Un techo sin armarios: LGTBI mayores esperan una residencia especializada

Conocido por el apodo de “la gringa” en el barrio madrileño de Lavapiés, donde vive, el profesor de inglés David Clayton, de 65 años, superó un cáncer de próstata que podría haberle causado la muerte.

Con una salud cada vez más frágil, Clayton centra todas sus esperanzas en la futura residencia para ancianos de la Fundación 26 de Diciembre, entidad que trabaja en favor de los mayores de la comunidad LGTBI, y que tiene previsto abrir sus puertas en Madrid en 2020.

En enero de 2012 trabajaba en una universidad en Bratislava, capital de Eslovaquia, cuando se le diagnosticó la enfermedad. Fue operado y los médicos “salvaron mi vida”, cuenta este norteamericano de ascendencia irlandesa.

Sin embargo, le quedaron secuelas: su vejiga quedó prácticamente destruida y un tumor remanente le obliga a ir al médico periódicamente.

“Es cada vez más difícil para mí vestirme. Debo ponerme los pañales debido a la incontinencia, y ahora con espasmos en la espalda es más difícil. Pronto necesitaré el apoyo de una residencia. No sé cuándo se abrirá, pero ojalá 'soon'”, dice, mezclando inglés y español.

La primera residencia pública del mundo para ancianos especializada en el colectivo LGBTI debería haber abierto sus puertas en el 26 de diciembre del año pasado, pero tras problemas burocráticos y de financiación, la previsión se quedó para el año próximo, según los arquitectos que trabajan en la reforma del edificio, propiedad del Gobierno regional de Madrid y ubicado en el periférico barrio de Villaverde.

En principio, 62 personas podrán vivir en la primera iniciativa de este tipo del mundo. Además de Clayton, hay una lista de cerca de 20 ancianos interesados en compartir un techo sin armarios, según el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, Federico Armenteros.

Uno de ellos es el uruguayo Eduardo Levaggi Mendoza, de 62 años. Desahuciado dos veces por falta de pago, acabó perdiendo todos sus bienes.

“Mi salud financiera es una catástrofe”, cuenta. En la actualidad, recibe 380 euros mensuales del Gobierno español (430 dólares), gracias a una pensión no contributiva, y vive en un apartamento compartido con otro homosexual, con la compañía de dos animales domésticos.

Además de la fragilidad económica, Mendoza tiene un 65 % de discapacidad por haber perdido la visión de un ojo y tener insuficiencia respiratoria.

“Mis capacidades de ingresos y laboral están reducidas al mínimo”, resume. Sin “plan B”, ya manifestó a la Fundación 26 de Diciembre el deseo de vivir en la futura residencia LGTBI.

“Sería estar protegido en lo que tiene que ver con lo básico, que es la vivienda, la comida, y estar partícipe en un grupo de personas que tienen un interés común”, explica.

Igual que Mendoza, el cubano (también gay) Juan Carlos Aguilar encontró refugio en España. La diferencia entre ellos está en lo dramático de su motivación: fue expulsado de casa por su padre a los 16 años al salir del armario durante el gobierno de Fidel Castro, que durante décadas persiguió a este colectivo.

En Madrid trabajó durante más de tres décadas como gerente de ventas de una multinacional estadounidense y actualmente se dedica al voluntariado. “Pagaré por un servicio inclusivo”, asegura.

La motivación de Aguilar es compartida por la feminista y militante LGTBI española Rosa Araúzo, 74 años. “Entre estar en una residencia tradicional y otra donde estoy con mi gente, con quien yo he peleado, y tengo un entendimiento intelectual y emocional total, la elección es clara”, dijo ella, que es bisexual.

El punto de partida para los interesados en vivir en la futura residencia es manifestar interés a los servicios sociales de la Comunidad (regional) de Madrid.

Después de eso se confeccionará una lista de espera. Dos criterios serán aplicados para completar las 45 plazas públicas: alto grado de dependencia física o ser económicamente vulnerable.

Hasta 12 plazas pueden ser destinadas a personas próximas a la muerte, en la llamada área de paliativos, ubicada en el cuarto y último piso. Y, finalmente, aproximadamente otras cinco vacantes serán particulares para quienes puedan pagarlas.

Para Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, el proyecto de la residencia es como una reparación del Estado a un colectivo que fue marginado y reprimido durante casi cuatro décadas durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). “Es un proyecto social, una lucha de la propia sociedad”, defiende.

Según el diputado regional de la coalición izquierdista Unidas Podemos Eduardo Rubiño, el fenómeno de la soledad de las personas de este colectivo es distinto, ya que al no cumplir con el canon normativo de la familia hetero, se pierde un cierto tejido de protección.

Rubiño, a pesar de sus 27 años, también critica la “mercantilización de la causa LGTBI”, que dibuja un canon de juventud eterna, cuerpos modélicos, en una “constante fiesta”, e insiste: “esa no es la realidad de la mayoría del colectivo”.