¿Quién nos protege?

La denuncia de la inspectora de Policía contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional muestra un detalle que hiela la sangre por todo lo que implica. Según la narración de los hechos José Ángel González ordenó a la inspectora que acudiera a una comida con él y su número dos trayendo un coche oficial para recogerlo y acompañarlo a su casa donde sucedieron los hechos de la supuesta agresión que fueron grabados por la denunciante. Le ordenó acudir a que la violaran.

La clave en esta sucinta narración que he hecho es la palabra ordenó, porque en el caso que nos ocupa podía hacerlo, podía ordenar cualquier cosa y no había nada que la inspectora pudiera alegar para eludir esa orden de su máxima superior, que también había sido su pareja. No podía acudir a nadie para evadir ese mandato aunque tuviera miedo, aunque creyera que esa agresión podría producirse sin que eso afectara de manera inmediata a su trabajo porque no se puede desobedecer al cargo de más poder dentro de la Policía. Tenía que elegir entre una sanción profesional o convertirse en víctima de agresión sexual. 

Esa manera de actuar no es algo que nace al final de tu carrera después de que el gobierno hubiera incluido en un decreto la posibilidad de que te mantengas en el ejercicio de tus funciones y jubilarte aun más tarde. Ese es un comportamiento adquirido habitual a lo largo de los muchos años en los que José Ángel González ha ejercido cargos de responsabilidad en la Policía. No se aprende ese abuso de poder con 65 años, se tiene entrenado. Lo que empezamos a sospechar es que además se premia para ascender. 

La pregunta que es imprescindible hacerse es quién está al mando de quien tiene que proteger a las mujeres, de quienes tienen que protegernos a todos. ¿Cuáles son los méritos que hay que atesorar para ir subiendo en el escalafón? A la vista de los hechos es fácil concluir que la violencia, la humillación y el sometimiento forman parte del ejercicio de sus funciones en su ocupación. Es preceptivo cuestionarse en cuántos casos y actuaciones esa manera de proceder se repite. No me creo que alguien que tiene la sangre fría para dar esa orden sea la primera vez que lo usa de manera tan abusiva. 

En los últimos trece años ha habido tres Directores Adjuntos de la Policía Nacional. En once de esos trece años han estado en ese puesto Eugenio Pino y José Ángel González. El primero de ellos ya ha sido condenado por su implicación en una de las muchas derivadas de la Policía Patriótica, el otro es el acusado de agresión sexual. Eugenio Pino antes de esa máxima responsabilidad fue el máximo responsable de las Unidas de Intervención Policial, los antidisturbios, desde 1997 a 2005. Para quedarse tranquilos. José Ángel González también fue uno de los máximos dirigentes de las UIP habiendo sido durante casi veinte años el máximo responsable de la VII Unidad de Intervención Policial con sede en Valladolid. Es una buena cantera la UIP. 

Es verdaderamente alarmante la poca calidad democrática de los máximos responsables de la Policía Nacional y es necesario establecer una limpieza profunda que ponga en cuestión qué concepción de la ley y la seguridad se tienen en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que estos perfiles sean los que acaban liderando la Policía usando su ínfima calidad moral como baremo fundamental para ejercer su actividad profesional. No es algo que sea exclusivo del cuerpo de Policía, en el caso de la Guardia Civil hemos tenido casos igual o más sangrantes como es el caso de Manuel Sánchez Corbí, que llegó a ser el máximo dirigente de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, habiendo sido condenado en 1992 por torturas al etarra Kepa Urra. Años después de esa condena se le condecoró con la Cruz de Plata de la orden del mérito. No incluyeron las torturas, que se sepa, en la exposición de motivos para los ascensos ni las condecoraciones. Pero me temo que sí tuvieron que ver, a favor, en esa carrera tan exitosa. 

Para tener una Policía Nacional y Guardia Civil propia de un país democrático es necesario depurarlo y asumir que algo se ha estado haciendo mal mirando para otro lado con muchas actuaciones policiales porque se asume que hay que elegir entre quienes hacen cumplir la ley y los delincuentes. Es una evidencia que hay que reparar la aberración de premiar a quienes van fraguando su carrera mediante el abuso de poder como norma. Si se abusa con los compañeros, se hace con los ciudadanos. No estamos seguros sabiendo quiénes están al mando de aquellos que tiene como obligación legal proteger nuestros derechos.