Castells pide a los rectores que escuchen las quejas de los estudiantes respecto a los exámenes presenciales en la Universidad

Bronca a tres bandas en la Universidad. El enfrentamiento entre los estudiantes y las universidades por los exámenes del primer cuatrimestre –los alumnos quieren hacerlos a distancia, la mayoría de centros prefiere presencial– ha sumado un tercer actor, el ministro de Universidades, Manuel Castells, que publicó el miércoles un comunicado genérico recordando que su prioridad es “la salud”, sin mojarse sobre cómo deben realizarse las pruebas más allá de los criterios que establezcan las autoridades sanitarias de cada comunidad, y desató un intercambio de notas y reproches entre las tres partes.

El ministro ha tratado de calmar las aguas en la mañana de este jueves, después de que los rectores le acusaran ayer de “populismo” por hacerse eco de algunas quejas de estudiantes y decir que lo prioritario es la salud. Castells ha explicado que no piensa rectificar porque siguen pensando lo mismo y que se limitó a hacerse eco de las quejas de los estudiantes. “Hay una alarma social, muchos estudiantes están expresando y apoyando con imágenes que circulan en redes y medios la realización de actividades universitarias y en particular de exámenes sin respeto de la distancia y unas cuestiones que parecen no son las medidas sanitarias. No lo sabemos exactamente, habrá que investigarlo”, ha reiterado una y otra vez, a la vez que ha dudado de que todo se trate de “un gigantesco bulo en el que miles de estudiantes se han vuelto locos”.

También ha admitido el ministro que su margen e maniobra es exactamente igual a cero. Las universidades son soberanas para decidir cómo hacer sus exámenes, ha explicado, y él solo pide que “se escuche” a los estudiantes. “Creo que hay un malentendido, y lo único que digo es lo mismo que hace meses, y la CRUE supongo que está de acuerdo. No se puede ser indiferente al clamor de los estudiantes ante la agravación de la pandemia. No se puede mantener lo que se decía y se había previsto [hace meses] en la situación de extrema gravedad en la que nos encontramos”.

Todo empezó el miércoles por la tarde, con un tuit del Ministerio de Universidades. En él, el ministro Castells explicaba que “la prioridad del ministerio (...) es la salud”, y en relación a los exámenes añadía: “En caso de que no se puedan cumplir en la modalidad presencial, deberán celebrarse online”. El tuit del ministerio seguía por esa línea, insistiendo en su preocupación “por el posible peligro a la salud de estudiantes y docentes”, e instanado “a las autoridades académicas a que den prioridad a la salud de toda la comunidad, procediendo a enseñanzas y exámenes online siempre que no haya garantías según el juicio de las autoridades sanitarias”. Concluía Universidades pidiendo “a decanos y facultades”, soberanos a la hora de decidir sobre la docencia, “que sean sensibles a la preocupación de los estudiantes y sus familias”.

En su nota, el ministerio recordaba también que en septiembre el Gobierno transfirió 400 millones de euros a las universidades para que se adaptaran a la docencia online, por lo que “las universidades están preparadas (...) y si no lo hacen deben explicar por qué”. Además, reforzaba el ministerio su postura, no debería haber problema con realizar los exámenes a distancia porque así se hicieron el pasado mes de junio “sin que hubiera problemas sensibles de calidad académica, según las Agencias de Evaluación pertinentes”.

La CRUE se debió sentir aludida por el mensaje del ministerio, porque envió una nota poco después, casi a las diez de la noche, defendiendo que “las aulas son seguras”, que “los datos disponibles y objetivos muestran una incidencia significativamente por debajo del resto de la población” y lamentando “profundamente que ahora se cuestione vía Twitter desde otros ámbitos gubernamentales” esta circunstancia.

Los rectores defienden en su comunicado que “la presencialidad es el sello de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario” y que “el formato online debe ser el último recurso, aplicado solo cuando las circunstancias lo hagan inevitable”, obviando que en muchas universidades se decidió impartir la docencia a distancia para todo el curso desde el principio, independientemente de la evolución de la pandemia.

La CRUE está preocupada por la posibilidad del fraude académico que, sostiene, plantean los exámenes a distancia. Así lo explica en su nota: “La realización de exámenes telemáticos conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude. Con las pruebas presenciales lo único que se pretende es proteger a esa inmensa mayoría de estudiantes que afrontan su formación con honestidad, transparencia y responsabilidad”.

En el proceso de defender la integridad de la evaluación, los rectores consiguieron ofender a los estudiantes. Las dos principales asociaciones que los representan, CEUNE y la CREUP, han replicado a la CRUE esta mañana a través de otra nota, en la que cargan contra las universidades: “Siempre hemos defendido la máxima presencialidad posible, pero no a cualquier precio. En una situación como la actual, en el pico de la tercera ola, con unas cifras alarmantes de contagios de COVID y ante el incremento de restricciones y medidas, es inviable que las universidades continúen ajenas a la realidad que las rodea”, exponen, a la vez que las acusan de “incapacidad o falta de voluntad para adaptar la educación a la nueva era digital”.

Las acusaciones de fraude por parte de la CRUE tampoco han sentado bien al estudiantado por meterles a todos en el mismo saco. “En el comunicado emitido por la CRUE se asume que la calidad y el formato telemático son extremos incompatibles. Este falso dilema se está utilizando para argumentar el riesgo de plagio y copia entre los estudiantes, escondiendo el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación; mientras se divide a los estudiantes en 'honestos o deshonestos'”, lo que califican de “inaceptable”.