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Un periodista denuncia al Ministerio de Empleo por censurar en una de sus revistas textos sobre Franco y Catalunya

Pablo Torres es el primer periodista de un medio público en España que va a los tribunales para hacer valer su cláusula de conciencia, es decir, su derecho a rescindir su contrato cuando su empresa cambia de línea ideológica

No lo hace contra una televisión o radio pública, sino contra Carta de España, una publicación que depende del Ministerio de Empleo

"Me pidieron que quitara las palabras sanguinario dictador", dice Torres de un artículo sobre el homenaje al poeta Rafael Alberti en la ciudad francesa de Nimes que nunca se llegó a publicar

Pablo Torres, periodista de Carta de España

Pablo Torres, periodista de 'Carta de España' DAVID CONDE

Pablo Torres es el primer periodista de un medio público en España que va a los tribunales para hacer valer su cláusula de conciencia, es decir, su derecho a rescindir su contrato cuando su empresa cambia de línea ideológica: no lo hace contra una televisión o radio pública, sino contra Carta de España, una publicación que depende del Ministerio de Empleo. Torres acusa a Empleo de censurarle textos en los que hablaba, por ejemplo, del asesinato de García Lorca o de la independencia de Catalunya. "Me pidieron que quitara las palabras sanguinario dictador", dice Torres de un artículo sobre el homenaje al poeta Rafael Alberti en la ciudad francesa de Nimes que nunca se llegó a publicar. A finales de este mes, periodista y ministerio están citados en los juzgados.

Torres lleva 33 años trabajando para Carta de España, una revista que depende de la Dirección General de Migraciones y que, a su vez, forma parte del Ministerio de Empleo. Los problemas, afirma, comenzaron el verano pasado, cuando el coordinador editorial dejó la revista y se hizo cargo de ella Rosa María Escalera, directora de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Migraciones. Según la denuncia, Escalera "ha desplegado una actitud intrusiva y censora de la actividad periodística que no se conocía hasta ese momento en la redacción" de la revista.

Esa actitud, tal y como detallan la denuncia y el propio Pablo Torres, ha consistido en "intervenir" en los contenidos de los artículos, incluso en los ya presentados, "modificar" su redacción o incluso "suprimir" partes de textos. Al negarse Torres a eliminar párrafos de sus artículos, algunos sencillamente nunca fueron publicados, a pesar de que habían sido inicialmente aprobados y maquetados. En resumen, reza la denuncia, el periodista ha sufrido "una clara actitud de discriminación y censura ideológica, que nada se compadece y vulnera la libertad e independencia de este redactor en el ejercicio libre de su profesión".

La denuncia detalla algunos de los episodios que, asegura, muestran el cambio de orientación editorial de Carta de España. El primero de ellos, el 8 de septiembre del año pasado, un compañero de redacción comunica a Pablo Torres que su artículo sobre las últimas horas de García Lorca "no les gusta". El texto nunca se publica: Torres asegura que se negó a quitar un párrafo en el que contaba que el poeta había sido asesinado en los barrancos de Víznar.

Otro, en noviembre de 2017, sobre la independencia de Catalunya, tampoco vio la luz. "No acepté las instrucciones que me dieron sobre los contenidos", asegura el periodista. En un correo electrónico que ha podido leer eldiario.es, Rosa Escalera le comunica a Pablo Torres que ha consultado el enfoque "con el DGM" [director general de migraciones, un cargo político]: "Me dice que hablar de la independencia le parece esencial pero quiere darle un enfoque al artículo desde el punto de vista de la emigración (...) La pregunta puedes enfocarla, para que no se signifiquen personalmente, sobre cómo creen ellos que percibe la colectividad española en su país la posición del Gobierno catalán". 

Este y otros correos que guarda Pablo Torres muestran, dice su defensa, no solo el giro ideológico de la publicación, que hasta entonces no ponía problemas a esos contenidos, sino la intervención de cargos políticos en decisiones eminentemente periodísticas. 

Control de contenidos

El abogado de Pablo Torres, Ángel García Castillejo, uno de los mayores expertos en la cláusula de conciencia de los periodistas, explica que el ejercicio de este derecho supone "la última garantía de la independencia de un periodista cuando hay un cambio de línea editorial en un medio". En el caso de un medio público, asegura, las garantías de independencia, pluralidad y no censura deben ser aún más exigentes. Por eso, piden la rescisión del contrato de Torres y la correspondiente indemnización por todos los años trabajados.

"En este caso concreto durante casi toda su vida profesional este periodista nunca vio coartada su independencia ni tuvo este tipo de problemas y, de repente, desde el verano pasado se ha encontrado con un cambio en la estructura organizativa de la redacción y con que se censuran sus artículos y posiciones. Es más, que elementos externos a la redacción, como son cargos políticos, supervisan su trabajo", explica el abogado.

Torres relata otros episodios de control de contenidos, como cuando en enero de este año escribió un artículo sobre las energías renovables en España y, asegura, le transmitieron que quitara la referencia al decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó y que limita el auto consumo de energías renovables. De nuevo, y ante la negativa del redactor, el reportaje no se publica. U otro sobre la despoblación en España, en el que mencionaba la expulsión de los judíos, y que, según le comunicaron, no se correspondía con el enfoque acordado.

Como medida de cautela, Pablo Torres pasó por registro varios de sus artículos. "Lo hice para que quedara constancia de que yo he entregado mi trabajo y poder pedir explicaciones de por qué no se ha publicado". La falta de respuestas hace que a finales de 2017, Torres interponga un escrito de reclamación por vulneración de sus derechos fundamentales. Un mes después, y ante la ausencia de explicaciones, formaliza una demanda en los juzgados de lo social de Madrid para hacer valer su cláusula de conciencia.

Hasta que llega el juicio, Torres sigue trabajando en Carta de España aunque critica los retrasos en la publicación de la revista, que ha anulado varios números mensuales este año. "Han roto comunicación conmigo. No me contestan a nada, si les escribo, no me responden", asegura el periodista, que aguarda la cita en los juzgados. Sindicatos como CCOO también han manifestado su sorpresa por el retraso en la salida de los números de este año. 

Un portavoz del Ministerio asegura que conocieron los hechos una vez que se interpuso la denuncia y que en ningún caso ha habido intervención de cargos políticos en el trabajo periodístico de la revista. 

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