ENTREVISTA Secretario de Estado de Derechos Sociales

Nacho Álvarez: “Tras lo sucedido en la pandemia, es incomprensible que el PP se oponga al nuevo modelo de residencias”

Ignacio Alvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, fotografiado en Madrid.

Laura Galaup


17

Con la pandemia en sus horas más bajas, pero con el recuerdo de las consecuencias que tuvo el virus en las residencias de mayores durante la primavera de 2020, el Consejo Territorial de Servicios Sociales dio luz verde esta semana al acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia. Este órgano, en el que participan el Gobierno y las comunidades autónomas, aprobó el documento presentado por el Ministerio de Derechos Sociales para establecer unos criterios que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro los centros de mayores.

Testigo directo de la asistencia 'low cost' a los mayores: "Probé la leche y el zumo, jamás ofrecería a nadie esos productos"

Testigo directo de la asistencia 'low cost' a los mayores: "Probé la leche y el zumo, jamás ofrecería a nadie esos productos"

En contra de la propuesta elaborada por el departamento de Ione Belarra se pronunciaron las comunidades gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi y Ceuta. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, aborda en una entrevista con elDiario.es cómo afecta al modelo residencial el acuerdo alcanzado. La última vez que se modificó esta estrategia fue en 2008.

El acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el sistema de Dependencia salió adelante únicamente con un voto de diferencia. ¿Le hubiese gustado obtener una mayoría más amplia?

El nuevo modelo residencial plantea una mejora sustancial en la ratio de profesionales de atención directa, en la coordinación sociosanitaria y en la organización interna de las residencias en base a pequeñas unidades de convivencia. Este paso adelante, afortunadamente, ha sido refrendado por una mayoría de comunidades autónomas. ¿Nos hubiese gustado que hubiese tenido un apoyo de las comunidades del Partido Popular? Sí. No somos capaces de entender por qué algo que no es una política de partido, sino que es una política de Estado, no ha contado con el apoyo del PP.

Una comunidad gobernada por los populares, Castilla y León, modificó su posición en la última votación. En el penúltimo Consejo Territorial anunció que se abstendría y en el siguiente encuentro votó en contra. ¿Qué cambió durante las semanas que transcurrieron entre esas dos reuniones?

Después de lo que ha sucedido en las residencias de este país durante la pandemia, es sencillamente incomprensible que el PP se haya opuesto al nuevo modelo aprobado por el resto de comunidades autónomas. [Alberto Núñez] Feijóo [el presidente de los populares] debe de explicar a la ciudadanía por qué boicotea un avance que la sociedad española estaba demandando desde hace mucho tiempo y que los propios expertos estaban avalando. Muchas entidades de la discapacidad y plataformas de personas mayores venían mostrando públicamente su apoyo a este proyecto y resulta incomprensible el boicoteo del PP al nuevo modelo.

¿Qué supone este acuerdo para los usuarios del sistema de Dependencia?

El acuerdo supone un paso adelante de gigante. Si hacemos el ejercicio de comparar el acuerdo actual con el que estaba vigente, que se aprobó de 2008 y que hubiese seguido vigente si no hubiésemos sacado este adelante, podemos ver que ha habido un avance notable en el incremento de los niveles mínimos de calidad que han de garantizarse para todo el sistema residencial de nuestro país.

Con el nuevo texto mejora sustancialmente la ratio de profesionales de atención directa; mejora notablemente el tamaño que ha de tener la residencia, es más pequeño; se incorporan las unidades de convivencia para crear ambientes más hogareños y que puedan prestarse apoyos flexibilizados e individualizados a cada uno de los residentes; y se garantiza la figura del enlace para la coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Son muchos los avances. Las nuevas residencias tendrán que contar de forma obligatoria y necesaria con al menos un 65% de plazas en habitaciones individuales para garantizar la privacidad.

En los borradores previos al acuerdo se planteó una ratio de inspectores o la limitación del tamaño de los centros de mayores a 50 plazas . Ya no hay mención al número de inspectores y el tamaño máximo es de 120 plazas. ¿Está satisfecho con el texto final?

Estoy satisfecho con el resultado final del acuerdo. Nadie debe olvidar que en el Consejo Territorial es obligatorio que haya una mayoría de comunidades que respalden el acuerdo y, por lo tanto, estas medidas suponen un ejercicio de realismo para garantizar esa mayoría.

¿Han recibido presiones por parte de la patronal para reducir las medidas que plantearon al inicio de las negociaciones?

Hemos dialogado sobre este modelo con todos los actores: sindicatos, patronal y comunidades autónomas. Me cuesta entender por qué las organizaciones patronales han decidido priorizar los intereses de mercado y los intereses económicos, en todo caso legítimos, frente al interés general. Todo el sector ha sido capaz de situarse en un determinado consenso y, sin embargo, algunas patronales, no todas, han mantenido una posición fuertemente inmovilista, priorizando los intereses de mercado frente a los derechos de las personas mayores. En todo caso, la obligación del Gobierno es la de trascender los intereses particulares y garantizar los derechos de las personas mayores en las residencias.

Todo el sector ha sido capaz de situarse en un determinado consenso y, sin embargo, algunas patronales han priorizado los intereses de mercado frente a los derechos de las personas mayores

¿Por qué abogan por acabar con las macrorresidencias? ¿Qué peligros conlleva ese modelo?

El modelo de las macrorresidencias ya se acabó en Europa hace muchos años. Con el acuerdo que hemos planteado nosotros no descubrimos nada. Lo que hacemos es desarrollar modelos que ya están en marcha en países de nuestro entorno. En el caso de los países nórdicos está ya muy contrastado y hay mucha evidencia empírica y científica de que los grandes centros residenciales dificultan la posibilidad de atender a las personas con apoyos más flexibilizados y más personalizados. Se trata de una medida en la que es la organización la que se adapta a la persona y no la persona la que se adapta a la organización. Esto es muy difícil de hacer en residencias de tamaño muy grande.

En el sector de la Dependencia, sobre todo en aquellos recursos gestionados por grandes empresas, la precarización es elevada. ¿Cómo se puede evitar que un servicio esencial como los cuidados esté tan precarizado?

El principal factor que define la calidad de los cuidados en el ámbito de la Dependencia es la propia calidad del empleo, por eso el acuerdo de acreditación cuenta con tres elementos sustanciales. En primer lugar, como mínimo el 80% del empleo tiene que ser un empleo indefinido. El acuerdo también incorpora que el empleo a tiempo parcial tiene que ser una excepción en el sector y que, al menos, el 66% de los contratos deben ser a tiempo completo. Y, además, el propio acuerdo contempla que debe garantizarse el cumplimiento de las condiciones del convenio. Recordemos que este es un sector en donde el convenio lleva años sin cumplirse.

Algunas autonomías, como Castilla-La Mancha, han puesto en cuestión la financiación de estas medidas. ¿Cuánto dinero va a suponer para las arcas del Estado la puesta en marcha del acuerdo? ¿Cómo se va a financiar?

La inyección económica no puede ser una excusa en este nuevo acuerdo porque el Gobierno de coalición ha hecho una apuesta histórica por la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. No solo hemos duplicado la financiación del sistema en los dos primeros años de gobierno, sino que, además, al final de la legislatura, y debido a que hemos incorporado fondos del plan de recuperación, el sistema contará con una financiación adicional de 5.000 millones de euros. Esto permite avanzar de sobra en el desarrollo de este acuerdo de acreditación y, por lo tanto, pensamos que la financiación no puede ser una excusa porque este Gobierno ha cambiado ya la tendencia. Cuando llegamos solamente el 15% de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia provenía de la Administración General del Estado, al final de la legislatura esta cifra se habrá elevado al 25%.

¿Tienen alguna cantidad estimada de lo que puede suponer implantar todas estas medidas?

Implantar las ratios de profesionales asociadas al modelo que hemos aprobado supondría del orden de unos 1.200 millones de euros de aquí a 2029. Y la realidad es que nosotros ya hemos incrementado en 1.200 millones de euros la financiación de la Administración General del Estado en atención a la Dependencia. Los próximos años habrá que seguir incrementando esta financiación, pero ya contamos con un punto de partida de clara suficiencia para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

Me parece que las sujeciones en las residencias es una práctica que tristemente está más extendida de lo que cabría pensar

¿Cómo garantizan que se va a mantener la financiación si se produce un cambio de Gobierno en las próximas elecciones?

No concibo la posibilidad de que haya gobiernos futuros que den pasos atrás en la financiación de la Dependencia. Cuando termine la legislatura nosotros vamos a dejar un nivel de financiación que casi triplica el que nos encontramos al llegar al Gobierno. Estoy seguro de que futuros gobiernos lo van a mantener o incluso lo van a seguir incrementando. Va a ser la propia sociedad española la que exija a los gobiernos futuros que no vuelva a haber merma ni fragilidad financiera en el ámbito de la Dependencia. Pensamos que una sociedad como la española, cada vez más envejecida, va a situar aquí una de sus prioridades políticas.

Una de las novedades que incluye este acuerdo es la garantía de que las residencias sean espacios libres de sujeciones. ¿Por qué cree que no se ha actuado hasta ahora en contra de esta práctica?

Me parece que es una práctica que tristemente está más extendida de lo que cabría pensar, y desde el primer día erradicarla ha sido una prioridad para este Gobierno, por eso este acuerdo contempla de forma muy clara la necesidad de poner fin a todo tipo de sujeciones, las físicas, pero también las sujeciones químicas y farmacológicas.

Las derechas se han impuesto en las dos citas electorales de este año, primero en Castilla y León y, hace apenas dos semanas, en Andalucía. Las encuestas auguran además un triunfo del PP a nivel estatal. ¿Estamos ante un nuevo ciclo político conservador?

No lo creo, pero es indiscutible que tras el resultado de Andalucía el Gobierno de coalición, y los partidos que lo sustentan, debemos tomar nota y tenemos que reflexionar. Debemos entender por qué el votante progresista se está yendo a la abstención y me parece que en un contexto de creciente incertidumbre de la población, el Gobierno tiene que escuchar a los ciudadanos para ser capaz de construir un horizonte que dé seguridad, que dé esperanza y que dé certezas a una ciudadanía que si no, lógicamente, va a expresar su descontento en las urnas.

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que haya un cambio político en las próximas elecciones generales?

El Gobierno ya está haciendo un esfuerzo muy ambicioso para hacer frente a las distintas emergencias que hemos sufrido durante los últimos años. En primer lugar, la pandemia. En segundo lugar, la guerra y la inflación. Ya estamos haciendo frente a esas emergencias con una importante ambición. Es necesario seguir evaluando las medidas de políticas públicas que se están adoptando para frenar los efectos que tiene la inflación sobre la ciudadanía y, si es necesario, ir más allá.

Debemos de entender por qué el votante progresista se está yendo a la abstención

¿Por qué cree que las medidas aprobadas contra la inflación no están dando los resultados esperados? El dato adelantado de junio ha elevado el IPC al 10,2%.

El Gobierno ha adoptado medidas que son muy ambiciosas. Pensemos en un paquete de medidas que supera los 15.000 millones de euros y que contempla múltiples ámbitos de intervención: ayudas a los transportistas, un descuento de 20 céntimos para la gasolina, una reducción en los abonos transporte de todo el país, el cheque de 200 euros o el tope a los alquileres. Son medidas muy ambiciosas, como la desconexión del precio del gas de la electricidad, y que están empezando a dar sus primeros frutos.

En todo caso, no podemos olvidar que la inflación es un fenómeno global que está afectando a todos los países de nuestro entorno y, por lo tanto, su corrección no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Se están adoptando medidas que están limitando sus efectos sobre la población, que están protegiendo a familias y empresas, pero van a requerir todavía de unos meses para que tengan pleno efecto.

Vista la persistencia de la inflación, y con el inicio de las subidas de los tipos de interés, ¿ve riesgo de recesión en los próximos trimestres como ya apuntan algunas estimaciones?

España está creciendo al 4% en este momento. Tenemos más de 20 millones de ocupados. La recesión no es un problema que esté en nuestro horizonte. Tenemos que hacer frente a la inflación, pero este problema se está dando en un contexto, insisto, de fuerte crecimiento económico, de fuerte creación de empleo y de fuerte transformación de la propia calidad del empleo. Vemos cómo la mayor parte de los empleos que se crean hoy día, a diferencia de lo que sucedía antes de la reforma laboral, son indefinidos, ya no son empleos temporales.

¿Han comenzado la negociación con el PSOE para redactar los Presupuestos de 2023? ¿Cuál es la línea que deben seguir las nuevas cuentas públicas?

Las cuentas públicas deben seguir manteniendo un carácter expansivo que facilite y apuntale el crecimiento y la creación de empleo en la economía española. Y, además, tienen que ser unas cuentas que protejan a la población española frente a los efectos de la inflación.

Frente a la crispación que la derecha alimenta día a día, seguramente Yolanda Díaz sea la mejor receta que tenemos las fuerzas progresistas y Unidas Podemos para impulsar un horizonte de esperanza y de seguridad en nuestro país

El próximo día 8 Yolanda Díaz celebra el primer acto de 'Sumar', su proceso de escucha. ¿Cree que ella debería ser la candidata a la presidencia del Gobierno?

No me cabe ninguna duda de que Yolanda atesora no solamente una gestión excelente, seguramente los ERTE sean la mejor prueba de ello, sino que además ha demostrado una capacidad de escucha, de diálogo y de construcción de acuerdos que la sociedad demanda en este momento, en un contexto de fuerte incertidumbre. Frente al miedo, a la incertidumbre o a la crispación que la derecha alimenta día a día creo que Yolanda Díaz seguramente sea la mejor receta que tenemos las fuerzas progresistas y desde luego el espacio de Unidas Podemos para impulsar un horizonte de esperanza y de seguridad en nuestro país.

Teniendo en cuenta el cambio de ciclo que auguran las encuestas, ¿cree que realmente tiene opciones de llegar a La Moncloa?

Sin duda.

Yolanda Díaz quiere relegar a un segundo plano a partidos como Podemos o IU para construir su espacio desde la ciudadanía y los colectivos sociales. ¿Considera que es una estrategia correcta? ¿Cuál debe ser el papel de los partidos en ese proyecto?

Hay que dejar que Yolanda tenga tiempo y margen para desarrollar su propio proyecto. Ha demostrado tener un olfato político enorme. En todo caso, es indudable que en su proyecto los movimientos sociales, la sociedad organizada, pero también los partidos políticos, debemos y vamos a jugar un papel crucial.

Desde Unidas Podemos se ha insistido en que urge una reforma fiscal que mejore la recaudación, pero el PSOE lo ha enfriado hasta que pasen los efectos de la alta inflación, ¿cree que las cuentas del año que viene ya incluirán las recomendaciones del comité de expertos?

Unidas Podemos ha conseguido que en la renovación del Real Decreto del pasado sábado para hacer frente a los efectos de la inflación se acuerde la creación de una nueva figura tributaria como es el impuesto a las grandes empresas energéticas. Es un primer paso muy relevante y debemos de desarrollarlo con urgencia.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats