Las consecuencias prácticas que tendrá la LOMCE en las aulas

Después de meses de confrontación, huelgas, manifestaciones, cruces de declaraciones y poco o ningún diálogo, la LOMCE ya está aquí. Para quedarse, al menos durante esta legislatura. Siempre lo estuvo, a tenor del empeño del ministro de Educación, José Ignacio Wert, en sacarla adelante. Pero ya ha pasado a formar parte esta mañana del ordenamiento jurídico español avalada sólo por los votos del PP y en contra del criterio de todos los demás grupos políticos.

Menos democracia

De la oposición a esta norma legislativa por parte de los sindicatos, la oposición política, las familias, los estudiantes y los diferentes colectivos se ha hablado en abundancia. En su amplio espectro, estos grupos señalan que se trata de una ley retrógrada, antieducativa, clasista, que desconfía del profesorado, que segrega, dado que se ocupa más de los alumnos “excelentes” que de los más débiles (en términos educativos).

Se ha escrito mucho y muy variado sobre los aspectos polémicos, como el hacer de la religión una materia optativa pero de oferta obligatoria en los centros, la elección temprana de itinerarios, la caída de las becas o la supresión de la inmersión lingüística en Cataluña. Pero no en igual proporción se ha reflexionado y hecho referencia a las consecuencias y situaciones que pueden derivarse de alguna de estas medidas.

Y todo a la espera del desarrollo normativo de la LOMCE, que hoy inicia su camino y cuando realmente se entra al pormenor de lo que implica realmente esta ley. Inusualmente detallada en su articulado general según varios expertos, de momento, hay en ella intenciones, algunas evidencias pero, sobre todo, muchas dudas sobre la letra pequeña en determinados puntos de su contenido.

Reválidas que estancan

Estas evidencias ya ofrecen algunas pistas de lo que puede ocurrir el curso que viene cuando se implante la ley. Un ejemplo son las reválidas. Si finalmente se acaban realizando, ­hay expertos que plantean su incertidumbre por la metodología escogida,­ que puede dar lugar a situaciones incongruentes, como la que se deriva del hecho de que un alumno apruebe los cuatro cursos de Secundaria pero suspenda la reválida.

Ese estudiante no obtiene el título de Secundaria, pero tampoco repite porque tiene 4º aprobado. “No titular significa que no puedes acceder ni a Bachillerato ni a FP. Te quedas como en un limbo. ¿Qué pasará? No lo sé, imagino que habilitarán sucesivas convocatorias. Pero ¿quién va a formar al alumno? Proliferarán academias privadas de preparación de reválidas, como en los sesenta, y que los padres tendrán que pagar”, vaticina Paco García, secretario de Enseñanza de CCOO.

Obstáculos para pasar de curso

Miguel Latorre, responsable estatal de enseñanza pública de FETE ­UGT, añade que algo similar puede ocurrir en Primaria. En esta etapa se establecen unas pruebas de evaluación que en teoría son orientativas pero, según explica, determinarán si se pasa o no de curso. “En Primaria los alumnos son heterogéneos, algunos pueden tener dificultades de aprendizaje que el profesor conoce y tiene en cuenta [a la hora de evaluar a un alumno]. Es común en estas edades y corregible. ¿Qué ocurrirá con las evaluaciones externas? ¿Se tienen en cuenta estas situaciones?”, se pregunta Latorre aunque intuye la respuesta.

Consejos escolares sin la participación efectiva de profesores, padres o alumnos

Otro elemento que ha pasado más desapercibido pero que también va a verse afectado es la participación de la comunidad educativa en las escuelas. Los consejos escolares se convertirán en meros órganos consultivos en favor de la dirección de los centros, que asumirá ahora las responsabilidades de esta amplia comunidad. “Ya no importará la opinión de familias, alumnos o profesores para aprobar el proyecto educativo del centro y la programación general anual, traduce García. Y se lamenta: «Es un mensaje muy negativo porque se les dice a las familias ”no pintáis nada aquí“».

Más gastos para las familias

Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA (la confederación estatal laica de AMPAS), muestra cierta preocupación por los libros de texto escolares. “Con todos los cambios que están planteando, no van a servir. Van a tener que cambiar todos los libros. Con las dificultades económicas que pasan ya las familias para adquirir el material escolar, si cambian los libros, ¿qué va a pasar? No sé si se han parado a pensar esto”. García matiza que primero habrá que esperar al desarrollo normativo de la ley para ver cómo quedan los currículos y hace referencia a que “el propio ministro alardeó de que 600.000 familias se han quedado sin ayudas a la hora de comprar libros de textos”.

Límites en la elección de colegio

La elección de centros es otra de las vertientes que se verá modificada. Como ya sucede en parte de la Comunidad de Madrid (y se extenderá a otros grandes municipios), la LOMCE camina en la dirección de otorgar libertad de elección de centro a las familias. Al igual ­que sucede en Madrid, las administraciones definirán la especialización curricular de los colegios. Habrá bilingües, para el Bachillerato de excelencia, artísticos, tecnológicos... García, de CCOO, considera que la libre elección “será una gran mentira”. Cuando un centro tenga mucha demanda, “pondrá pruebas de acceso y, al final, serán los centros los que elijan los alumnos y no al revés”.

Reconversión laboral de los profesores

Para los profesores también habrá cambios notables. Además de perder autoridad en el esquema educativo de los centros en los que trabajan, debido a la pérdida de relevancia de los docentes en el Consejo Escolar, el diseño curricular de los cursos también se modifica en alto grado. “Se pierden horas de Historia de la Filosofía, Música, Plástica y Tecnología”, explican desde CC OO. “Esto significa que, en consecuencia, muchos profesores van a perder su puesto de trabajo y que será necesario un proceso de reconversión laboral”, señala García.

Pérdida de enseñanzas éticas y cívicas

¿Y la religión? Dejando de lado la polémica suscitada por el hecho de que la LOMCE obligue a los centros a ofertar esta asignatura y que su nota cuente para la media, su introducción va a tener otros efectos. Según Miguel Latorre, de UGT, el primero es un “efecto llamada”, precisamente por ser considerada materia fácil y computar para nota.

El segundo, consecuencia quizás de lo anterior, pero no sólo, es que habrá alumnos que pasen por todo el ciclo obligatorio educativo sin pisar un aula en el que se les hable de derechos éticos, cívicos y democráticos, apunta García. “Esto debería ser obligatorio –se indigna–. Es un castigo para el propio chaval”.