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Prometo cuidar el medio ambiente

El presidente del Gobierno y todos los cargos políticos juran el acatamiento a la Constitución, por lo tanto, "velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente"

Eso es lo que hará el próximo presidente de Gobierno y todos los cargos del nuevo gabinete al asumir sus responsabilidades en cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral. Porque al jurar o prometer el acatamiento a la Constitución, los cargos electos asumen el compromiso de cumplir con lo que manda el artículo 45 de su Título Primero, el referente a los derechos y deberes fundamentales. En ese apartado nuestra ley fundamental señala de manera muy clara que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente".

Eso es lo que ordena la ley. Quebrantar ese mandato es incumplir la Constitución, o dicho de otro modo: promover, amparar o permitir el daño al medio ambiente es inconstitucional.

La propia web del Congreso de los Diputados destaca el alto valor de ese artículo de nuestra Constitución y subraya que la vocación de amparo legal del medio ambiente es incluso anterior al texto de 1978. Así, un Real Decreto de 16 de noviembre de 1900 ya castigaba por ejemplo "el enturbiamiento e infección de aguas y el aterramiento y ocupación de los cauces con los líquidos procedentes del lavado de minerales o los residuos de las fábricas".

Asimismo, tras ser defendida en el Senado diez años antes por el insigne naturalista y padre de la oceanografía española Odón de Buen, la Ley de Parques Nacionales de 1917 -revisada por el gobierno de Rajoy para favorecer intereses privados en 2015- creó los primeros espacios naturales protegidos y ordenó "respetar y hacer que se respeten la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, evitando con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre". La Constitución de la II Republica de 1931 recogió el espíritu de esa ley al ordenar, también en su artículo 45, la protección de "los lugares notables por su belleza natural".

Actualmente, cuidar y respetar la naturaleza y el medio ambiente es una de las principales disposiciones de nuestra legislación. Existen un elevado número de ordenanzas comunitarias, estatales, autonómicas y locales que exigen el cumplimiento de ese deber. Otra cosa es la voluntad política que han tenido los diferentes gobiernos a la hora de acatarlo. En el caso del gabinete saliente, el de la última mayoría absoluta que volverá a darse en muchos años, esa voluntad se resume en una sola palabra: nula. 

Por todo ello, para que desistan de una vez en el desacato a la ley y asuman el mandato constitucional de proteger y defender el medio ambiente y la naturaleza, los representantes políticos que accedan al próximo gobierno deberían atender las propuestas que acaban de presentar nuestras principales organizaciones ecologistas y conservacionistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

En esa razonada y razonable lista de sugerencias estiman fundamental que el próximo Ejecutivo cuente con una Vicepresidencia de Sostenibilidad y recupere el Ministerio de Medio Ambiente. Defienden la necesidad de una nueva Ley de fiscalidad ambiental que redistribuya la carga de impuestos para favorecer las buenas prácticas ambientales y exigen un giro inmediato a las políticas energéticas para dejar de apostar por las fósiles y la nuclear y avanzar, junto al resto de la UE, hacia un modelo basado en el impulso de las renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo.

Piden al nuevo gobierno que asuma su responsabilidad en la lucha contra el calentamiento global con una Ley de Cambio Climático que regule de manera estable, previsible y coherente las políticas que afectan al clima. Unas políticas que incorporen objetivos ambiciosos para 2030: como la reducción de un 55% de las emisiones de gases con efecto invernadero, un objetivo mínimo del 45% de generación procedente de fuentes renovables y una reducción en el consumo del 40% respecto a 1990.

Tras estos largos años de desacato constitucional del gobierno popular, tras esta insoportable etapa de ninguneo y menosprecio institucional al medio ambiente, es necesario que los próximos responsables del gobierno cumplan sus promesas electorales y asuman la responsabilidad de reparar los daños causados, protegerlo y cuidarlo. Solo así recuperaremos el tiempo perdido y recobraremos la esperanza de un futuro más limpio y sostenible; más sano, comedido y solidario.

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