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Las eléctricas reniegan del mercado

El riesgo lo asumen los ciudadanos y las empresas se embolsan un beneficio seguro; al revés de lo que nos cuentan

Sus ofertas de tarifas fijas cuestionan las ventajas de estar en el mercado liberalizado

La política energética expulsa a los sectores más vulnerables del consumo y no garantiza la universalización del servicio eléctrico

La CNMC retrasa la publicación de tarifa eléctrica anual por falta de datos

Un tendido eléctrico. EFE

“No más altibajos en la factura”, “una misma cuota doce meses" y “disfruta de la tranquilidad de lo que vas a pagar cada mes”, nos proponen ahora Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Los que dominan más del 80% del mercado eléctrico publicitan una tarifa plana, fija de mediano y largo plazo como ideal para contratar el servicio eléctrico.

Pero, ¿no era la libre actuación de productores y consumidores en los mercados garantía de un acceso universal y además eficiente, especialmente en precios, al servicio eléctrico? ¿No nos anunciaron hace menos de un año la instalación de contadores inteligentes a 1 euro para conocer el precio instantáneo de la electricidad y decidir a qué hora consumir para ajustar nuestro gasto al mejor precio del mercado? Y ahora no. Los adalides del mercado, desde la última liberalización total y cuasi completa de la tarifa, el año pasado, nos animan ahora a lo contrario: contratar la electricidad a plazo y no estar sujetos a las volatilidades e incertidumbres horarias del mercado.

Según los fundamentalistas del mercado eléctrico, “la mano invisible” iba a equilibrar las cosas. Nos atemorizaban con que la intervención del Estado y la empresa pública en el negocio eléctrico terminarían frustrando el progreso individual, motor del interés colectivo de la sociedad.

Hay algo que no cuadra en el mensaje. Si la sugerencia ahora es evitar las incertidumbres del mercado, ¿cuáles son, entonces las ventajas para los ciudadanos de la liberalización del precio de la electricidad? Ninguno. Todo al revés: son los consumidores los que asumen el riesgo del mercado y son las empresas eléctricas y los grandes consumidores industriales los que lo eluden. Veamos.

Los costos totales del sector, sin detalles engorrosos dadas sus singularidades técnicas son: los fijos de inversión comprometidos en la construcción de centrales según tipo de generación (térmica, nuclear, hidráulica, eólica, etc.), en las redes de alta, media y baja de distribución, incluida la financiación, el personal, el mantenimiento, más los costos variables de las materias primas necesarias para la producción y los impuestos directos. Como en cualquier otra actividad, las empresas añaden el beneficio que se asignan como propietarios del capital. La agregación de todos ellos conforman el precio final de la unidad de electricidad que compramos: el kilovatio-hora. Así como se paga la hora de trabajo físico, en forma de salario por hora, la electricidad se abona como energía entregada por hora (kW/h).

La energía, por el lugar que ocupa en la cadena de valor de la producción y por los servicios que presta al bienestar y confort básico de los ciudadanos, es un bien económico estratégico. Ahora bien, ese carácter singular el Gobierno no lo traduce en políticas orientadas a garantizar el acceso de los ciudadanos al servicio eléctrico. Por el contrario, el Estado se compromete financieramente, de acuerdo con la evolución de la demanda prevista a lo largo del tiempo, en las inversiones de las empresas, asegurándoles una rentabilidad a los capitales invertidos en el equipamiento correspondiente. Las compañías eléctricas no tienen riesgo de negocio. Las tarifas eléctricas facturan ese privilegio en forma de peaje eléctrico y todos los ciudadanos lo pagan en el recibo eléctrico independientemente del consumo efectivo. Es el término fijo o pago por potencia que viene recogido en el recibo de la luz. Es decir, entreguen o no energía, pagamos las inversiones de las eléctricas con beneficio incluido. Además, ese pago fijo de la electricidad ha venido aumentando en los últimos años, contrarrestando las inversiones que los ciudadanos realizan en eficiencia energética en las compras de aparatos eléctricos o en instalaciones domésticas ahorradoras de energía.

Por otra parte, el pago de potencia firme se debe corresponder con el período de vida útil del equipamiento, de forma tal que, vencido dicho plazo de amortizaciones, las empresas dejarían de cobrar ese cargo si no realizan nuevas inversiones o, por lo menos, reajustarlo si éstas se reducen. Cuando se liberalizó el mercado eléctrico en 1997, el sector reclamó reconocimiento por las inversiones “mandatoriamente” obligadas a ejecutar y no amortizadas en el momento de la apertura y cuyo recobro, argumentaron, no garantizaría el futuro libre mercado. Como compensación, recibieron los multimillonarios costes de transición a la competencia (CTC), cobrados cuando muchas de esas instalaciones estaban más que amortizadas. Incluso han logrado prórrogas en la vida útil de las centrales nucleares ampliando el derecho de cobro de los cargos fijos correspondientes.

Las empresas eléctricas también se cubren frente al riesgo de los costos variables, los asociados a la compras de las materias primas energéticas necesarias para la producción. El mix de esos recursos naturales energéticos de acuerdo a la capacidad firme instalada en España, va del uranio de las nucleares al carbón, pasando por el gas y a las gasolinas más refinadas. La evolución del precio de ese mix guarda alguna relación con la variación del precio del barril de petróleo. El precio de las materias primas se amortigua, incluso se fija, contratando seguros. Estos convierten la volatilidad del costo de los combustibles en un precio estable de medio plazo. Si éste baja, pagan la diferencia y si sube, lo cubre el seguro contratado. Así operan, con precios tasados a medio plazo y evitan la incertidumbre. Incluso lo hacen con los dólares con los que se pagan las facturas del petróleo.

Los grandes consumidores industriales pueden mitigar también el incremento de los precios finales de la energía porque participan en mercados mayoristas de subastas directas de energía con las empresas eléctricas. Si los resultados son negativos, las grandes empresas pueden presionar al Gobierno para lograr subvenciones directas como está sucediendo estos días con el fabricante de aluminio Alcoa.

La agrupación de consumidores domésticos en empresas comercializadoras de poco puede servir para ganar “poder de mercado”. Entre otras cosas, porque el margen comercial para mejorar los precios es mínimo al no tener casi instalaciones de distribución y tener que pagar el conjunto de los costes de esa actividad a las compañías del oligopolio. Los ciudadanos y los industriales de bajo consumo son casi los únicos agentes expuestos a las inclemencias de los precios del mercado eléctrico.

Las empresas atrapan el ingreso de la venta de electricidad a medio plazo con rentabilidad total, sobre costes fijos y variables ya conocidos. Ningún riesgo de negocio para ellas: clientes cautivos, inversiones recuperadas e ingresos y beneficios asegurados. Los consumidores no tienen garantías de ingreso para satisfacer su gasto energético ni pueden cubrir riesgos y están expuestos a los incrementos (las reducciones son mucho más lentas) de los precios del mercado que las empresas trasladan a las tarifas finales de la luz.

En suma, los ciudadanos no tenemos alternativa: o pagamos el precio fijo que las eléctricas nos proponen o nos arriesgamos a pagar a precio del mercado. Éste ha subido, desde 2008, más de un 25%. Las rentas de los hogares han caído casi otro tanto, ampliando dramáticamente la brecha entre el gasto energético y el ingreso de las familias. Esto explica el aumento extraordinario de la vulnerabilidad energética de los ciudadanos. En muchas familias el gasto energético ahora tiene la categoría de variable y no fijo. Esto es, pobres energéticos, que prescinden de pagar la electricidad para subsistir en precario.

El mercado, la liberalización y privatización completa del sector eléctrico atentan contra el bienestar los ciudadanos. Las políticas son crecientemente exclusivas, expulsan a los sectores más vulnerables del consumo y no garantizan la universalización del servicio eléctrico para el conjunto los ciudadanos, uno de los signos de identidad del Estado del Bienestar.

Los despropósitos del mercado eléctrico y el cuestionamiento por las propias empresas eléctricas a los consumidores de las ventajas de estar en él brindan la oportunidad para reflexionar sobre la sostenibilidad del modelo privatizado y liberalizado, replanteando el papel estratégico del Estado y de lo público en la prestación y garantías para un auténtico acceso a un servicio universal, para todos, como es el de la electricidad.  

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.

 

 

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