Cuenta atrás: 10 días para que la directiva de la UE caiga en el limbo de leyes antipiratería fracasadas
La legislación sobre propiedad intelectual es una de las áreas que produce un choque de posturas más intenso. La complejidad para llegar a acuerdos ha matado regulaciones a todos los niveles desde principios de la década, cuando embarrancó ACTA, un acuerdo internacional impulsado por EEUU. La directiva de la UE que pretendía actualizar el copyright europeo corre el riesgo de sufrir la misma suerte. La cuenta atrás para que los países se pongan de acuerdo y eviten que las normas propuestas caigan en el limbo de las leyes antipiratería fracasadas ha entrado en sus últimos diez días. Las críticas contra ella es la misma que contra sus predecesoras que quedaron en nada: con la justificación de proteger la propiedad intelectual se atacan libertades fundamentales de los usuarios.
El límite está a mediados de febrero. Superada esa fecha, no habría tiempo para cumplir todos los trámites burocráticos necesarios para que el acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembros sea ratificado por el Parlamento Europeo en su última sesión plenaria antes de ser disuelto para las elecciones del 25 de mayo. El Consejo Europeo tuvo que congelar las negociaciones hace dos semanas por su falta de acuerdo interno sobre sus dos artículos más polémicos, el 11 (una tasa para las plataformas digitales que enlacen contenidos periodísticos, parecido a un canon AEDE a nivel europeo) y el 13 (hacer que estas plataformas sean responsables de las violaciones de copyright cometidas por sus usuarios, lo que las obligaría a instaurar filtros automáticos de contenidos).
Era esperable un último acelerón para intentar evitar que todo el trabajo realizado en la directiva quede en nada, y este ha llegado impulsado por los motores de Alemania y Francia. Según ha informado el medio especializado Politico, Alemania y Francia han llegado a un acuerdo sobre el que cimentar la recta final de las negociaciones. Los detalles aún no se conocen, pero el objetivo de sus gobiernos es que los del resto de Estados miembros se sumen a su pacto y poder consensuar un texto que presentar a la Eurocámara antes de la fecha límite.
La diputada del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Julia Reda, que ejerce de portavoz de los críticos con la directiva, ha informado que Alemania podría haber dado su brazo a torcer al abandonar su idea de que el artículo 13 afectara solo a las grandes plataformas digitales y no a las pequeñas y medianas. “El Parlamento solo estaba dispuesto a aceptar el artículo 13 incluyendo la excepción de las pymes. Ahora que Alemania (probablemente) lo ha abandonado, el Parlamento puede votar en contra. Pero requerirá presión pública”, ha explicado.
El pacto francoalemán no asegura que el resto de los miembros del Consejo se sumen a sus puntos. Tampoco que, una vez conseguido lo anterior, los representantes de la Eurocámara y la Comisión en estas conversaciones rubriquen ese texto final y acepten enviarlo al Pleno. Axel Voss, eurodiputado del PP Europeo, ponente de la directiva y delegado del Parlamento en las negociaciones con el Consejo, explicará este martes en Bruselas la situación.
La opción que pierde fuelle en este momento es la de que el Pleno del Parlamento reciba una propuesta final de directiva sin los artículos 11 y 13. Es lo que solicitaron la pasada semana 90 organizaciones europeas que velan por el respeto a los derechos en la red, entre las que se encuentran algunas españolas como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el grupo hacktivista Xnet o la Asociación de Internautas.
“A pesar de llevar más de dos años de negociaciones, no ha sido posible que los responsables políticos de la UE tengan en cuenta las serias preocupaciones que ha expresado la industria, la sociedad civil, los académicos y los observadores internacionales, como el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, sobre el hecho de que ambos artículos [11 y 13] están construidos sobre premisas fundamentalmente erróneas”, reza la carta pública, la enésima enviada por estas organizaciones para alertar sobre la amenaza para “el Internet que conocemos” que suponen estas dos medidas.
