Los servicios sociales todavía arrastran los recortes de la crisis y solo han alcanzado una “débil recuperación” desde 2013
España está en un estado de “estancamiento de los servicios sociales” tras haber subido, en un año, solo 15 décimas en el índice sobre 10 que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales desarrolla cada año desde hace seis. Nuestro país se queda con un aprobado raspado en la materia, un 5,22.
Esa nota, que también califican de “débil recuperación” del Sistema, se saca de la media de todas las comunidades autónomas sobre varios aspectos concretos dentro de tres áreas del Sistema Público de Servicios Sociales: los derechos y la decisión política (por ejemplo, si hay o no leyes vigentes); la relevancia económica (como el porcentaje de gasto respecto al PIB); y la cobertura de servicios (plazas públicas en residencias, ratio de trabajadores o número de víctimas de violencia machista en casa de acogida). En 2014, España sacaba un 4,72.
Al ser puntuaciones autonómicas, el estancamiento se da “con mayor o menor intensidad” en cada territorio, según el informe. Las peor paradas son Madrid y Comunidad Valenciana, con una nota de 3,2. y 3,3 respectivamente. Las mejores, el País Vasco y Navarra, con 7,2 y 7,15. Como dato ejemplificador que destacan acerca de la desigualdad en España, “el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 €/año) que Murcia, con sólo 297 €/año”
Más allá de la nota, desde la Asociación de Directores y Gerentes critican la “deriva asistencialista” del sistema público, “como consecuencia de tener que asumir la gestión de muy diversas prestaciones relacionadas con las carencias económicas o materiales (...) que nos convierte en oficinas de cheking social para clasificar a los ciudadanos en función de los requisitos de cada procedimiento”.
Además, los Directores y Gerentes denuncian que son las comunidades autónomas y no la administración central la que sostiene al sistema: según la Ley de Dependencia debería ser 50/50. Esto solo se cumple en Baleares (que se sobrepasa, la región solo aporta el 36,5%), Canarias y Euskadi. En el resto, la aportación autonómica está por encima del 73,5% (en Cantabria es del 91,5%).
Desigualdad “acusada”, pero reduciéndose
El mal resultado de la Comunidad de Madrid responde sobre todo a su mal indicador en el apartado político, ya que no cuenta con una ley propia: en todo el apartado solo recibe un 0,15 por tener vigente el Plan Estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social 2016-2021. Tanto en Madrid como en Cantabria y
Extremadura habría “un modelo asistencialista más graciable que basado en derechos de la ciudadanía”. “En todas ellas el reto es aprobar Leyes que reconozcan derechos y Catálogos que los concreten, así como la planificación estratégica que ordene el sector. Sin estas referencias, el Sistema carecerá de una base jurídica en la que fundamentar su desarrollo que permita a los/as ciudadanos/as exigir sus derechos”, añaden.
Pero Madrid también recibe malas puntuaciones en otras áreas, como un 0 en el porcentaje de gasto en servicios sociales con respecto al PIB regional –por estar en más de un 30% por debajo de la media estatal–. También en su ratio de trabajadores en centros de servicios sociales por habitante, 8.354 según la propia Consejería, muy por encima de lo ideal, que sería igual o inferior a 2.000. Además, por ejemplo, el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
Solo una comunidad, Castilla y León, obtiene la máxima puntuación en cuanto al porcentaje de personas reconocidas con discapacidad pendientes de listas de espera, que se da con un porcentaje igual o inferior al 5% (y ahí es del 1,6%). Navarra también se sitúa por debajo del 10% de personas en listas de espera, pero el resto están por encima. Las peor paradas en este sentido, y como ya adelantó un informe específico a este respecto de la Asociación, son Catalunya, Andalucía, Canarias y La Rioja.
El buen resultado de Euskadi se explica entre otros motivos porque su presupuesto para servicios sociales está, al contrario que el de Madrid, muy por encima, más de un 25%, de la media estatal. Su porcentaje de gasto en el área con respecto al PIB regional está también en más del 40% por encima, y su ratio de trabajadores es positiva, 3.106.
Lo que apuntan, antes de todo, desde la Asociación, es que fue a principio de la legislatura (2015) que ahora finaliza “cuando se produjo la mejora del marco normativo y planificador (...) con la aprobación de nuevas leyes y catálogos, planes y mapas de cobertura”. En lo económico hay un “un ligero incremento sostenido desde 2014” porque, como ya habían constatado, fue en 2013 cuando, debido a los recortes, el Sistema Público tocó fondo. En consecuencia, a partir de 2015 “se aprecia igualmente una leve mejora continuada de la cobertura de prestaciones y servicios a la ciudadanía, que es, en definitiva, lo que expresa la implantación del Sistema”.
Insisten desde la Asociación en señalar la diversidad de la cobertura de servicios sociales según en qué parte de España se viva, “una extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados, que constituyen una violación de la igualdad consagrada en al art. 9.2 de la Constitución y que impele a los poderes públicos a actuar conforme al artículo 149.1”.
La desigualdad, no obstante, se va reduciendo paulatinamente aunque sigue siendo “acusada”: de los 2,07 puntos de desviación típica en 2013 a los 1,34 en 2018. En ello influye que “las dos Comunidades con menor desarrollo de sus servicios sociales, Canarias y Valencia, siguen avanzando, de manera que, aunque continúan mostrando un desarrollo débil, ya no es prácticamente inexistente como lo era anteriormente”.
