La negativa de los países más contaminantes del planeta y, en concreto, de los Estados Unidos, a aceptar cualquier tipo de compensación a los países más afectados por el cambio climático quedó reflejada en la decisión 1/CP.21 del Acuerdo de París, donde se excluyen especialmente las palabras “compensación” y “responsabilidad”. Es de esperar que en la 23º Conferencia de las Partes que se desarrolla estos días en la ciudad alemana de Bonn, presidida por el Primer Ministro de las Islas Fiji, los países más afectados por el cambio climático y, en especial, los estados de las islas del Pacífico, vuelvan a tratar de convencer a la comunidad internacional de la necesidad de incluir mecanismos de compensación y asunción de responsabilidades en los acuerdos climáticos.
En oposición a estas demandas, buena parte de la comunidad política y académica ha concluido que la manifiesta y absoluta falta de voluntad política para asumir las consecuencias de las responsabilidades históricas de los países más contaminantes debe ser tomada como punto de partida para cualquier propuesta en materia de justicia climática. La inviabilidad política de un marco compensatorio les lleva, por tanto, a no enfrentar esta premisa y a buscar otros mecanismos con los que lograr impulsar políticas climáticas en favor de los más vulnerables.
Este lenguaje de la “viabilidad política” suele venir acompañado de consideraciones acerca de la efectividad de las opciones alternativas a la compensación, como las demandas de justicia distributiva, argumentos humanitarios o referencias a la protección de los derechos humanos. Además de ser más efectivos, se argumenta, este tipo de marcos teóricos permitirían abordar los efectos negativos del cambio climático atribuibles a las variaciones naturales y a factores socio-económicos. Por tanto, se nos dice, los argumentos basados en el estado en que se encuentras las víctimas, y no tanto en la responsabilidad de los malhechores, resultar más atractivos para solventar los efectos negativos del cambio climático.
Aquí me gustaría apuntar tres objeciones a este tipo de argumentos. En primer lugar, las llamadas a la viabilidad política caen en una suerte de cortoplacismo potencialmente peligroso desde un punto de vista político. Es necesario, desde luego, apelar a la viabilidad política en casos extremos, como último recurso, para ayudar a las víctimas a recuperarse de los efectos negativos del cambio climático. Ahora bien, debemos tener cuidado al poner la viabilidad política como primer punto de nuestro argumento. Primero, porque podemos dejarnos por el camino importantes cuestiones morales del presente, poniendo así una solución imperfecta por delante de otras mejores. Segundo, porque esto nos llevaría a sacrificar la fuerza moral de nuestras posibles demandas morales en el futuro. Adoptar el argumento de la viabilidad política podría fácilmente alimentar la perniciosa práctica de aceptar como normal la falta de voluntad de los países más contaminantes de asumir sus responsabilidades. Esto sugiere que la utilidad de apelar a la viabilidad política debe ser contrarrestada con las ventajas de reclamar la asunción de responsabilidades. La práctica de reclamar responsabilidades, por el contrario, permitiría a los potenciales contaminadores ser más cautos en el uso de fuentes de energía contaminantes, de manera que así podrían reducirse los cortes del futuro. Argumentar en favor de lo que es moralmente requerido no solo es lo que debemos hacer, sino que además podría resultar también la opción más útilmente beneficiosa en el largo plazo.
La segunda objeción se basa en lo que perdemos, éticamente hablando, si nos dejamos llevar exclusivamente por esta apelación a la viabilidad política. Como señalé unas líneas más arriba, renunciar a hablar de compensación implica abandonar la asunción de responsabilidades históricas por parte de los mayores contaminantes. Y esto mina la posibilidad de conseguir el reconocimiento de la injusticia histórica ejercida contra los más vulnerables. Esta opción, lejos de representar una ganancia en términos absolutos, atenta contra el sentido del auto-respeto de las víctimas, dado su dependencia del respeto de los demás actores. Si la comunidad internacional se niega a reconocer que los daños sufridos por las víctimas del cambio climático no son fruto de la mala suerte o de desastres naturales, sino la consecuencia de las acciones injustas de unos individuos y pueblos sobre otros, estaría faltando al respeto a las víctimas. Y esto podría minar o perjudicar la capacidad de las víctimas para superar los efectos negativos de los desastres causados por el cambio climático tanto a nivel físico como psicológico. Dejar a un lado las demandas de reconocimiento vinculadas a un marco compensatorio podría llevarnos a soluciones rápidas, pero imperfectas e insuficientes.
Finalmente, uno podría plantear que, efectivamente, nos hallamos en un escenario de urgencia donde necesitamos soluciones rápidas, aunque sean imperfectas. La respuesta a esto podría ser tan sencilla como: ¿y por qué debemos elegir? Podemos perfectamente defender la necesidad de un marco compensatorio al mismo tiempo que desarrollamos argumentos que refuercen la necesidad de actuar con urgencia y puedan provocar una respuesta política más rápida. Es importante, no obstante, no dejar de recordar las razones que tenemos para defender lo que parece moralmente apropiado.
Tenemos la responsabilidad de abrir espacios de contestación política que permitan acabar con la práctica hegemónica de eludir responsabilidades por injusticias históricas que, no obstante, permanecen en el presente. Sucumbir a los deseos de los países más contaminantes parece apuntar en la dirección opuesta. Esta es, a mi juicio, una de las muchas tareas pendientes después de París. Queda esperar que la Presidencia de las Fiji en el COP 23 pueda, al menos, impulsar esta empresa.
