Es hora de reforzar a los agentes medioambientales
La semana pasada, mientras me disponía a enviar a la redacción el artículo sobre el agravamiento del espolio del acuífero de Doñana, un grupo de vecinos de Lucena del Puerto arrinconaba, retenía y agredía a un guarda fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que se disponía a inspeccionar los pozos ilegales del municipio. El agente acabó en el hospital. Los vecinos en el bar.
Ante este hecho, todo lo que relataba en aquel artículo se queda corto. La situación en Doñana no es que sea propia del far west: es que es la misma con la que se maneja la camorra napolitana. Especialmente en los terrenos de su corona forestal, y sobre todo en el entorno de Lucena, donde el 90% de los cultivos son ilegales y cada día se abren más pozos de manera clandestina.
De todo ello les daba buena cuenta en mi artículo. Pero ahora estamos ante un nuevo escenario. Un escenario que requiere la acción decidida y urgente de las autoridades del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Junta de Andalucía para recuperar el control del territorio y evitar, no solo la ruina del patrimonio natural de Doñana, sino el empoderamiento de la mafia fresera ante los agentes que velan por el cumplimiento de la legalidad vigente.
Las cinco principales organizaciones ecologistas de nuestro país, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, le han pedido a la ministra que active de manera urgente todos los recursos legales para defender a los guardas de la CHG, a los agentes medioambientales y a los miembros del SEPRONA frente a los agricultores ilegales que, organizados en bandas y recurriendo a la violencia, siguen expoliando con total impunidad los recursos naturales de Doñana.
Además exigen que tanto desde el Ministerio como desde la Junta de Andalucía se pase de una vez por todas de las condenas a los hechos y se intervengan todas las fincas y pozos ilegales que están secando el acuífero y cuya ubicación conocen sobradamente. Para ello piden que se fortalezca la vigilancia, dotando a la guardería de más agentes, recursos y medios para evitar que el oeste de Doñana se convierta en un territorio usurpado a la naturaleza y conquistado por los agricultores ilegales.
Respecto a este importante punto, el de fortalecer a los agentes que velan por el respeto al medio ambiente y la conservación de la naturaleza frente a quienes quieren acabar con ella, cabe señalar que en su última convocatoria la Junta de Andalucía sacó a concurso 10 plazas de agente medioambiental, 10, para todo el territorio de la comunidad. Algo que desde la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía se consideró una burla, pues no cubre ni las jubilaciones de un solo año, mientras en la última década se han perdido cientos de plazas.
Si no reforzamos la presencia de los agentes medioambientales en Doñana, en Andalucía y en el conjunto del estado corremos el riesgo de que lo que hoy está pasando allí acabe ocurriendo, como ya ocurre pero no de forma tan grave, en otros espacios naturales.
Lo que está pasando en Doñana debería poner en alerta al conjunto de los partidos políticos del parlamento y animarlos a que, en defensa de nuestra naturaleza y del patrimonio de todos, aprueben con la mayor urgencia una Ley Básica Estatal que amplíe las funciones de los agentes forestales y medioambientales, que los dignifique frente al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que refuerce sus dotaciones en número y en equipamiento, y que les permita hacer frente a este tipo de situaciones con más garantías de seguridad.
