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El juez o la jungla

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La sede del tribunal Supremo

He de reconocer que el análisis de nuestro sistema judicial tras las decisiones de los tribunales respecto al procés me tiene algo desorientado. No me refiero tanto a si estar o no de acuerdo con estas decisiones, como a la actitud que debemos adoptar ante la “justicia”.

En primer lugar, debemos diferenciar entre compartir o acatar las medidas judiciales. El problema surge cuando, ante las recientes resoluciones (procesamiento por rebelión, encarcelamiento preventivo...) nos planteamos la discrepancia y acusamos al sistema judicial de estar controlado por el gobierno, es decir, de no ser independiente, es decir, adoptar resoluciones injustas, o sea, de prevaricar. Parece lógico que, si llegamos a esa conclusión tras unas determinadas decisiones, no podemos, luego, compartir o aplaudir otras porque no estamos criticando una decisión judicial, sino que hemos desautorizado nuestro sistema judicial a su nivel más alto, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. A partir de eso, deberíamos considerar lícito no acatarlo, exigir la liberación de presos y considerar legítima la fuga de acusados por considerarlos exiliados en lugar de prófugos en todos los procesos. En los recientes acontecimientos judiciales no se está criticando solo nuestro sistema legal, se está acusando a los jueces de burlarlo aplicando decisiones que no se ajustan a la norma. Cuando algunos hace décadas apoyamos el movimiento de insumisión contra el servicio militar obligatorio no estábamos rebelándonos contra los jueces, sino contra la ley que lo establecía y exigíamos que se cambiara.

En segundo lugar, lo que debemos plantearnos ahora es si, llegados a la conclusión de que los jueces están aplicando medidas injustas, y actuando en consecuencia, no estamos rompiendo nuestro modelo de convivencia. Si inhabilitamos nuestro sistema judicial, poco sentido y lógica tiene aceptar el poder legislativo, puesto que ya hemos llegado a la conclusión que sus leyes no las está aplicando el poder judicial. Menos respeto todavía merece el poder ejecutivo, ya sin control alguno por los otros poderes. En realidad, si el sistema judicial no es legítimo ninguna institución merece ya respeto porque entendemos que el imperio de la ley no está funcionando. Ya todo el entramado de El Espíritu de las leyes de Montesquieu se desploma.

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Cifuentes se tira por el barranco

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Cifuentes y Cospedal en el desfile de la Fiesta Nacional de 2017.

En 2011  la mayor estrella emergente de la política alemana recibió la visita de su pasado. La opinión pública supo que el doctor Karl-Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa, había plagiado cerca del 20% de su tesis doctoral. Se resistió durante dos semanas, pero al final tuvo que aceptar los hechos. No se puede decir que se hubiera quedado solo. Había recibido el apoyo de Angela Merkel y de dos de los principales periódicos del país, el diario tabloide Bild y el semanario Die Zeit. 

Altos cargos de los dos partidos conservadores– la CDU y la CSU, el partido de Guttenberg–, no pensaban lo mismo y  no tuvieron inconveniente en contarlo a los medios. El escándalo era "un clavo en el ataúd de la confianza en la democracia", llegó a decir el portavoz del grupo parlamentario de la CDU. El asunto "daña a la CSU y al propio Guttenberg", admitió un exlíder de la CSU.

Algunos medios empezaron a llamarle Barón zu Googleberg. Lo de Google era por lo de copiar y pegar. En la política alemana, el bochorno puede tener más peso que la mismísima Merkel. 

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Demasiado bonito para que sea verdad

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Comparecencia de Cristina Cifuentes ante la dirección de su partido tras el escándalo de su máster.

No me creo que Cristina Cifuentes se vaya a querellar contra Raquel Ejerique e Ignacio Escolar por la información aparecida estos últimos días en eldiario.es acerca de su título de máster. He visto esta mañana su intervención desde el monitor de plasma en el que anunciaba de manera tajante que iba a querellarse, he visto como sus compañeros de partido recibían el anuncio con una ovación cerrada y he visto después que el director de eldiario.es daba por buena la presentación de la querella en entrevista en Al Rojo Vivo.

No me creo, a pesar de todo ello, que Cristina Cifuentes dé el paso. Sería demasiado bonito para que acabara siendo verdad. Yo me alegraría mucho por Raquel e Ignacio y por eldiario.es si la presidenta cumpliese su palabra y se querellara. Pero no creo que vaya a hacerlo.

Una querella de Cristina Cifuentes sería La Primitiva. La mayor parte de los lectores de eldiario.es o no habían nacido o eran muy jóvenes en los primeros años de la democracia, pero los que ya éramos mayores en los años ochenta nos acordamos perfectamente de lo que supuso para Pedro J. Rámirez y El Mundo la querella del ministro del Interior, José Barrionuevo. Nunca podremos saber qué habría pasado si no se hubiera activado aquella querella, pero sí sabemos lo que pasó: el aumento espectacular de las cifras de circulación del periódico y la notoriedad que alcanzó su director. Ni el Pedro J. ni El Mundo de antes de la querella eran, ni de lejos, los que empezaron a ser después de ella.

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El descosido se ensancha

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Manifestación de Òmniun y la ANC por la detención de Puigdemont

Pasan continuamente cosas, brotan noticias y más noticias, pero se equivocan quienes hacen la lectura de que se avanza algún milímetro hacia la solución del descosido. En España ya sabemos que algunos movimientos son trágicos, falsos e inútiles. Si el problema fuesen treinta presuntos locos, ahora que ya los han cazado y los han metido en cajas herméticas, tendríamos la sensación de que nos acercamos a un buen desenlace, pero hasta Mariano Rajoy, que ya es decir, sabe que hoy estamos más lejos que ayer de eso. Cuando dos piezas de un puzzle no encajan sirve de muy poco presionarlas por los bordes ya sea con cuidado o sin cuidado. Para resolver el puzzle hay que hacer otras cosas, pero aquí se ha optado por la presión.

Mariano Rajoy tal vez piense que ha llegado la hora de la justicia, pero tenía que haberse hecho justicia, o por lo menos más justicia, antes. Adelantarse a  la recogida de firmas anticatalanas y ajustar a tiempo el puzle multinacional. Y hacer justicia de verdad, no bromas de mal gusto a partir de los textos legales. A Carles Puigdemont no se le entendía cuando discurseaba; ¿había dicho si o había dicho no? Pero a Rajoy y al juez Llarena (que lo lleva escondido entre los pliegues de la toga) o se les entiende demasiado o no se sabe de que hablan cuando se refieren a la violencia.

El pasado día 1 de octubre el secesionismo hizo de todo, empezando por trampas y acabando con exhibir mucha presión resistente, pero la violencia la puso la policía y de ello damos fe hasta quienes no somos independentistas. Lo menos que puede decirse del dúo Rajoy / Llarena es que se equivoca. Y cuando estima que los delitos cometidos por los políticos catalanes además de merecer un encausamiento se ajustan en todos los casos a lo previsto democráticamente para la prisión sin fianza, vuelve a incurrir en eso que tantos y tantos calificamos de equivocación para arriba.

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El presidente Puigdemont también es nuestro

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Carles Puigdemont durante el discurso de la Diada de Sant Jordi

En medio de una retransmisión de RNE desde Valladolid con público presente la presentadora anuncia una noticia, la detención del president Puigdemont por la policía alemana a resultas de la petición de la fiscalía española, o sea el Gobierno. Reacción inmediata en el público: aplausos. Seguramente no todo el público, habría personas que en vez de exultantes estarían un algo encogidas por una noticia que anunciaba algo lamentable, la persecución policial a un político ordenada por el gobierno corrupto de M.Rajoy. Incluso puede que alguna persona que se sumó instintivamente al aplauso sintiese luego vergüenza. Seguramente, pero qué siniestra reacción de ese público, que podría ser el público que sigue RNE en muchas otras ciudades españolas.

Una reacción propia de carceleros voluntarios, el odio sembrado desde la política y los medios de comunicación españoles hacia los gobernantes catalanes y los más de dos millones que los votaron ha envilecido la vida social y a la gente como no se conocía desde hace cuarenta años. Y eso se corresponde con la imagen que se ha ganado el Reino de España nuevamente, un país represor, donde las diferencias políticas se solucionan con la policía y la prisión, un país del que huyen disidentes o entran en la cárcel.

Son consecuencias llamativas de un plan férreo trazado desde el primer momento en que M.Rajoy llegó a la Moncloa a lomos de todos los medios de comunicación de la corte, propiedad de la banca. Inmediatamente “tomaron” TVE y eso era indicativo de lo que iban a hacer, para aplicar un programa de robo de derechos sociales y de saqueo del estado necesitaban acabar con la libertad de expresión, ya tenían los periódicos y televisiones, y redactaron la Ley Mordaza.

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La mentira y la burla de Cifuentes como modus operandi del PP

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Cristina Cifuentes se apoya en Albert Rivera

Cifuentes  tiene que dimitir y lo sabe. Que aún no lo haya hecho solo es una ilustrativa representación de su clase política. La misma clase que la de su partido, el PP de la corrupción endémica. Si el modus vivendi de la derecha es la doble moral, su modus operandi solo puede ser el engaño. No hay otra conjugación de ambas maneras. Tal proceder político produce indignación, pero las consecuencias van mucho más allá de esa inmediatez. La mentira, la estafa, la hipocresía, el engaño penetran inevitablemente en la venas del cuerpo social y lo enferman de gravedad. No es una enfermedad incurable pero, si no se trata, con frecuencia no se llega a tiempo de la salvación. En ese estado terminal se encuentran las naciones en la antesala de las guerras. No, no es que venga con guerracivilismos: es que, al contrario de lo que pensaba Clausewitz (“la guerra es la continuación de la política por otros medios”), en España parece que la política es la continuación de la guerra por otros medios. No hay más que darse un paseo por los tribunales y las cárceles.

Cifuentes sabe que tiene que dimitir desde el minuto cero en que eldiario.es sacó a la luz el escándalo de su máster. Basta ver el  vídeo que difundió por la noche en ese día de su cuenta atrás. Pasando por alto los abrumadores indicios de su delito, Cifuentes se victimiza para hacer creer que las informaciones sobre ese máster suyo no son sino un ataque, personal y político, de este medio; Cifuentes representa, como es habitual en ella, ese papel de trabajadora sin descanso que vende como su modus vivendi. Pero hay un momento en que le pierde su falsa naturalidad y se dirige a quienes exigimos su dimisión con una vocecita burlona que contiene todas las burlas con las que el modus operandi del PP se está cargando nuestra vida social. El constante y despectivo recochineo con que nos trata la formación política en el Gobierno, que a través de sus altos cargos actúa como una organización criminal y una asociación ilícita. No lo digo yo, la Fiscalía me libre, lo dijo el juez De la Mata para referirse a la cúpula financiera del PP (sus extesoreros y su exgerente) y al propio Partido Popular como responsable civil subsidiario de esos delitos, junto a los de blanqueo, tráfico de influencias, fraude fiscal y delito electoral.

Normal que en semejante contexto, en el que hasta los imputados se han considerado impunes, a Cristina Cifuentes le pareciera peccata minuta mangonearse un título de la Universidad Rey Juan Carlos, universidad que pagamos todas y que el PP ha convertido en su chiringuito académico, regido por la endogamia, el enchufismo y el mamoneo. Un chiringuito del que además da cuenta el hecho de que la URJC sea la única universidad, al menos en la Comunidad de Madrid, que no publica en su web las convocatorias de concurso para las plazas de profesores. El lugar ideal, si te llamas María Cristina Cifuentes Cuencas, para hacerte un máster presencial sin pisar el aula, sacar un notable en un trabajo no presentado y que se traspapele tu Trabajo de Fin de Máster. Cómo nos vamos a extrañar de errores informáticos tan humanos si en la sede del PP en la calle Génova se borraran ¡35 veces! los discos duros de los ordenadores. Cómo nos vamos a extrañar de un traspapeleo cualquiera si, para recoger su despacho en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella llenó varios contenedores con documentos que habían pasado por la destructora de papel. Cómo nos vamos a extrañar de que haya confusiones al apuntar las notas de un simple máster si aún no sabemos quién narices es ese tal M. Rajoy, ¿eh?

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El retorno de las reivindicaciones materiales

Movilización de los pensionistas en Santander. | ANDRÉS HERMOSA

La ira, o simple frustración de la gente, suele surgir más cuando la economía se recupera que durante las crisis, quizás debida al factor miedo durante la época baja, o al ansia de compartir los frutos del nuevo crecimiento económico en la de alza. España se está llenando de reivindicaciones materiales, desde los pensionistas a las mujeres por la igualdad en la paga (aunque esta última empezó con la globalización del #MeToo), a los taxistas frente a servicios llamados colaborativos como Uber, entre otros, o los estibadores que afrontan el reto de la automatización. Y esto ha cogido a buena parte de la clase política -el Gobierno para empezar- a contrapié. Varias encuestas demuestran que a lo largo de 2017 la percepción por los ciudadanos de la situación económica ha empeorado y es ampliamente mayoritaria. ¿Qué ha pasado? Pues para empezar que los frutos del crecimiento económico no están penetrando por igual en toda la población.

Una subida de las pensiones de 0,25% puede resultar psicológicamente más irritante e insultante -pues muchas veces se traduce en dos o tres euros al mes- que una congelación. Más aún cuando la economía ha crecido en 2017 un 3,1% y el Banco de España prevé un crecimiento del 2,7% en 2018. Los funcionarios se han visto otorgado un incremento salarial que puede llegar a un 8% en tres años. Mucho se habla de vincular el aumento de las pensiones al IPC. Pero también habría que vincularlo al crecimiento de la economía y de la recaudación de impuestos (que podría ir a menos si no se toman medidas), no sólo a la contribución de los trabajadores al mantenimiento de las pensiones. En todo caso, los pensionistas han descubierto su peso demográfico (creciente en por el efecto del baby boom de antaño que esta entrando en esta clase), su capacidad de movilización, y los nuevos medios para lograrla con los que ahora cuenta a través de las redes sociales y servicios de mensajería en sus móviles pues ha llegado a la jubilación una generación que los sabe usar muy bien. Lo material también está en red. Siempre lo ha estado. Incluso en la economía de lo intangible.

Las pensiones preocupan no sólo a los pensionistas, sino a los que quieren garantías de que podrán cobrarlas cuando les llegue el momento, mientras se preocupan por su trabajo -la idea de empleo está siendo sometida a revisión- y sus ingresos. Cabe recordar cómo hace unos años los jóvenes se lanzaron a calle en Francia para protestar contra la elevación de la edad de jubilación de los 60 a los 65 años (es Francia), y en aquellas manifestaciones se vieron carteles del tenor “¡Queremos vivir como nuestros padres!”. Mayo del 68 había quedado lejos.

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De necesidad virtud

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Carles Puigdemont en Bruselas.

Con la detención de Carles Puigdemont en Alemania van a ser jueces y tribunales de cuatro países europeos los que van a tener que pronunciarse sobre la eurorden dictada por el Juez Pablo Llanera. Si inicialmente era la judicatura belga exclusivamente la que tendría que haber tomado una decisión, en este momento, además de la belga, tendrán que intervenir las judicaturas alemana, escocesa y suiza. La incorporación de la justicia alemana no significa, en principio, nada más que eso. Todos los políticos nacionalistas exiliados iban a tener que comparecer ante un juez belga, escocés o suizo. Ahora, además, uno de ellos lo va a tener que hacer ante un juez alemán.

Cada uno de estos países tiene un ordenamiento jurídico distinto, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, además de tradiciones jurídicas diferentes en un terreno tan proceloso jurídicamente como el que tienen delante de si.

Quiero decir con ello que, en este momento, de lo único que podemos estar seguros es de que se va a entrar en una batalla procesal de duración incierta, pero que consumirá, en todo caso, varios meses.

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Los números del agua son la vergüenza de la humanidad

El pasado jueves 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua y, aprovechando la efeméride, a lo largo de la semana ha tenido lugar en Brasilia el octavo Foro Mundial del Agua (WWC, por su acrónimo en inglés).

El encuentro, al que han asistido más de un centenar de altos mandatarios internacionales, ha servido para volver a señalar los vergonzosos números del acceso al agua potable y de saneamiento en el mundo. Algo que, según la ONU, debería ser un derecho humano universal, pero que en verdad sigue siendo el privilegio de los que vivimos en el lado bueno mundo.

Mientras en los países desarrollados jugamos al Monopoly con el agua, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no deja de gritarnos al oído que 3 de cada 10 personas en el mundo -y eso son 2.100 millones de seres humanos- carecen de acceso al agua potable en sus hogares, mientras que 6 de cada 10 -y aquí hablamos ya de 4.500 millones- carecen del sistema de saneamiento básico para la salud.

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Un estado de excepción a la vieja usanza

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño del Congreso. / EFE

El 155 CE estaba previsto para reaccionar políticamente ante un incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes o ante una actuación de la misma que atente gravemente contra el interés de España. Se trataba de corregir un ejercicio desviado del poder, imponiéndole a las autoridades de la comunidad autónoma el comportamiento constitucionalmente exigible. El 155 tiene un componente de “estado de excepción”, pero limitado al ejercicio del derecho a la autonomía y con la finalidad de restaurar el ejercicio de tal derecho de conformidad con la Constitución. No está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos. Es decir, no está en la Constitución para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción” en el sentido tradicional del término, del que en España, por desgracia, sabemos mucho.

Y, sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido. Al día siguiente de que el Consejo de Ministros decidiera activar las medidas autorizadas por el Senado, el Fiscal General aprovechó la ocasión para activar querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. La sincronización entre la acción del Gobierno, de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no pudo ser más perfecta. Y para activarlas mediante la “fabricación” de una acusación por un delito inexistente, el delito de rebelión, que más de cien profesores de derecho penal de las Universidades españolas consideran que no ha sido cometido por las personas contra las que la querella se ha dirigido. En el día de ayer, 23 de marzo, el juez instructor acaba de dictar un auto de procesamiento, acompañado de la medida cautelar más extrema que puede adoptarse.

Estamos volviendo a algo que hemos conocido en el pasado: la declaración del “estado de excepción” para, a continuación, actuar contra los adversarios, transformados de esta manera en “enemigos”, a los que hay que destruir. La lógica que se está siguiendo contra el nacionalismo catalán no es una lógica propia de la democracia, sino de épocas predemocráticas. Los que ya tenemos una edad conocimos esta forma de actuar por parte del Estado. La utilización del aparato jurídico del Estado a través de la declaración de un estado de excepción para reprimir penalmente al adversario, convertido de esta manera en enemigo, político. Esa es la lógica del estado de excepción. Al adeversario polítco no se le combate políticamente, sino que se le persigue penalmente. Es lo que se está haciendo con el nacionalismo catalán. No hay que hacer política. Únicamente cabe la represión penal. El 155 político no fue más que la coartada para el 155 penal. Para el nacionalismo catalán sólo vale la Constitución Negativa, que es, justamente, en lo que consiste el Código Penal.

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