Igualdad, un ministerio entre los ataques ultras, la disputa interna y los avances legislativos

13 de enero de 2020. Carmen Calvo entregaba la cartera de Igualdad a Irene Montero. El PSOE cedía así uno de sus ministerios emblemáticos al partido con el que estrenaba un Gobierno de coalición, Unidas Podemos. “Este ministerio será un ministerio feminista y cargado de memoria”, decía Montero tras recoger la cartera y recordar, entre otras, a la socialista Bibiana Aído. El traspaso parecía cordial, un símbolo incluso del “relevo generacional” feminista, una expresión que utilizó la propia Calvo. La disputa, sin embargo, tardó poco en estallar: las leyes del Ministerio se convirtieron en motivo casi constante de controversia dentro del Gobierno. Igualdad pasó también a ser un blanco de ataques incesantes por parte de las derechas. Al mismo tiempo, el departamento de Montero se convertía en uno de los más prolíficos del Ejecutivo, con la aprobación de varias leyes y planes de calado.

Fue Bibiana Aído quien estrenó la cartera en 2008, aunque los recortes anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010 la degradaron a Secretaría de Estado. Aído, diana de críticas e insultos desde su llegada al Gobierno, capitaneó la reforma de la ley del aborto que hizo que España contara por primera vez con una norma de plazos y no de supuestos. La llegada del PP al poder hizo que Igualdad pasara a formar parte de ministerios más amplios, junto a las competencias de Sanidad y Servicios Sociales.

El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo algo parecido: la vicepresidenta Carmen Calvo asumió la cartera de Igualdad y, aunque la intención era elevar su importancia, el resto de competencias –Presidencia y Relaciones con las Cortes– y su interés por ser en la práctica la única representante del Ministerio hizo que su labor quedara desdibujada. Calvo se rodeó de reconocidas feministas, como Soledad Murillo como secretaria de Estado de Igualdad o Silvia Buabent como directora del Instituto de las Mujeres, pero el Ministerio dio poco juego a los cargos intermedios.

Con Irene Montero, el Ministerio recuperó las competencias exclusivas en Igualdad, algo que se repite ahora con la nueva titular de la cartera, Ana Redondo, una jurista bregada en la política local.

Montero llegó al Gobierno comprometiéndose a trabajar por una “nueva generación de derechos feministas”. Su primera apuesta: la ley de liberad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'. Lo que en principio no parecía plantear ningún problema –los dos socios de Gobierno habían registrado e incluido en sus programas propuestas muy similares– pasó a ser el primer frente de batalla interno. Algunas filtraciones hablaban de un borrador plagado de errores que los ministerios del PSOE habían tenido que subsanar. Fue la primera piedra de un relato que se ha mantenido durante la legislatura y que señalaba a Igualdad como un departamento incompetente.

Mientras la norma del 'sí es sí' seguía su trámite, llegó la segunda propuesta legislativa y también el segundo conflicto. Así estalló la pugna por la ley trans, que en algunos momentos pareció amenazar la propia continuidad de la coalición de Gobierno y que desató el disenso interno en el PSOE, pero también en el movimiento feminista. Aunque la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI cuenta con medidas para todo el colectivo, la autodeterminación de género, a la que muchas voces socialistas se oponían, captó todos los focos, centró la disputa política y social y abrió una brecha que aún no se ha cerrado.

El pulso

La entonces vicepresidenta, Carmen Calvo –contraria al cambio de sexo legal sin requisitos–, e Irene Montero protagonizaron duras negociaciones y reproches cruzados que duraron meses y fueron escalando en tensión. Tanta que incluso hubo voces del entorno de la ministra que llegaron a reclamarle cesiones y una búsqueda mayor del consenso ante la posibilidad de que la norma se quedara por el camino.

El PSOE llegó a difundir un argumentario que criticaba la autodeterminación de género afirmando que tendría efectos negativos para las mujeres, pero para Montero esta era una línea roja. Finalmente, y con la intervención del presidente mediante, la versión de Igualdad se impuso. Aunque no sin cesiones: el texto final de la norma vetó el cambio de sexo legal a los menores de 12 años y renunció a incorporar cualquier referencia a las personas no binarias, que sí estaban incluidas en el borrador del Ministerio.

En plena semana del Orgullo de 2021, la ley fue en primera vuelta aprobada en el Consejo de Ministros, y el Congreso le dio luz verde definitiva casi dos años después. Un paso celebrado ampliamente por el colectivo LGTBI y también por una parte del movimiento feminista, pero también muy criticado por otro sector contrario a la norma –y que ya desde el principio había mostrado su desacuerdo con la ministra– y que acabó convirtiéndose en otro de los grandes frentes del Ministerio.

La ley trans sumó a España al pequeño grupo de países que reconocen el cambio de sexo legal a las personas trans sin necesidad de declararse enfermas, pero también despliega una batería de medidas de protección LGTBI en todos los ámbitos, entre otras, la prohibición de las terapias de conversión, el impulso de planes en las empresas y protocolos sanitarios y educativos o el fin de la obligación del matrimonio para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos.

Aliados socialistas

En medio de la batalla, dos aliados: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la exministra de Igualdad Bibiana Aído. El primero, contundente, ha apoyado en varias ocasiones el trabajo de Montero y su equipo y defendió con convicción la ley trans. “Este Ministerio de Igualdad me gusta”, decía en un acto institucional por el Día del Orgullo. Aído, a la que Irene Montero ha nombrado en distintos momentos de la legislatura, rompía su silencio para apoyar a Montero.

Los ataques de las derechas tampoco tardaron en llegar desde el inicio del mandato. “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. “La ha fecundado un macho alfa”. “Tenemos a una ministra en el Gobierno por ser mujer de un vicepresidente”. “Basta ya de ministras infantiles e inmaduras”. Las frases se repetían con frecuencia en plenos, ruedas de prensa o comparecencias. Montero denunció “la violencia política” que ella y su departamento sufrían.

Los ataques personales y machistas por parte de la ultraderecha no han cesado y han mantenido a la ministra en un foco permanente que ha hecho vivir al equipo de Igualdad con la sensación de que la ofensiva contra ellas procedía casi desde cualquier lugar. A Montero la han acompañado en el ministerio Victoria Rosell como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones; o Boti G. Rodrigo, que ha coordinado la dirección de derechos LGTBI, un departamento específico creado desde el inicio de la legislatura que fue toda una declaración de intenciones.

De las bajas menstruales a las rebajas de condenas

Una vez aprobada la ley trans, lo peor parecía haber pasado. Igualdad había puesto en marcha otras normas y planes. Es el caso de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, que refuerza el derecho al aborto, regula las listas de objetores de conciencia e incluye por primera vez bajas médicas por reglas dolorosas y por interrupción voluntaria del embarazo, que también desataron pugna en el Ejecutivo. O del Plan Corresponsables, una política pública dirigida a que comunidades y ayuntamientos pongan en marcha servicios públicos para la conciliación.

El Ministerio había, además, pactado con el grupo socialista en el Congreso el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en un momento de auge de los discursos negacionistas. Durante esta legislatura, Igualdad puso en marcha medidas que han contribuido a que el 65,5% de las políticas del Pacto, aprobado en 2017, se hayan cumplido plenamente y que otro 29,3% estén en ello. Entre ellas está la prohibición del falso síndrome de alienación parental (SAP) o la ampliación del concepto de violencia machista más allá de la pareja o expareja. Los feminicidios de todo tipo, de hecho, han comenzado a contabilizarse en 2022, convirtiendo a España en el primer país de Europa en hacerlo.

En otoño de 2022, apenas dos meses después de que la ley del 'solo sí es sí' se aprobara definitivamente en el Congreso, algunos tribunales comenzaron a rebajar condenas de reos de delitos sexuales alegando que la nueva norma era más beneficiosa. Ahí comenzó una batalla judicial y política que, en esta ocasión, Irene Montero perdió. Igualdad defendió el diseño de su norma, cargó contra los jueces y no admitió error alguno. Aunque en términos generales la norma, de hecho, aumentaba las condenas, la fusión de los anteriores delitos de abuso y agresión sexual dio lugar a una horquilla penal mucho más amplia. Si bien ni Igualdad ni ninguno de los ministerios u organismos que revisaron la ley vio necesario incluir una disposición transitoria para evitar rebajas, la aplicación práctica de una parte de los jueces acortó condenas.

La alarma social, amplificada por las derechas, estaba servida. Pedro Sánchez dio instrucciones para abordar una reforma que aliviara el coste político y, aunque las dos partes del Ejecutivo negociaron durante semanas, el acuerdo fue imposible. Igualdad quería preservar a toda costa que una agresión sexual se definiera por la falta de consentimiento y no por la existencia de violencia e intimidación. Justicia planteaba como imprescindible un cambio que, sin recuperar la palabra abuso, sí retomaba la anterior graduación del delito en dos escalones: uno sin violencia e intimidación y uno en el que hubiera existido al menos uno de los dos elementos.

El PSOE pactó con el PP la reforma de la ley y la relación de Montero y de Unidas Podemos con el presidente empeoró considerablemente. El equipo de la ministra vio en el 'Se acabó' de este verano la confirmación de que su pedagogía sobre el consentimiento había, sin embargo, calado en la sociedad.

Lo sucedido con el 'sí es sí' funcionó como trasfondo de las luchas de poder entre Unidas Podemos y la nueva coalición de Sumar. El desgaste político de Irene Montero empeoró sus posibilidades de entrar en las listas para las elecciones generales, pero ese motivo se sumó a las tensiones internas y las disputas políticas que llevaban mucho tiempo fraguándose. Hasta el último minuto, Unidas Podemos ha reclamado el Ministerio de Igualdad del nuevo Ejecutivo para Irene Montero. Una reclamación perdida de antemano.

Hace solo unos días, Montero se despedía como ministra, entre aplausos de su equipo y de representantes de organizaciones sociales y feministas. “Cada vez que nos digan que el feminismo incomoda o que pone en riesgo los gobiernos progresistas les diremos que no hay gobiernos progresistas sin la lucha de las mujeres, no se conquista un Gobierno progresista sin la participación de las mujeres, especialmente de las feministas”, dijo.