Las grietas del sistema que convierten en dobles víctimas a las denunciantes de violencia machista
“No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”. Es lo que dijo en 2012 la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al hablar de protección hacia las víctimas de violencia machista. Aquel año Amnistía Internacional publicó el primer informe sobre el funcionamiento de la justicia en esta materia y las organizaciones feministas ya llevaban tiempo recibiendo a mujeres que relataban exactamente lo que la organización contaba en su estudio: el sistema revictimiza a las mujeres que denuncian violencia de género y hacerlo no siempre garantiza su protección.
No ocurre en todos los juzgados, pero sí “con excesiva frecuencia”, según denuncian las organizaciones feministas que, por primera vez y más de una década después de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, se han unido para llamar la atención sobre los casos de “maltrato judicial” hacia las víctimas. Una situación que provoca la revictimización de las mujeres, dificulta su proceso de recuperación y socava su confianza en el sistema.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, ha recordado que todas las decisiones judiciales “son susceptibles de recurso” y hace hincapié en que “ha apostado y seguirá apostando por potenciar la formación de jueces y juezas”, explica la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona.
El prejuicio asentado
“¿Es que no tiene bastante con una sentencia, que quiere más?”, “señora, ¿usted ahora tiene prisa con todo lo que ha aguantado?”, “Tú no tienes cara de maltratada, ¿qué quieres? ¿los papeles?”. Son frases reales que fueron pronunciadas en sede judicial hacia denunciantes de violencia de género y que, en palabras de Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, evidencian “los prejuicios que siguen instalados social y judicialmente”. Algo que se une, según los colectivos, a la falta de información con la que cuentan las mujeres al entrar al circuito judicial.
No son pocas las víctimas que relatan haber sentido que su testimonio era puesto en duda por los operadores jurídicos y se han visto obligadas a demostrar que no mienten al relatar lo sufrido. “Se han documentado casos que reflejan duros interrogatorios a las víctimas en los juzgados, en los que la ausencia de otras pruebas que acrediten las agresiones parece tratar de suplirse buscando motivos para el 'descrédito' de sus testimonios”, contaba Amnistía en su informe.
A estos mismos prejuicios se refirió el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) cuando condenó a España por no proteger diligentemente a la hija de Ángela González, asesinada por su padre tras decenas de denuncias. De hecho, la ONU entendió que los estereotipos presentes en el ámbito judicial lastran la aplicación de la ley de violencia de género y recomendó al Estado formación suficiente de todos los operadores jurídicos.
Y es que, a pesar de que la ley de 2004 instaló los juzgados especializados en violencia de género, todavía no es una realidad asentada porque una parte importante de los casos –cuatro de cada diez víctimas– se enjuician en juzgados penales, que apenas están especializados. De hecho, solo 24 de los 383 que existen en España cuentan con expertos en la materia. El resto de casos se ven en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que sí están especializados, pero en los que las organizaciones ponen el foco al reclamar “una formación más completa”.
El menosprecio de la violencia psicológica
Una reivindicación que entronca con el hábito de valorar únicamente el último episodio sufrido, el más visible, de manera que deja de concebirse la violencia como una situación mantenida en el tiempo. “Por favor, señora, al grano...”, recuerda haber escuchado en múltiples ocasiones Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Eso a pesar de que la mayor parte de asesinatos están precedidos de denuncias de amenazas, no de violencia física grave.
Sobre ello precisamente ha llamado la atención el Observatorio del CGPJ, que en sus informes anuales pide a los jueces que no menosprecien la violencia psicológica y no vinculen el riesgo a la violencia física “porque en la gran mayoría de los casos es el clima de dominio el mayor indicador del desenlace”, subraya. Es decir, reclama a los magistrados que no conciban la violencia de género como un hecho aislado, sino como un continuo “con diferentes manifestaciones”.
Esta misma idea subyace en el protocolo para valorar de manera urgente el riesgo de la denunciante, una herramienta creada en 2011 que “pese a su gran utilidad”, según reconoce la Fiscalía, está infrautilizada. En los últimos tres años, solo se ha empleado en el 1% de las solicitudes de las órdenes de protección. Por otro lado, las Unidades de Valoración Forense Integral, establecidas por la ley de 2004, tampoco han sido implantadas en su totalidad, a pesar de que hacen una evaluación integral del riesgo al estar formadas por psicólogos, médicos y trabajadores sociales.
La Fiscalía llama también la atención sobre las diferencias entre territorios a la hora de conceder órdenes de protección. Algo que el propio Ministerio Público relaciona con la valoración del riesgo, ya que dependiendo de la evaluación que haga el magistrado, dictará o no las medidas cautelares. Y es que la diferencia entre partidos judiciales a la hora de conceder órdenes dibuja un mapa en el que algunos rechazan el 80% de las solicitudes y otros solo el 4%. La Fiscalía apuesta por que la razón última es la falta de formación y de aplicación de los instrumentos de valoración del riesgo.
Denuncias cruzadas y amplios regímenes de visitas
Las denuncias cruzadas son otro de los elementos que preocupan al gobierno de los jueces, que en su guía de criterios para la aplicación de la ley contra la violencia de género –actualizada por última vez a finales de 2016– avisa de que en los últimos años ha constatado un incremento de supuestos en los que los imputados por violencia de género recurren a denunciar a las víctimas por agresión hacia ellos. Ya hacía hincapié en ello Amnistía Internacional en 2012, a la que el CGPJ se ha unido para recomendar a los magistrados que analicen en profundidad este tipo de denuncias.
Es en la misma guía donde el Poder Judicial alerta del peligro al aplicar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) a las mujeres, una teoría que el documento define como “pseudo-científica” y que, en última instancia, ha servido para retirar custodias a madres aduciendo que los manipulan contra el padre, a veces condenado por violencia de género. La ONG Save the Children también ha mostrado su preocupación sobre que este supuesto síndrome “pueda estar obstaculizando la investigación de presuntos abusos sexuales sospechados e incluso verbalizados por niños y niñas”.
En cuanto a los menores, la justicia sigue manteniendo amplios regímenes de visitas con hombres condenados sin ni siquiera escuchar a los niños y niñas, incluso aunque estén a punto de entrar en prisión. Las visitas se suspendieron en un 2,3% de las órdenes de protección concedidas en la fase de instrucción durante el tercer trimestre de 2017, según el Consejo General del Poder Judicial. La patria potestad, en un 0,3%.
Por otro lado, se sigue exigiendo a las víctimas de violencia de género que cuenten con la autorización del padre, aunque esté condenado, para que sus hijos reciban atención psicológica. Además, la falta de formación, dicen las expertas, hace que no suela investigarse cómo impacta el maltrato que ven –y en muchos casos sufren– en los menores. Eso a pesar de que la ley, reformada en 2015, comenzó a considerarles víctimas de la violencia de género en la misma medida que sus madres.
