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Alaya insiste en pedir información adicional de empresas públicas

Apunta al "indiciario conocimiento" que el Consejo de Gobierno habría tenido del "uso generalizado" de las transferencias de financiación.

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Alaya insiste en pedir información adicional de empresas públicas al ser "necesaria" para su investigación

La jueza Alaya ha insistido en solicitar los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas para poder determinar si ha podido existir "paralelismo" con lo acontecido en la agencia IDEA y el caso de los ERE. La resolución de la jueza se contrapone con los recientes planteamientos de la Fiscalía Anticorrupción y de la propia Junta, que coincidían en pedir que no duplicara la investigación.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya responde al escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción le pidió que aclarara el auto y delimitara "el objeto y finalidad" de la diligencia solicitada, pues "la investigación 'per se' de los ilícitos que pudiesen constituir en relación a cada una de las singulares entidades reseñadas son ya objeto de investigación" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

La instructora dice que "no procede aclarar" el auto de 23 de diciembre al entender que "no existe concepto oscuro" en el mismo que haya que aclarar, no obstante lo cual "no existe inconveniente alguno en ampliar la fundamentación acerca de la razonabilidad" de lo solicitado en dicho auto, lo cual se ha pedido "sólo a los efectos de la presente investigación", consistiendo la prueba "en la aportación de los informes adicionales que haya realizado la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas de la Junta".

Esta información, según la juez, "resulta útil y necesaria para constar el alcance sobre el uso de tal partida presupuestaria para la realización de encargos de ejecución y subvención excepcionales, pues tal uso fue evidenciado en los Presupuestos anuales realizados por la Intervención de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre las actuaciones de fiscalización permanente sobre dichas empresas en los ejercicios 2005 a 2007, las cuales fueron elevadas a la Consejería de Hacienda, y por ésta al Consejo de Gobierno, quien aprobó tales actuaciones".

 

La juez Alaya asevera en el auto, fechado el 30 de enero y notificado este martes a las partes, que "esto ya por sí solo pondría de manifiesto el indiciario conocimiento del uso generalizado de las transferencias de financiación por parte del consejero de Hacienda y altos cargos de dicha Consejería, así como por el Consejo de Gobierno".

"Por ello, conociendo el contenido del informe adicional elaborado por la Intervención General respecto a IDEA, resulta de especial trascendencia conocer los informes adicionales que se hubiesen elaborado respecto de estas otras empresas, razón por la que se solicitó a la Junta de Andalucía la aportación de dicha documental", subraya.

La juez, al hilo, reclama a la representación legal de la Junta que, en el plazo de cinco días, "presente la documentación reclamada" en el auto de 23 de diciembre, señalando que una vez reciba dicha documentación decidirá sobre la petición de la acusación que ejerce el PP-A para que se cite nuevamente a declarar como imputado al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y para que se reciba declaración testifical a la exinterventora general Rocío Marcos Ortiz.

Alaya recuerda, en este sentido, que la propia Fiscalía Anticorrupción "no se ha opuesto" a lo solicitado por la acusación 'popular'. La acusación que ejerce la Junta, cabe recordarlo, recurrió el auto de 23 de diciembre al entender que éste plantea una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley".

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