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ENTREVISTA | Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial

Ángeles Carmona: "Si hay que decir treinta mil veces que la violencia machista tiene unas raíces diferentes a la intrafamiliar, lo diremos"

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), insiste en que las instituciones deben esforzarse para que las mujeres confíen en el sistema y denuncien

Sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco: "Es el caso más paradigmático de violencia machista. Si el vídeo hubiera estado protagonizado por un hombre, no hubiera sufrido las mismas secuelas"

"Estoy convencida de que la sentencia de 'la manada' delimitará muy bien los conceptos jurídicos de violencia e intimidación para que se tenga en cuenta en el resto de órganos judiciales", dice sobre la vista del Supremo fijada para el viernes

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Ángeles Carmona, a las puertas de la sede del Consejo General del Poder Judicial.

Ángeles Carmona, a las puertas de la sede del Consejo General del Poder Judicial. OLMO CALVO

El organismo que lleva presidiendo cinco años se enfrenta al mayor reto desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 en un momento de auge de las voces que directamente la cuestionan. La ampliación del concepto de violencia machista más allá de la pareja o expareja es, para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una prioridad. A caballo entre Madrid y Sevilla, Carmona combina su trabajo como secretaria de un juzgado especializado de la ciudad andaluza con el cargo en el Observatorio, desde donde hace un esfuerzo por visibilizar todos los tipos de violencia y pide más esfuerzos para avanzar en la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas.

De los 1.000 casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas registrados en los últimos dieciséis años, solo existía denuncia previa en 209. Solo una de cada cinco mujeres denunciaron. ¿Hay desconfianza en el sistema?

Los esfuerzos que estamos haciendo desde todas las instituciones van dirigidos precisamente a eso, a que las mujeres confíen. La mujer no denuncia porque tiene miedo al maltratador y piensa que después las represalias van a ser peores. En segundo lugar, y nos lo dicen en los juzgados, tienen miedo a perder el control sobre sus hijos. Más del 75% de las mujeres víctimas de violencia son madres, es decir, es un factor de vulnerabilidad.  

Por otro lado, tienen mucho sentimiento de culpa porque el maltratador se encarga de hacerles ver que las culpables de todo lo que les pasa son ellas y tienen vergüenza porque reconocerse víctima de violencia cuesta mucho todavía. Tenemos que acabar con todos estos obstáculos, muchos de los cuales vienen dados porque estamos en una sociedad machista. Para ello, las instituciones tenemos que actuar a la perfección y también difundir mensajes de concienciación y sensibilización para que el entorno de la víctima también la ayuden. Difícilmente van a salir del maltrato si no existe ese apoyo.

En varias ocasiones se ha anunciado que las estadísticas oficiales iban a empezar a contabilizar la violencia más allá de la pareja y expareja, tal y como obliga el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿En qué punto está esta ampliación?

Estamos trabajando en ello. Tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como el CGPJ ya estamos dando pasos adelante. Nosotros, de hecho, estamos haciendo los estudios de sentencias de asesinatos fuera de la pareja desde 2016 y cuando se dicten sentencias de casos tan terribles como el de Diana Quer o Laura Luelmo serán contabilizadas como víctimas de violencia de género. Ahora bien, queda muchísimo por hacer. Entre otras cosas, modificar la legislación para que se amplíe el concepto a todas esas mujeres y a otros delitos, como los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado o la trata, uno de los delitos más silenciados.

Lo que tenemos que hacer es ampliar toda la protección que hay, tanto judicial como asistencial, a todas esas mujeres. Para ello hace falta modificar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que tendrán que contemplar esto, al igual que las de otro tipo de recursos como médicos forenses o Fiscalía y letrados. Es un esfuerzo enorme de recursos, pero está en el Pacto y se va a tener que hacer. 

Frente a estos retos, hay voces en la esfera pública que están introduciendo el concepto de violencia intrafamiliar al hablar de violencia de género. ¿Sigue siendo importante defender que el concepto tiene un significado y un sentido propio?

Es absolutamente imprescindible. Ya lo teníamos delimitado y parece mentira que todavía tengamos que estar explicando la diferencia entre una y otra. La violencia de género tiene unas aristas, unos orígenes y unas implicaciones que justifican, sin duda alguna, la legislación y los recursos que se han puesto en marcha en España, que además es pionera en este sentido por haber destacado la idiosincrasia y especialidad propia que tiene la violencia machista. Hay que seguir diciéndolo y si hay que decirlo treinta mil veces, lo diremos. Diremos que tiene unas raíces diferentes a las de la violencia intrafamiliar. A mí me preguntan muchas veces por qué el Observatorio no da los datos de hombres asesinados, pero sí los damos todos los años. 

Ángeles Carmona, en un momento de la entrevista.

Ángeles Carmona, en un momento de la entrevista. OLMO CALVO

Uno de los casos que nos hablan de la necesidad de ampliar este concepto es el del suicidio de una mujer trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual. Usted aseguró que si quien lo difundió fuera su expareja, sería violencia machista. ¿Podrían en ese caso sus hijos, por ejemplo, recibir las pensiones de orfandad que se contemplan para los hijos e hijas de víctimas?

Eso dependería de lo que diga el órgano judicial. Es un asunto que está sub iúdice, pero ahora mismo es verdad que no se contempla el suicidio de una mujer como asesinato u homicidio, que es lo que contabilizamos. Como víctima de violencia de género, en el supuesto caso en que los órganos judiciales consideren que el vídeo fue difundido por una persona con la que hubiera tenido relación, los hijos sí serían víctimas directas y tendrían acceso a una serie de recursos asistenciales. No por orfandad, porque para ello es necesario el asesinato u homicidio, pero sí por ejemplo asistencia psicológica o económica. Por otro lado, si se confirma, sin duda alguna este tipo de casos deberían integrar las estadísticas o al menos visibilizarse. 

Si la persona que difundió el vídeo no hubiera sido su expareja, ¿podríamos considerar que es un caso de violencia machista?

Sin duda alguna. Ese es el caso más paradigmático de violencia machista. Si ese vídeo hubiera estado protagonizado por un hombre, estoy convencida de que no hubiera sufrido las secuelas psicológicas en la misma medida que la mujer. Esto ocurre porque todavía pensamos que si un hombre tiene más libertad sexual es un machote y, sin embargo, cuando una mujer se enfrenta a la difusión de un vídeo así, lo que se piensa es que tiene un comportamiento sexual inadecuado. Todavía tenemos este sesgo. 

El número de víctimas que rechazaron declarar contra el denunciado se ha situado en mínimos históricos en el primer trimestre de 2019. El debate sobre esta dispensa de la obligación de declarar está muy presente desde hace años en círculos jurídicos, pero sin llegar a un consenso, ¿cuál es su posición?

Es algo que a nosotros nos preocupa mucho. En primer lugar, la declaración de la víctima es en muchas ocasiones la única prueba de cargo que tenemos contra el maltratador. Él se ocupa de buscar impunidad cometiendo los hechos en la intimidad y muchas mujeres nos dicen que saben cómo golpearlas para que no tengan moratones. Esto está ocurriendo todos los días en España. No contar con la declaración hace que la mayor parte de procedimientos sean sobreseídos o acaben en absolución.

Por otro lado, el debate sobre esta dispensa es un debate jurídico complicadísimo y de difícil encaje. Si la eliminamos, la mujer tiene la obligación de decir la verdad como si fuera cualquier otro testigo. Si a esa mujer le aterroriza tener que decir la verdad lo que ocurre es que tenemos que imputarle un delito de falso testimonio y pondríamos a la mujer en una tesitura muy difícil. Desde el Observatorio apostamos por eliminar la dispensa, pero que a la vez  se elimine la obligación de prestar juramento necesariamente. También que se graben las declaraciones de las víctimas para que se pueda introducir en el juicio oral como prueba preconstituida y al menos los jueces tengan algo, sobre todo para poder conservar las medidas de protección. 

¿A qué se debe que existan diferencias tan abultadas entre unos partidos judiciales y otros a la hora de conceder órdenes de protección?

Es cierto que parece un poco incoherente que existan partidos judiciales donde los porcentajes sean tan dispares. Ese es un tema que pertenece absolutamente a la independencia judicial. Es el juez el que valorando los datos que tiene encima de la mesa toma la decisión de adoptar o no una orden de protección. La sensibilidad y preocupación sobre este tema va aumentando, pero es cierto que todavía hay territorios en los que parece que los porcentajes siguen siendo bastante bajos en comparación con otros. Desde el CGPJ lo que proponemos es mejorar la formación de los jueces y en ello estamos inmersos tras la aprobación de la ley que convierte la violencia de género en una especialidad jurídica. 

Ángeles Carmona, en un momento de la entrevista

Ángeles Carmona, en un momento de la entrevista OLMO CALVO

¿Quiere decir esto que hay jueces en España que están en estos juzgados y no tienen la formación o la perspectiva de género necesaria?

Nosotros no decimos eso porque todos los jueces que están en los juzgados especializados han pasado por un curso de formación y, a partir de ahora, esto se va a reforzar. Puede ser uno de los motivos, pero también hay que implementar otras medidas para valorar el riesgo de las víctimas porque nos estamos olvidando de la valoración forense del denunciado, no solo la policial a las mujeres. Por eso deben empezar a funcionar 24 horas y en todo el territorio nacional las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). Cada vez se están perfeccionando más los atestados para que los jueces tengan más elementos de valoración, pero no tenemos una bola de cristal. Ahora bien, el hecho de otorgar o no una orden de protección pertenece a la independencia de los jueces.

Las denuncias por delitos contra la libertad sexual, en concreto agresión y abuso, se han incrementado un 60% desde 2012. ¿A qué achaca este incremento?

Estoy totalmente convencida de que es porque las mujeres ahora se están atreviendo a dar ese paso. Denunciar violencia sexual es muy complicado porque visibilizarlo es algo que en una sociedad machista todavía afecta a la honorabilidad de las mujeres. Yo creo que todo el movimiento social que está diciendo 'basta ya' e intenta acabar con este tipo d conductas machistas, está influyendo muy positivamente. También es clave la labor de los medios de comunicación, para que las mujeres pierdan la vergüenza, no lo toleren y además perciban desde el minuto uno que estamos hablando de violencia sobre la mujer. 

Justo este viernes se celebra en el Tribunal Supremo la vista de los recursos a la sentencia de 'la manada'. ¿Cree que es hora de que conceptos jurídicos como el de intimidación o violencia se adapten a la realidad que viven las mujeres día a día?

Claro que sí. Además, el hecho de que esta sentencia haya llegado al Tribunal Supremo es importantísimo porque es el órgano que dicta jurisprudencia y el que define los conceptos que están en la ley. Esta sentencia, independientemente de lo que se dicte, estoy convencida de que va a ser muy importante. De hecho, ya ha habido sentencias recientes que establecen las diferencias entre abuso y agresión y sería muy interesante seguir por el camino que ya están vislumbrando estos fallos. Estoy convencida de que la sentencia de 'la manada' delimitará muy bien esos conceptos jurídicos para que se tenga en cuenta en el resto de órganos judiciales.

Por último y regresando al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aún no se han desarrollado las medidas referidas a la protección de los hijos e hijas de las víctimas, por ejemplo, respecto al régimen de visitas.

Lo que el Observatorio ha propuesto, y para ello sería necesaria la reforma del Código Penal y Civil, es que sea obligatoria la privación de la patria potestad y del régimen de visitas en los casos en los que el niño haya estado expuesto a la violencia. Eso es lo que dice el Pacto y es lo que nosotros propusimos. Y no solo con la sentencia, sino con la denuncia, como medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo ha definido lo que significa que el menor haya estado expuesto a la violencia y no es solo que haya sido agredido físicamente o que esté presente como testigo, sino que también lo es convivir en ese escenario del miedo y de violencia, aunque esté en su habitación con los oídos tapados. Un maltratador nunca puede ser un buen padre.

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