Consumo trabaja en un mecanismo extrajudicial para las reclamaciones a las aerolíneas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este lunes que su departamento trabaja en la creación de un mecanismo extrajudicial para resolver las reclamaciones a las aerolíneas, de carácter vinculante, ante la gran cantidad de quejas registradas por los consumidores.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, Garzón ha detallado que están en conversaciones con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para fomentar un mecanismo extrajudicial que resuelva estas reclamaciones.

Las aerolíneas tienen la obligación legal de devolver el dinero, ha recordado el titular de Consumo, que ha lamentado que no existe ningún mecanismo que obligue a estas empresas, de manera que el recorrido que tiene que hacer un consumidor en caso de que no haya una resolución rápida con la aerolínea es ir a los juzgados.

Es un procedimiento tan costoso que la mayor parte de la gente no lo recorre, de manera que las aerolíneas “se van de rositas”, ha lamentado.

“Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a jueces y buscar abogados para recibir la devolución de un billete a la que tienen derecho, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y dinero, cuestión que hace que la mayoría ni lo intente”, ha advertido.

Para resolverlo, Consumo ha planteado la creación de este mecanismo extrajudicial. “Las aerolíneas tienen que devolver ese dinero y este ministerio va a trabajar para garantizar la devolución de ese dinero porque estamos hablando de un contrato pagado, pero que no tiene la prestación del servicio”.

Garzón ha admitido su preocupación por la “gran cantidad” de reclamaciones pendientes que se han acumulado durante esta crisis sanitaria, especialmente en el ámbito del transporte, y ha señalado que, según datos de la AESA, hay unas 700.000 reclamaciones pendientes que pueden salir a la luz a partir del final del estado de alarma.

“Si esto se extiende a otros sectores, estamos hablando de millones de reclamaciones, una cantidad extraordinaria para la cual la administración pública y las comunidades autónomas no tienen capacidad ni recursos suficientes para tramitarlas de forma óptima”, ha reconocido.

El ministro de Consumo ha asegurado que está trabajando junto con las comunidades en una estrategia de desescalada que impulse el sistema arbitral de consumo para hacer frente a esta “avalancha” de reclamaciones, un mecanismo extrajudicial “que funciona muy bien” y que es vinculante aunque no es obligatorio que todas las empresas se adscriban a él.

Este sistema arbitral de consumo -ha indicado- funciona muy bien tanto para la resolución de problemas, como para evitar ese cuello de botella que se puede crear “ante una administración pública que no tiene los recursos suficientes”.