Una carretera ilegal en zona protegida obliga a Madrid a poner dos millones para sortear una sanción de la UE
La autovía M-501, que atraviesa un área de la Red Natura 2000 de protección ambiental y fue declarada ilegal por los tribunales, obliga a gastar cerca de dos millones de euros en medidas paliativas para sortear una sanción de la Unión Europea a España.
La construcción de la autovía de los pantanos en el suroeste de la Comunidad de Madrid se saltó la ley porque el Gobierno responsable del proyecto, el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre, le otorgó el sello de “interés general” para no verse atado por la normativa ambiental.
A pesar de costar 44 millones de euros y, en palabras del expresidente Ignacio González, “mejorar muchísimo” las condiciones naturales de la zona, ha hecho falta más dinero público, un estudio de impactos y seis nuevos proyectos financiados por los presupuestos para intentar convencer a Bruselas de que se ha enmendado el error.
La suma económica de estos contratos, que se va a los 1,8 millones de euros, supone la factura a posteriori de una forma de hacer política medioambiental. Además, el Ejecutivo comunitario no se ha mostrado muy convencido ya que aún mantiene abierto un expediente sobre este asunto: “La Comisión sigue de cerca la ejecución del fallo del Tribunal Europeo”, ha explicado a eldiario.es esta institucióm. A finales de 2015 ya avisó por escrito de que la marcha del proceso no le satisfacía.
Las obras de duplicación de la carretera se adjudicaron a Corsan-Coviran en 2006. El contrato incorporaba 6,5 millones para medidas ambientales a los que se añadieron otros 6,4 para un Plan de Recuperación del entorno. El mismo Ignacio González afirmaba que “no existe una carretera en España que incorpore tantas medidas de protección del medio ambiente”. En 2008 comenzaron a pasar vehículos.
Sin embargo, en 2017 se ha constatado que el dinero no cumplió del todo su cometido: “Muchas de las restauraciones no han resultado efectivas o aparentemente no han sido ejecutadas correctamente”, reconoce la memoria de uno de los trabajos adjudicados ahora. Este documento especifica que el proyecto de construcción de la carretera incluía la recuperación vegetal “de todas y cada una de las nuevas superficies creadas y afectadas”.
La memoria justifica un nuevo proyecto adjudicado en marzo pasado y titulado “de integración paisajística”. El análisis da información de cómo se ejecutó –al menos parcialmente– el presupuesto ambiental del que presumía González hace una década. Sus 323.000 euros van destinados a que haya vegetación en las áreas alteradas por “la ejecución del acondicionamiento de la carretera o que presentan un alto porcentaje de marras respecto a lo indicado en el proyecto de construcción”. Las marras son las plantas que mueren tras su siembra.
La M-501 implicó el arrancamiento de no menos de 5.000 encinas. Entre las medidas que se pagaron con el plan ambiental se incluyó el trasplante de 1.500 de estos árboles, según el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid de la comparecencia del director general de Carreteras autonómico, José Trigueros, en enero de 2016. Murieron el 80%. Ahora se tiene que financiar otra vez “la recuperación de las zonas donde la restauración no ha tenido éxito, llevando a cabo las plantaciones de marras no repuestas en su momento”. Cuando muere el 20% de las plantas repobladas se considera que debe restablecerse la plantación.
Según se desprende del análisis de situación realizado por la constructora Acciona, buena parte de aquellos trabajos se hicieron y se abandonaron sin ponderar su éxito. Más de 1.500 hectáreas distribuidas en 39 zonas precisan restauración “o refuerzo de la vegetación implantada”, han escrito.
La vía a toda costa
La consigna que presidió el proyecto de la M-501 fue la construcción a toda costa. De ahí la vulneración de las leyes medioambientales. Un ejemplo ha sido la destrucción del hábitat de una especie protegida legalmente que ha visto diezmada su población: el topillo de Cabrera. Su declive ha obligado a licitar un programa para intentar recuperar su ecosistema.
Más allá de las simpatías o antipatías que despierte un roedor, esta especie está incluida en la directiva Habitats, por lo que está considerada de interés comunitario por la Unión Europea. Tiene calificación oficial de “vulnerable” y es exclusiva de la península Ibérica. Como admite el pliego de condiciones del contrato público para intentar recuperarla, “requiere una protección estricta”.
La mitad de las colonias descritas en el entorno de la autovía han desaparecido. No ha sido una sorpresa, ya que el CSIC advirtió de este problema durante las primeras fases del proyecto constructivo que esbozó el entonces presidente de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Pero la manera de gestionar de su sucesora Aguirre pasó por encima de estas normativas. “Ha sido la especie amenaza más afectada por el proyecto”, se reconoce en la actualidad.
El director general de Carreteras contestó en sede parlamentaria que, admitiendo que se hicieron cosas mal, la carretera desdoblada salva vidas al reducir accidentes: “No quiero poner en una balanza a unos y otros, pero creo que las dos cosas hay que hacerlas compatibles: que el topillo de Cabrera permanezca y que no haya muertos”.
Esta autovía –junto a su prolongación hasta la ciudad de Madrid– funciona con un peaje en la sombra. Las arcas públicas pagan a una concesionaria por el tráfico que pasa por allí. El peaje rondó los 17 millones de euros el año pasado. La empresa Ruta de los Pantanos S.A. (ahora al 100% de Glovalbia, controlada por tres fondos de pensiones internacionales) obtuvo 3,5 millones de euros de beneficio en 2015. Y reporta una intensidad de 37.484 vehículos diarios en 2014.
