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Aguirre recorta en la lucha contra los incendios forestales

La economía acecha al monte. Ahora que el fuego en los bosques ha saltado a primera plana (los incendios en la Comunidad Valenciana, Albacete y Murcia han arrasado 56.000 hectáreas cuando el año pasado las llamas devoraron 80.000 en toda España), el dinero destinado por la Comunidad de Madrid para la prevención y extinción de incendios forestales también es presa de los recortes presupuestarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los contratos principales para dar este servicio (privatizado) que se publicaron el pasado 8 de junio suponen un recorte de presupuesto del 7,7%: de los 54.678.722 euros calculados para 2008-2009, la Comunidad de Madrid los ha dejado en 50.423.567 euros. Más de cuatro millones de recorte.

El plan antifuego de Madrid se denomina INFOMA y comprende diversas acciones y contratas además de implicar a los retenes, bomberos y agentes forestales. El Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de sacar dos concursos titulados de “prevención y extinción”. Uno para la zona este de la región y otro para la oeste. Los pliegos de condiciones de los contratos recogen que el encargo a la empresas supone “el diseño y ejecución de un operativo de prevención y extinción de incendios de vegetación”. Y hace referencia a “tratamientos de selvicultura preventiva sobre las masas forestales” así como a la “actuación inmediata (…) para evitar que los conatos se consoliden en grandes incendios”. Lógicamente, estas cláusulas pormenorizan las unidades, retenes, operarios y maquinaria que están bajo la contratación de la compañía que se haga con el servicio.

Esta protección del terreno forestal madrileño (un 50% de todo el territorio de la comunidad) está viviendo recortes desde 2010. Al terminarse los contratos que abarcaban 2008 y 2009, el Gobierno aprobó una prórroga para las empresas adjudicatarias (Ingeniería Forestal S.A. y Mantenimiento de Infraestructuras S.A.). Ambas veían así renovados sus ingresos aunque el Ejecutivo madrileño ya les quitó un pellizco global de 355.000 euros sobre las rebajas que ellos ofrecieron para convencer al Ejecutivo de Aguirre. El 21 julio de 2011, el Consejo de Gobierno prorrogó más aún las privatizaciones del servicio.

Lo presupuestado ahora por Aguirre está incluso 448.195 euros por debajo de los precios que ofertaron las anteriores ganadoras del concurso hace cuatro años. Supone sólo un 0,8% menos, pero es una rebaja sobre rebaja. Las empresas que compitan por llevar a cabo las labores contra el fuego todavía tienen que echar sus cuentas y presentar sus ofertas que, también, pueden tirar a la baja.

La autoridades madrileñas han podido exhibir desde 2003 un descenso de los conatos (extensión de menos de una hectárea) e incendios (más de una hectárea). Aquél año fueron 191 y 120 respectivamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2010 fueron 158 y 21. Pero, el avance informativo sobre incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente registró para la Comunidad de Madrid 235 conatos y 59 incendios en 2011. Se trata de un incremento del 48% y el 180% respectivamente.

Reducir las partidas económicas afecta a la protección del monte. Traducido, el Sindicato SUT asegura que se han dejado de contratar a “276 trabajadores de incendios forestales para la época de peligro alto”. Así mismo, advierte que “los puestos de observación están sin cubrir así como los Parques de Incendios Forestales y los puestos de coordinación forestales”. Esta declaración sindical tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, de los 40 puntos de vigilancia distribuidos por la comunidad, a cinco de julio están operativos 19, según los propios encargados de esas labores (estos sí, personal laboral público). Uno de los que no está cubierto es el de la zona Guadarrama-Cercedilla-Los Molinos. La consejera de Presidencia, Regina Plañiol, contrapuso hace una semana en la Asamblea de Madrid que “se está contratando gente”, a pesar de que el INFOMA establece que los medios estén operativos en la época de alto riesgo de incendio (de 15 de junio a 30 de septiembre).

Otra rémora económica para proteger los montes de las llamas es la falta de independencia de los Parques de Incendios Forestales (PIF). Los PIF dependen de los parques de bomberos ordinarios y están bajo el mando de un bombero funcionario. La negativa de este cuerpo a cubrir los PIF a base de horas extraordinarias y no con personal asignado a ese cometido(en su conflicto con el Gobierno de Esperanza Aguirre por ampliar la plantilla) impide que las bombas de extinción estén en esos PIF (más cercanos a las zonas de riesgo) y deban movilizarse desde los parques ordinarios cuando salta la alarma. “Se juega demasiado la baza del azar”, resume uno de los trabajadores del INFOMA.

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