Um Fuad, refugiada palestina de 45 años, vive con su esposo y cuatro hijos en Wadi al Khazrak, en el norte de Jenin, Cisjordania. Su pequeña aldea beduina es una de las siete comunidades palestinas que forman el enclave de Barta'a, ubicado entre el Muro y la Línea del Armisticio de 1949 ('Línea Verde'). La modificación del trazado del Muro para incluir asentamientos de colonos israelíes hace que la aldea se encuentre ahora separada físicamente del resto de Cisjordania.
Como Um Fuad, unas 11.000 personas que viven en esta área, conocida como “Zona de Separación” necesitan desde 2003 un permiso para poder seguir viviendo en su propia casa. En ciertas áreas, la residencia y el acceso se controlan mediante tarjetas de identificación y están sujetas a la aprobación verbal de las autoridades israelíes, lo que se conoce como “coordinación previa”. Además, la mayoría de estas comunidades carecen de centros de salud, escuelas y tiendas, lo que obliga a los residentes a pasar por puestos de control para llegar a los lugares de trabajo y a los servicios médicos y educativos esenciales, así como para mantener las relaciones familiares y sociales en el resto de Cisjordania.
El enclave de Barta'a es la zona más grande y poblada de las localidades de la “Zona de separación”, y contiene una clínica de la Autoridad Palestina y varias escuelas, ubicadas en el centro de la población, Barta'a ash Sharqiya. Sin embargo, la clínica abre solo tres veces por semana, los servicios que se ofrecen son básicos y Um Fuad debe pagar el tratamiento. Como refugiada palestina, pudo hacer uso de los servicios de un equipo de salud móvil de UNRWA, pero dichos servicios se suspendieron en 2018 debido a las restricciones presupuestarias. Los pacientes con enfermedades crónicas o potencialmente mortales deben trasladarse a instalaciones médicas ubicadas fuera del enclave.
“Mi marido, que sufre de problemas renales y fibrosis pulmonar, tiene que ir con regularidad al hospital de Jenin”, explica Um Fuad. Antes de la construcción del Muro, Jenin estaba a solo quince minutos en coche, pero el tiempo requerido ahora es impredecible, debido a la incertidumbre que implica cruzar el puesto de control.
Para poder salir del enclave e ir a otras partes de Cisjordania los residentes tienen que pasar por uno de los dos puestos de control israelíes, Tura y Reikhan-Barta'a. Este último es el cruce principal. Está abierto entre las 05.00 y las 22.00 horas, y es operado por una empresa de seguridad privada israelí. Por la noche, cuando ambos puestos de control están cerrados, o en casos de emergencia, el acceso de los residentes debe negociarse entre el consejo de la aldea de Barta'a y las autoridades de Israel. Los residentes se quejan de retrasos frecuentes y acoso ocasional. Um Fuad recuerda haber sido detenida por las fuerzas de seguridad israelíes en el puesto de control durante varias horas en época de Ramadán, “sin ningún motivo, a pesar de tener los permisos y la identificación necesarios”, comenta.
Las restricciones de COVID-19 se suman a las presiones sobre las comunidades de la “Zona de Excusión”
Las medidas de emergencia impuestas por las autoridades israelíes y palestinas desde marzo de 2020 para contener la propagación de la COVID-19 han agravado las restricciones de movimiento para las comunidades de la “Zona de separación”. El puesto de control de Tura se cerró por completo entre el 22 de marzo y el 21 de abril, y tan solo se permitía el acceso a través del otro puesto de control para casos de emergencia, en los que se llevaba a cabo una “coordinación previa” con las autoridades israelíes, para vehículos que transportaban alimentos y otras necesidades esenciales. UNRWA, en coordinación con el consejo de la aldea, logró distribuir paquetes de alimentos, asistencia en efectivo y medicamentos para enfermedades crónicas a las familias refugiadas de Palestina más vulnerables que residen en el enclave, y también proporcionó asistencia alimentaria a las comunidades de refugiados beduinos.
A pesar de las dificultades que enfrenta Um Fuad, sigue siendo la que mantiene a su familia. “Soy madre trabajadora de cuatro hijos y esposa de un hombre enfermo. Hago queso y lo vendo a los pueblos vecinos y he conseguido enviar a tres de mis hijos a la universidad”.
A una situación similar se enfrentan también aproximadamente 23 familias, unas 140 personas, que viven en varias comunidades dispersas entre Jerusalén y Belén. El Muro los ha separado físicamente del área urbana de Belén, que sirve como su principal centro de servicios, medio de vida y centro social, y al que ahora solo pueden acceder a través del puesto de control de Gilo. Aunque casi el 90% son personas refugiadas registradas, encuentran muy limitado su derecho a acceder a los servicios que proporciona UNRWA debido a las restricciones de movimiento.
Este año se cumplen dieciséis años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que el trazado del Muro dentro de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, violaban las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, y llamó a Israel detener la construcción del Muro; desmantelar las secciones ya terminadas que se encuentran dentro del territorio Palestino ocupado; y derogar o dejar sin efecto inmediatamente todos los actos legislativos relacionados. Mientras tanto, más de 11.000 personas, entre ellas Um Fuad, siguen aisladas por el Muro.
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