Desde 2009, que es cuando se pone en funcionamiento el sistema Cometa, hay una única empresa que ha estado al frente de los dispositivos, Telefónica. En 2024 se produce una transición a una nueva empresa, que es la única que concurre al pliego de condiciones del servicio: una UTE de Vodafone con Securitas, que comienza a asumir el servicio. Hay una transición para que toda la migración de datos se produzca correctamente. Esa transición ha sido compleja y no se han transmitido los datos con la fluidez y la agilidad que nos hubiera gustado. Es posible que en esa transmisión haya habido, puntualmente, situaciones en las que no se hayan podido ofrecer los datos de triangulación o de geolocalización en tiempo y forma en los procedimientos por quebrantamiento de condena.

Esos datos no son la única forma de prueba que tiene el juez para valorar si efectivamente ha habido un quebrantamiento. Junto con los datos de geolocalización hay, y seguramente ha habido en esos procesos, el atestado policial o las testificales de las propias trabajadoras de Cometa. Es decir, que hay otra serie de elementos de prueba que pesan en el ánimo del juez a la hora de establecer una absolución en casos, como digo, no de maltrato, sino de quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Hemos solicitado la información de cuántas son las sentencias absolutorias en estos casos tan concretos y no hemos conseguido que la Fiscalía ni el Consejo General del Poder Judicial nos los ofrezcan. Creo sinceramente que van a ser casos puntuales y que incluso puede que no exista ninguno. Otra cuestión que es importante es que muchas veces esos sobreseimientos son temporales, a la espera de que puedan facilitarse esos datos de geolocalización. En cuanto se han tenido esos datos, lógicamente se han ofrecido al juzgado, con lo cual han podido valorarlo a la hora de las sentencias.

En 2024 se produce una transición del servicio a una nueva empresa. Esa transición ha sido compleja y no se han transmitido los datos con la fluidez y la agilidad que nos hubiera gustado. Pero esos datos no son la única forma de prueba que tiene el juez para valorar si efectivamente ha habido un quebrantamiento de la orden de alejamiento

Entonces, a día de hoy, ¿no hay cifras sobre cuántos casos por quebrantamiento de condena no tuvieron en tiempo y forma esos datos de localización?

Se lo hemos pedido, como digo, a la Fiscalía. La Fiscalía tuvo que rectificar y lo hizo públicamente, dándose cuenta de que habían generado una alarma absolutamente innecesaria y que no se sostenía en datos reales. Hemos solicitado al Consejo General del Poder Judicial cuántas han sido las sentencias absolutorias y no hemos recibido respuesta. Es más, nos dicen que es muy difícil tenerlos porque lógicamente hay mujeres que llevan la pulsera, pero la inmensa mayoría no la lleva. Y pueden ser, por supuesto, también protagonistas de esas órdenes de alejamiento.

¿Cuándo tienen conocimiento de este fallo?, ¿cuándo les informa la empresa de que esto ha sucedido y cómo y cuándo se resuelve?

El contrato de la empresa nueva comienza en marzo del año 2024. Ahí empezamos a ver que había algunas dificultades en la migración de datos. Estuvimos en todo momento encima del dispositivo Cometa y todo el sistema TIC estuvo acompañando a la empresa para que no hubiera ningún fallo importante. Y a mediados de noviembre del año pasado entendimos que las incidencias estaban razonablemente ya corregidas.

A partir de ese fallo que la Fiscalía señala en la memoria, que luego matiza, se han hecho públicos otro tipo de incidencias que ha tenido Cometa: fallos de posición, alarmas injustificadas... Las trabajadoras cuentan que desde que empieza la nueva adjudicataria a prestar el servicio, ellas avisaron de que existía un aluvión de fallos. Es lo mismo que dice el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. ¿Cuándo tiene conocimiento el Ministerio de que existen estos fallos, más allá del trasvase de datos, y cuáles son esos fallos?

En todo momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja con el operativo que se está desarrollando y hemos estado trabajando codo con codo con la empresa. Hemos estado en todo momento insistiendo en que había que corregir, en que había que mejorar. Pero hay una cosa muy importante: la tecnología falla, en este servicio y en cualquier otro. Estamos hablando, además, de un momento en el que se pasa del 2G al 5G, por lo tanto, hay cuestiones tecnológicas que también están pivotando sobre esta herramienta. Lo que quiero trasladar es que cuando se produce una incidencia técnica, porque lamentablemente no hay tecnología que no falle nunca, hay protocolos de reacción inmediata. Por ejemplo, si la pulsera suena porque el agresor pasa por la calle, en un autobús o en un taxi, sin dolo de abordar a la víctima. La pulsera no discrimina si el agresor está cerca porque tiene una voluntad de hacer daño a la víctima o porque simplemente pasaba por allí. Igual si la batería se descarga o si un dispositivo se moja. El protocolo se activa y eso significa que la encargada de ese dispositivo va a llamar inmediatamente a la víctima, a la policía, y se avisa también al agresor. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas.

"Cuando se produce una incidencia técnica, porque lamentablemente no hay tecnología que no falle nunca, hay protocolos de reacción inmediata. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas

Las trabajadoras insisten en que esas incidencias que siempre han existido se multiplicaron con la llegada de la nueva empresa adjudicataria.

Ahora mismo esas incidencias son prácticamente inapreciables.

Tanto el Observatorio como las trabajadoras hablan de incidencias recientes, de este mismo año.

Las incidencias se han ido corrigiendo y a fecha de hoy el servicio funciona razonablemente bien.

¿Fueron las empresas transparentes desde el primer minuto?, ¿les contaron las empresas lo que estaba sucediendo?

En esa transición hubo problemas derivados también de la pugna empresarial. Sé que desde el operativo Cometa estuvieron muy encima e hicieron todo lo posible para mediar entre las empresas y que esa transición fuera lo más suave y lo más fácil posible.

En esa transición hubo problemas derivados también de la pugna empresarial. Sé que desde el operativo Cometa estuvieron muy encima e hicieron todo lo posible para mediar entre las empresas y que esa transición fuera lo más suave y lo más fácil posible

La plantilla ha contado que avisó a las empresas de que estaban sucediendo esas incidencias desde el primer momento, ¿las empresas trasladaron al Ministerio esta información?

La delegación del Gobierno ha trabajado con el dispositivo Cometa en todo momento. Es decir, no hemos abandonado a las empresas a su suerte. Hemos estado trabajando junto con ellas porque para nosotras la prioridad era salvar vidas y estar atentas a cualquier incidencia que se pudiera producir y que pusiera en riesgo a las mujeres. Por eso hemos estado trabajando sobre todas las incidencias que se iban produciendo. Ha habido reuniones mensuales y cuando se produjo el problema más importante había reuniones prácticamente semanales. No se ha producido ningún asesinato, eso es un bulo que se ha dicho, igual que si las pulseras eran de Aliexpress. Afortunadamente, las mujeres están protegidas y cada vez son más las protegidas. Se generan dudas que se sostienen sobre mucha falsedad, sobre mucho bulo. No digo que no haya habido incidencias, claro que las ha habido, pero las hemos ido corrigiendo y hemos ido mejorando en todo momento el sistema.

¿Ha empeorado el servicio con Vodafone y Securitas?

En la transición de una empresa a otra, sí que pasó por un momento delicado, tuvimos que reforzar con nuestros equipos del Ministerio todo el operativo para que cuanto antes se resolvieran las incidencias y cuanto antes pudiéramos restablecer el servicio con normalidad. Ahí nos hemos exprimido, se ha trabajado muchísimo con las trabajadoras del Ministerio, con las trabajadoras de las empresas, con las policías. Se ha trabajado con todo el mundo precisamente para que no hubiera ningún efecto realmente importante.

¿Cuál era ahí la labor del Ministerio?

Acompañar en todo momento, estar al tanto de las incidencias, abrir investigaciones sobre cada una de las incidencias, explicar por qué se habían producido y cuáles eran las soluciones, qué deberíamos hacer, ver cómo mejorar...

¿Por qué se cambian los dispositivos?, ¿por qué las pulseras que al parecer funcionaban bien se sustituyen por unos dispositivos nuevos?

Esos dispositivos no eran propiedad de la empresa ni del Ministerio, eran dispositivos alquilados. Ese alquiler en el nuevo contrato no parecía que fuera la mejor opción. Los dispositivos pasan a ser propiedad del Ministerio, con lo cual podemos comprar nuevos, podemos mejorarlos, podemos rechazar aquellos que funcionan defectuosamente... Ahí se ha mejorado. Los dispositivos anteriores eran uni-agresor; en la actualidad son multi agresor, es decir, que una misma víctima no tiene por qué llevar dos dispositivos si tiene dos agresores que pueden ponerla en peligro. El botón del pánico era otra de las mejoras. Quien redactó el pliego consideraba que estas eran mejores prestaciones para que el servicio fuera mejorando, que es de lo que se trata que un servicio que lleva desde 2009 funcionando ha ido mejorando en cada contrato.

En la transición de una empresa a otra, sí que pasó por un momento delicado, tuvimos que reforzar con nuestros equipos del ministerio todo el operativo para que cuanto antes se resolvieran las incidencias y cuanto antes pudiéramos restablecer el servicio con normalidad. Se ha trabajado con todo el mundo precisamente para que no hubiera ningún efecto realmente importante

¿Esos dispositivos son mejores que los anteriores?, ¿no es cierto que no son sumergibles o que se quitan con más facilidad?

Son dispositivos con una tecnología que no es perfecta porque no hay tecnología perfecta. Si yo digo que es resistente al agua, pero me sumerjo a siete metros haciendo submarinismo con la pulsera probablemente me vaya a dar un fallo. Estamos hablando de que son dispositivos que son mejores tecnológicamente, pero no son infalibles. En el momento en que encontrábamos alguna disfunción, cambiábamos el dispositivo. Eso lo permite el actual contrato, porque los dispositivos son propiedad del Ministerio y, por lo tanto, cuando detectamos un problema cambiamos el dispositivo en 24 horas. Es decir, que el sistema ha ido mejorando precisamente porque, entre otras cosas, los dispositivos ya son del Ministerio. Otra mejora es que la plataforma también es del Ministerio. Ya no depende de las empresas y creo que hay que ir hacia una asunción pública de este servicio. Eso es lo que nos gustaría, ir hacia una asunción de todo el servicio desde lo público. No ha sido así en el pasado. En este contrato tampoco lo es y probablemente en el siguiente avanzaremos en ese camino, en el camino de hacer público un servicio tan delicado y del que depende la vida de las mujeres.

Entonces, ¿el servicio actual idóneo?, ¿es adecuado?

Como digo, el servicio creo que debería ser público. Ahora mismo, el servicio está funcionando razonablemente, correctamente.

¿Ha pedido el Ministerio explicaciones a las empresas?

Es que hemos estado trabajando con ellas constantemente. Siempre que había una incidencia se les preguntaba, el trabajo ha sido constante. Ha habido reuniones mensuales y ha habido muchas reuniones semanales, pues en el momento en que encontrábamos una incidencia o nos preocupaba la situación o el cariz de algunas de las cuestiones, inmediatamente hablábamos para ver qué estaba pasando, cómo se podía resolver... Lo importante también es que los protocolos de seguridad han funcionado y se activan de forma inmediata cuando un dispositivo falla, cuando un dispositivo pita, eso las mujeres lo tienen que saber. Me parece indigno y ruin que se ponga en tela de juicio un servicio tan complejo que inmediatamente se llama a la víctima, inmediatamente se llama a la policía y también al agresor.

Valoraremos si efectivamente se han cumplido todas las cláusulas contractuales o si hay algunas que no se han cumplido y exigiremos, por supuesto, la reparación

¿Han incumplido algún punto del pliego de condiciones las empresas adjudicatarias con estas incidencias?

Lo valoraremos al final del contrato. Valoraremos si efectivamente se han cumplido todas las cláusulas contractuales o si hay algunas que no se han cumplido y exigiremos, por supuesto, la reparación.

¿En algún momento el Ministerio se ha planteado rescindir el contrato?

Hay que darse cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de proteger vidas de mujeres maltratadas, de mujeres vulnerables. Si yo denuncio el contrato en medio de esta situación, ¿dónde dejo el servicio? Para mí la prioridad es salvar vidas, la seguridad de las mujeres. Hemos trabajado con discreción porque se trata de asuntos muy delicados. Poner en tela de juicio un sistema tan delicado que salva vidas a diario me parece una irresponsabilidad. Y quien se quiera cargar este sistema tendrá que decir por qué. Yo, desde luego, voy a defenderlo porque ahí están los resultados. Ni una mujer asesinada con el dispositivo, ni una mujer asesinada. Y quiero que siga siendo así.

¿Su intención es, entonces, convertir en público este sistema?, ¿cómo?

Yo creo que se ha avanzado en esa forma de gestión pública. Se ha avanzado en cuanto a que los dispositivos ya pertenecen al el Ministerio. La plataforma de datos, que es lo que nos generó tantos problemas, ya es propiedad del Ministerio y vamos a avanzar en que esa colaboración público privada sea una colaboración cuanto más pública, mejor.

¿También el 016?

El 16 no ha tenido esos problemas. Hay que recordar que el PP, con Dolors Montserrat, quiso cargarse el sistema y lo infrafinanció. Se trata de reforzar todos los sistemas que son complementarios de apoyo a las víctimas. Y en eso vamos a seguir trabajando.

Entrevista Completa

Vídeo Lourdes Jiménez y Adrián Torrano