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La base fascista del campo

Las justas reivindicaciones de miles de campesinos y agricultores deben ser atendidas y separadas de las intenciones de la oligarquía terrateniente

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Olivareros cortan la A-4 en Andújar (Jaén) en ambos sentidos

Olivareros cortan la A-4 en Andújar (Jaén) en ambos sentidos

La reducción al absurdo y el pensamiento en dos dimensiones es uno de los problemas para el análisis que en multitud de ocasiones dificulta expresar realidades subyacentes e incómodas, que acaban apareciendo con escándalo e indignación de la izquierda que, haciendo honor al infantilismo histórico, se niega a mirar la realidad con ojos científicos en vez de idealizarla. Es un tópico propio de su cultura política, que se repite cada vez que se intenta mirar en profundidad a un evento con la intención de poner sobre la mesa de diagnosis todos los elementos existentes para encontrar la ruta adecuada y no ser un colaborador necesario del enemigo.

En un momento en el que prima el ruido de las redes y medios sobre el silencio y la pausa, es arriesgado, pero más necesario que nunca, pararse a mirar con distancia y buscar diferentes perspectivas que ayuden a atajar el crecimiento del posfascismo. No estamos aún como Italia, pero todo es cuestión de tiempo, si no nos atrevemos a plantear realidades incómodas que puedan perturbar nuestro ideal de sociedad y los dogmas analíticos con los que afrontamos los hechos.

La estrategia de la extrema derecha en las movilizaciones agrarias es una obviedad que conviene no ignorar. Consiste en hacer pasar a empresarios por jornaleros para mostrarse como garante del Estado social del bienestar solo para los de casa: el chovinismo del bienestar. La cooptación de los movimientos obreros por el fascismo ha sido una constante a lo largo de la historia y hacerlo con mayor o menor acierto, creyendo más o menos en ello, no implica que no sea una estrategia totalmente asumida por estos movimientos de los que en España hemos tenido cumplida cuenta en diversas ocasiones. Desde Hogar Social Madrid empotrándose en cualquier reivindicación obrera en la actualidad, a Ernesto Giménez Caballero aconsejando a José Antonio Primo de Rivera adoptar los colores del anarcosindicalismo.

La estrategia es conocida, o al menos debería serlo, pero su éxito depende del sustrato ideológico donde pretenda prender y de la habilidad discursiva y de acción de los que buscan su fracaso. La historia sirve, una vez más, para aportar claves que ayuden a comprender los flujos sociológicos y además establecerla como mapa para estar prevenido ante movimientos de nuestro presente que, sin ser replicables, pueden beber de las mismas fuentes.

El inconsciente colectivo en el pensamiento de la izquierda asocia el movimiento agrario y las luchas campesinas con la cultura doctrinaria de su ideario. El campo, sus duros trabajos, su sacrificio, sus jornaleros. La izquierda es el campo y el campo es la izquierda. El sindicalismo anarquista y socialista forma parte de la historia más combativa a favor de la clase trabajadora y se suele tomar la parte por el todo dificultando la comprensión sociológica de la ideología que existe en el ámbito rural. Se ignora de manera acrítica el proceso reactivo que estas luchas tuvieron en el campo no solo entre los grandes terratenientes, sino en agricultores medianos que vieron como una amenaza estas reivindicaciones sindicales. Se ignora de manera peligrosa la importancia de la base fascista del agro. Revolución y contrarrevolución, reforma y contrarreforma. La idealización de la historia ayuda a simplificar y endulza el recuerdo.

Dos procesos históricos pueden servir de brújula para entender lo que puede ocurrir en el ámbito rural si la izquierda cree que el sustrato ideológico del trabajo agrario le pertenece por imposición dogmática y no pasa de las musas a lo concreto. El primero, las desamortizaciones liberales de la época isabelina, que son un ejemplo de lo que sucede bajo el radar de la historia y las consecuencias de decisiones que se asumen como progresistas. La epidermis de su conocimiento implica una cierta simpatía hacia este movimiento histórico, arrebatar las tierras y propiedades a la Iglesia para acabar con el sistema de propiedad del Antiguo Régimen y crear la base para un estado liberal moderno. Lo cierto es que la forma en la que se realizó la desamortización de Mendizábal propició que los lotes de tierras expropiados a la Iglesia fueran adquiridos por grandes burgueses y oligarcas impidiendo el acceso a las tierras a los medianos y pequeños agricultores. La Iglesia, para intentar mantener sus privilegios, se adhirió de manera coyuntural a la extrema derecha carlista; el peso del carlismo en la realidad social actual es significativo, como bien ha explicado Jorge Dioni. En estas circunstancias, el pueblo, la masa jornalera, que era mayoritaria en aquellos tiempos, quedó del lado antiliberal al ver cómo las desmortizaciones les privaron de su modo de vida, ya exiguo, para ponerles la subsistencia aún más difícil. En esta línea, son significativas las palabras de José Manuel Lechado en su obra El mal español, para indicar la ceguera progresista sobre su propia historia: "Se da la paradoja de que la clase baja sea en esencia conservadora, cuando no reaccionaria. Los sirvientes, porque dependen para subsistir de la pervivencia de aristócratas y clérigos acostumbrados al lujo. Y el resto, porque los liberales les desprecian, les humillan, y les hunden en la miseria con cada medida 'modernizadora'. Tildar al pueblo español como ignorante por apoyar a la ultraderecha carlista es simplificar mucho las cosas".

Este proceso histórico, que sirve para comprender la conformación ideológica de las zonas rurales cuando se aportan medidas modernizadoras, se complementa con otro proceso más cercano en el tiempo y que enseña de manera concreta la deriva que puede surgir en sectores agrarios que en un principio dieron apoyo a opciones progresistas. La Segunda República murió en el campo y tiene un sentido lógico irreprochable. En el campo español de los años 30 convivían diferentes intereses, como en el actual, una importante cantidad de pequeños propietarios de tierras, 1.700.000 con el 34% de las propiedades, unos 17.000 terratenientes con el 42% de las propiedades y 1.900.000 jornaleros y más de 500.000 aparceros. Esta distribución de la propiedad agraria implicaba un choque constante entre intereses contrapuestos. El campesinado intermedio luchaba contra los efectos de una importante crisis mundial y contra realidades internas que pueden sonarnos cercanas: incremento de los costos salariales y de una ambiciosa reforma legislativa laboral por los gobiernos burgueses socialistas que se unía a una intensidad huelguística sin precedentes por los combativos sindicatos anarquistas y socialistas. Esa realidad propició que los agricultores con pequeñas propiedades, que necesitaban contratar jornaleros para su labor, se vieran atraídos por las reivindicaciones de la gran patronal agraria. Pero no fue esa situación la que acabó por derechizar de manera irredenta a una parte importante del agro español, sino la propia incapacidad política de los gobiernos republicanos para mitigar y equilibrar unas exigencias de parte de su electorado potencial con las necesidades de los jornaleros. Aquella disensión entre campesinado medio y sindicatos anarquistas y socialistas como representantes de las necesidades jornaleras provocó una deriva constante de muchos de los elementos que apoyaron al centro-izquierda en las elecciones de 1931. Un giro hacia postulados patronales de los terratenientes y antidemocráticos católicos que acabaron derivando en la estructura fascista que finiquitaría el gobierno democrático de la Segunda República.

Las movilizaciones agrarias de estos días no pueden comprenderse extrapolando únicamente los procesos de conformación conservadores en los ámbitos rurales desde el siglo XIX. Pero para conocer los riesgos de deriva reaccionaria existentes en estas movilizaciones sí es imprescindible ser consciente del sustrato ideológico que opera en el campo español desde las reformas liberales decimonónicas para que desde el Gobierno, con medidas legislativas concretas y materiales, sean capaces de atajar y desactivar ese riesgo haciendo más sostenible la vida de millones de personas en el campo español. Las justas reivindicaciones de miles de campesinos y agricultores deben ser atendidas y separadas de las intenciones de la oligarquía terrateniente. Hay que romper por fin esa unidad de acción reaccionaria para que los intereses de los jornaleros y pequeños propietarios sean compatibles, aislando a los "agricultores de sofá" que cobran millones de euros en subvenciones de la PAC y utilizan el campo y su dolor para quebrar el progreso social.

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