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El Rey Heredia no se desaloja. El derecho al servicio de la ciudadanía

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Miembros de la Acampada Dignidad celebran como una victoria la suspensión del desalojo del colegio Rey Heredia en Córdoba.

Miembros de la Acampada Dignidad celebraron como una victoria la suspensión del desalojo del centro.

Cuántas veces los ciudadanos decimos: ¡qué injusta es la justicia! Los profesionales que más cerca estamos de ella, como los abogados, lo confirmamos. Pero a veces, las menos, no ocurre así. Esta es la historia del Rey Heredia que, si bien no es única, no por ello es menos importante.

La ciudadanía se ha sublevado de diferentes formas contra el injusto sistema establecido mediante movilizaciones, propuestas de conquista del espacio público, insumisión... y el Estado, siguiendo su tradicional papel represor de todo aquello que ponga en duda lo que denominan el "sistema", las ha intentado contestar y frenar.

Este es el caso de este artículo. Un colegio abandonado hace años a su suerte. Un Ayuntamiento, el de Córdoba -como podía ser cualquier otro- que lo contemplaba como bien inútil a demoler. Destino que ni tan siquiera era realizable, porque formaba parte de un ambicioso plan urbanístico que en la actual coyuntura es inviable y, por tanto, condenado al fracaso. Frente a ello, una ciudadanía activa, cansada de políticos profesionalizados y de peticiones sin respuesta sobre la posible cesión de dicho edificio.

Así pues, el pueblo decidió usar como suyo, en octubre pasado, lo que es suyo y comenzó a darle un uso social, abierto y responsable bajo el nombre de Acampada Dignidad. Como espacio autogestionado, las decisiones se adoptan en asamblea. Entre las distintas actividades que se realizan destacan el comedor social para 100 personas diarias, apoyo escolar, ludoteca, ropero, biblioteca.., servicios que además de importantes por lo que de por sí suponen, lo son por la forma de hacerse. La vergüenza de pedir comida para uno y los suyos, se convierte en satisfacción cuando no es algo dado, sino participado mediante turnos en la recogida de alimentos y en la cocina.

Un lugar que no solo ha sido animado por los movimientos sociales, sino también por los propios vecinos de un barrio que sufre más que otros la actual situación de crisis. Son ellos los que participan y ayudan, con alimentos y ropa, a sus conciudadanos víctimas de la actual sangría social.

La "criminalización" desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento reacciona. Lo hace, como no, tarde y mal, usando toda su artillería jurídica. Así inicia acciones penales, imputa a nueve ciudadanos. Posteriormente amplía la imputación a otros cinco, varios de ellos usuarios del comedor social. Así pues, la Administración, lejos de avergonzarse por las necesidades creadas o por su incapacidad para cubrirlas, opta por criminalizar al que decide solidarizarse con los más machacados e incluso a estos mismos.

El juzgado, a pesar de comprobar que efectivamente el local se encontraba abandonado y había sido mejorado por la Acampada Dignidad y tras considerar loables las actividades allí desempeñadas, decide poner fin a la ocupación, al entender que "no puede ampararse, en derecho, por más tiempo tan intolerable situación de absoluto desprecio por la propiedad ajena" y que, además, de mantenerse podría "avivar la llama de futuras actuaciones similares".

Pues bien, in extremis, la Audiencia a mediados de mayo estimó el recurso de apelación interpuesto por la Acampada, considerando que el juzgado erró en la decisión, toda vez que no había acreditado el daño que se estaba generando a la propiedad, ni justificado la urgencia de adoptar dicha decisión, teniendo en cuenta que el juicio no podía estar lejos.

A entender del que suscribe, abogado que ha participado en la defensa de imputados de la Acampada Dignidad junto a Myriam Jurado, esto no es más que una aplicación adecuada del derecho a las distintas situaciones sociales, pues el derecho solo puede ser una herramienta al servicio de los ciudadanos y no, como parece ser lo habitual, de los poderosos y del Estado.

El derecho, pues, no puede estar solo para defender la propiedad como siempre se ha pretendido, y sí que es posible una concepción distinta y ética del mismo. El interés solidario no se puede ni se debe criminalizar. Existen distintos campos del derecho que pueden servir para defender la propiedad, ajenos a llevar a un banquillo a quien lucha pacíficamente por los intereses de sus conciudadanos.

Lo que parece una victoria solo temporal y parcial tal vez no lo sea tanto, pues ya ha servido para que el Ayuntamiento se haya replanteado su demolición y haya aceptado incluso ceder este espacio al Consejo de Distrito Sur o a entidades que este determine, lo que permitirá mantener las actuales actividades.

En definitiva, sí se puede desde la ciudanía y la sociedad civil organizada luchar pacíficamente por lo que siempre ha sido nuestro y vencer.

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