Las acusaciones de machismo de Podemos a los jueces dividen al Gobierno y Yolanda Díaz llama a la prudencia

El Gobierno se ha llevado un duro varapalo con la revisión de algunas sentencias de abusos sexuales que, en base a una interpretación de la conocida como ley del 'solo sí es sí', han rebajado las condenas a pedófilos y violadores. Más allá del shock por esos pronunciamientos judiciales, que van en contra de la esencia que buscaba la coalición con la nueva legislación, las decisiones de los tribunales han provocado división en el seno del Ejecutivo sobre cómo afrontar el asunto y han generado también una nueva tensión por el enfrentamiento abierto de Podemos con los jueces. 

“Lo que está pasando aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley”, afirmó con rotundidad la ministra de Igualdad, Irene Montero, este miércoles tras ser preguntada por las sentencias que se están revisando a la baja, un escenario que ella misma había descartado que se fuera a producir con la nueva ley. “Los estereotipos y el machismo, pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia y estos mismos estereotipos pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”, argumentó la titular de Igualdad, que anunció un refuerzo de “la formación obligatoria a todo el personal que opera en la Justicia”. 

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, incidió en el cierre de filas con el texto legal aprobado por el Gobierno (y posteriormente refrendo en el Congreso por diez partidos, entre ellos los de la coalición) y arremetió también contra los jueces. “¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal”, dijo Rodríguez antes de hacer un llamamiento a los jueces: “Dice Naciones Unidas que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense”. 

Otros socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, coinciden con Igualdad en que “todas las interpretaciones en sede judicial, en general con honrosas excepciones, suelen ser contra la víctima cuando se trata de violencia de género”, denunció la diputada Pilar Vallugera en la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género. Valluguera recordó este miércoles, no obstante, que su grupo parlamentario ya avisó al Ministerio de Irene Montero de lo que acabaría ocurriendo. “Recogimos en las enmiendas lo que decían las mujeres juristas que advertían que podía ocurrir. Era un riesgo y ellas dijeron que podía pasar y nosotros lo recogimos en las enmiendas que no salieron. La respuesta que nos dieron [de Unidas Podemos] es que era imposible porque había jurisprudencia del Supremo que lo impedía. Pero ha pasado”, dijo en declaraciones a La Sexta. 

El vicepresidente del Govern balear, juez de profesión y miembro de Podemos Juan Pedro Yllanes, criticó abiertamente la postura de las dirigentes de su partido, que calificó de un “exceso verbal” opinando que no se trata de “jueces machistas sino de jueces profesionales”.

A la espera del “desarrollo” en los tribunales

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz, evitó este miércoles pronunciarse públicamente al respecto, aunque desde su equipo marcan distancias con la estrategia seguida por Podemos y aseguran que “toca ser prudentes”. Fuentes de su departamento apuntan a que “el objetivo y el espíritu de esta ley siempre ha estado claro”, y añaden que de ahora en adelante se tendrá que “analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres”. Un mensaje en línea con lo defendido por el presidente del Gobierno. 

“Tenemos que dejar trabajar a los tribunales y sobre todo a aquellos que unifican la doctrina y crean jurisprudencia”, había dicho antes Pedro Sánchez en una rueda de prensa en Bali (Indonesia) tras la cumbre del G-20: “Vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Confío en los tribunales y estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual”.

Sánchez rechazó, además, las palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que aseguró que “la justicia machista crea impunidad”. “El problema no es la ley”, aseveró la magistrada en excedencia, que aseguró que el Consejo General del Poder Judicial no realizó en su día advertencia alguna sobre la bajada de las penas mínimas, que son las que se están revisando ahora, sino que solamente lo hizo con las máximas.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha marcado distancias con Podemos y el Ministerio de Igualdad al reclamar “absoluto respeto a los jueces en su trabajo y su desempeño”. “Los jueces son los que tienen que interpretar las normas conforme a su espíritu y confío en que esto vaya a ser así”, ha dicho Rodríguez en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha hecho un llamamiento a la “prudencia” y ha recordado que hay “separación de poderes”. En todo caso, la socialista ha rechazado con un escueto “no” que este sea un nuevo conflicto en el seno de la coalición.

Esta reacción de varias figuras de Podemos e Igualdad contra los jueces ha motivado una reacción unánime de las principales organizaciones de la magistratura, independientemente de su tendencia ideológica. Desde la progresista Jueces y Juezas por la Democracia, donde figuraba Rosell, califican como “muy desafortunadas e inapropiadas” las declaraciones de Igualdad. En un comunicado, la asociación de magistrados señala que “la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales”, tal y como ya advirtió, recuerda, el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe preceptivo que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica. También la Unión Progresista de Fiscales se ha revuelto contra las “descalificaciones” vertidas contra los magistrados. “El trabajo de revisión a realizar por jueces y fiscales se hace con escrupuloso respeto a las garantías del procedimiento y a la ley aprobada en el Parlamento con base en criterios técnico-jurídicos”, expresan los fiscales progresistas en una nota.

En otro comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones mostró este miércoles “su más firme repulsa” a los “intolerables ataques” vertidos contra los jueces en las últimas horas “por algunos responsables políticos” en relación a la aplicación de la ley del “sólo sí es sí”. “Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”, criticaron desde el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años en funciones con el mandato caducado.  

Moncloa se abre a la revisión

Las discrepancias en la coalición van más allá. Mientras Igualdad rechaza introducir cambios en la ley del 'solo sí es sí', Moncloa mantiene la puerta abierta si persisten esas relecturas de los jueces. La intención que tienen en el ala socialista del gabinete es analizar las sentencias y esperar a que se pronuncien instancias superiores de la justicia para determinar si es necesario introducir algún cambio legislativo para evitar las reducciones de las penas. “Si hay una laguna legal hay que solventarla”, resume un destacado dirigente socialista en la misma línea que ha defendido públicamente la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que abogó por “estudiar las sentencias y el texto legal”. “No era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, todo lo contrario”, expresó Montero. 

El presidente no quiere ir demasiado rápido y apuesta por esperar antes de decidir “qué pasos dar”. “Corresponde a los tribunales y a la Fiscalía unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, señaló. Lo que en público han eludido en todo momento Sánchez y Moncloa es cuestionar la ley impulsada por Irene Montero, que al fin y al cabo salió del Consejo de Ministros y se aprobó en el Congreso con los votos de los socialistas, Unidas Podemos y el resto de aliados parlamentarios. 

Pero en privado algunas fuentes socialistas sí expresan cierto malestar con Unidas Podemos. “Nosotros les avisamos de la rebaja de las penas”, dice uno de los dirigentes consultados, que recuerda que la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y también el exministro de Justicia Juan Carlos Campo lo advirtieron en las observaciones que presentaron al texto inicial. “Y Pablo Iglesias dijo que en las excusas técnicas había mucho machismo frustrado”, rememora esa fuente. 

La situación derivada por la interpretación judicial de la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual es un enfrentamiento más en la convivencia de la coalición, que tiene en las políticas de Igualdad uno de sus principales focos de conflicto. Podemos considera que el PSOE no ha digerido la pérdida de una de sus tradicionales banderas y los socialistas consideran que hay diferencias de fondo que les separan, como la aproximación a la autodeterminación de género de la ley trans, además del ‘talante’ de las inquilinas de ese departamento con las que varias fuentes del ala mayoritaria del Gobierno coinciden en que es complicado negociar.