El Defensor del Pueblo abre investigación sobre las redes sociales tras el intento de suicidio de una menor
El Defensor del Pueblo ha abierto este jueves una investigación ante diferentes administraciones públicas “para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales”, ha informado la institución en un comunicado. La actuación se dirige ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.
La investigación se origina a raíz de la queja del progenitor de una menor con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, que recibía sistemáticamente publicaciones sobre prácticas suicidas en la red social X. Antes de acudir a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el padre denunció la situación ante la propia plataforma tecnológica, pero la empresa rechazó eliminar las publicaciones tras considerar que su contenido era acorde con la legalidad.
“Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”, detalla el Defensor del Pueblo.
Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido. Posteriormente, es el propio algoritmo el que proporciona información nociva de forma automática
Esta situación puede inducir a los menores “a riesgos para su integridad física e incluso para su vida” como “consecuencia del uso de las redes sociales”, ya que quedan “expuestos a contenidos nocivos”, avisa la institución.
Para determinar los mecanismos de control institucionales, Gabilondo ha requerido a Telecomunicaciones detalles sobre las actuaciones previstas para evitar estas situaciones. El Defensor del Pueblo solicita saber si existe la posibilidad de informar de estas circunstancias a las plataformas tecnológicas para proceder a la supresión del contenido y controlar las publicaciones futuras. Asimismo, al Comisionado de Salud Mental le pide que aclare si dispone de medios de asistencia inmediata para que los menores o sus familiares reciban información sobre el protocolo a seguir. Por último, la Fiscalía General del Estado deberá detallar las acciones penales emprendidas en relación este tipo de hechos y aclarar si las empresas que gestionan las redes sociales adoptan las medidas dictadas por los órganos judiciales.
Se suma al debate sobre redes y menores
Este requerimiento coincide con el debate parlamentario en el Congreso sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una propuesta normativa que plantea elevar la edad mínima para el uso de redes sociales de los 14 años actuales a los 16. El Gobierno ha fijado esta medida como una de las prioridades para este 2026 y ya tiene lista una aplicación móvil que forzaría a todos los usuarios a verificar su edad para acceder a las redes con el objetivo de bloquear completamente su uso por menores de 16.
La iniciativa del Ejecutivo está inspirada en Australia, que prohibió el uso de plataformas digitales a los menores de 16 años bajo multas millonarias para las empresas tecnológicas. No obstante, los primeros informes oficiales del regulador australiano constatan que el 70% de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat ha logrado mantener el acceso mediante herramientas de anonimización como redes privadas virtuales o identidades falsas.
El debate sobre la aplicación de la Ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso, se prevé acalorado. Las principales patronales del sector tecnológico recelan de los planes del Gobierno. Lo consideran “un control duro” que añade un proceso de identificación desproporcionado para los adultos, defendiendo en su lugar soluciones flexibles basadas en la concienciación y las herramientas de control parental.
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