eldiario.es

Menú

Andalucía Andalucía

Inquilinos de VPO de Sevilla inician una huelga parcial de alquileres

30 familias residentes en un bloque propiedad de Emvisesa comienzan a pagar solamente el 30% de sus ingresos.

La renta aproximada de estas familias ronda los 890 euros y el alquiler alcanza los 430.

Los inquilinos inician una campaña animando a personas en su misma situación a unirse a la iniciativa.

- PUBLICIDAD -
Cada principio de mes, los residentes de este edificio se concentran ante el Ayuntamiento.

Cada principio de mes, los residentes de este edificio se concentran ante el Ayuntamiento.

Las duras condiciones económicas han empujado a cerca de 30 familias residentes en un edificio de viviendas de protección oficial del Ayuntamiento de Sevilla a iniciar una huelga parcial de alquileres. La comunidad de vecinos del edificio, denominado MA-3.1 y situado junto a la Avenida Emilio Lemos, inició en noviembre del año pasado una campaña para tratar de negociar con la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla ( Emvisesa) una reducción en los alquileres con opción a compra que pagan cada mes. Redactaron un escrito que suscribieron 69 familias en el que realizaban una petición al Consejo de Administración de Emvisesa para abaratar su renta. Mes a mes, la negativa del ayuntamiento a iniciar un proceso de negociación ha desesperado a estas familias que desde junio han comenzado a ingresar mensualmente 250 euros, cantidad que consideran acorde a su situación atendiendo a la función social que debe cumplir una VPO.  “Nos acogemos y hacemos esta petición unos 69 vecinos. Unas 30 familias hemos comenzado a ingresar esa cantidad que supone un 30% de los ingresos medios. La promoción tiene 109 viviendas pero ocupadas de forma efectiva hay 95. Por tanto, 14 viviendas hoy día siguen vacías”, indica Francisco Parra, presidente de esta comunidad y uno de los impulsores de la iniciativa.

"Cada primero de mes desde el mes de junio estamos registrando en una reunión pública ante la sede del ayuntamiento en la que hacemos entrega de la carta y realizamos el ingreso de 250 euros". "Pretendemos así situarnos en el terreno de las soluciones”, resume Parra. Su intención ahora es “contactar con otras comunidades para ver la posibilidad de que se sumen a esta estrategia”. Además, subraya que “no vamos a apoyar a vecinos que no quieren pagar nada. No vemos que esa sea la actitud constructiva”.      

Según explica, desde que se realizara la entrega de llaves en 2010, “en estas viviendas sigue habiendo rotación”. Es decir, “hay parte de las familias que salen porque no pueden pagar esos 430 euros”. Esto da muestra de las dificultades que tienen muchas de las personas que acceden a una VPO a la hora de hacer frente a la renta mensual. También hay familias que han perdido el contrato al acumular impagos o que pretenden acogerse a un plan de moratoria de la deuda, un plan creado por Emvisesa para facilitar fórmulas de pago flexibles de las rentas atrasadas.  En una enmienda formulada en la sesión de Pleno del Ayuntamiento celebrada el pasado 29 de mayo a través de Izquierda Unida, el Gobierno local rechazó aplicar una bajada de los alquileres. Para Parra, “que exista un plan para flexibilizar pagos es un gesto, pero no una solución”. En su opinión, “lo que se hace es aplazar el pago de la deuda". Según razona, "esa medida no va en la dirección de facilitar el acceso a la vivienda", ya que "cualquier deuda que no se pueda asumir hoy, será muy difícil de asumir en el futuro”.

Para lanzarse a este paso, Francisco promovió un estudio destinado a analizar la situación de los vecinos de su edificio. El documento, elaborado en el primer trimestre de 2013, indica que la renta media familiar es de 890 euros, la renta per cápita de 373 y la participación de la renta de alquiler sobre el total de ingresos supera en muchos casos el 50%. Es importante considerar que sólo han participado de esa aproximación aquellos inquilinos o inquilinas que estaban al día tanto en el pago de la renta como del recibo de comunidad, aproximadamente el 30%; “esto significa que si hubiésemos incluido a todos aquellos que arrastraban deudas, el resultado final relacionado con el esfuerzo de las familias podría ser sensiblemente superior”, señala Parra.

La media estimada a pagar viene respaldada también por las recomendaciones lanzadas en esa línea por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que el pasado mes de marzo animó a establecer herramientas legales para que la renta de alquiler social no supere en ningún caso el 30% de los ingresos de la unidad familiar ni supere el 3% del precio determinado para viviendas que estén bajo la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración bancaria, el Sareb, denominado “el banco malo”. Esas recomendaciones se basaron en el Estudio sobre Viviendas Protegidas Vacías.    

Emvisesa, reconocía en un informe publicado este año, que existe un porcentaje de rotación en las VPO del 30%, lo que significa que de cada 100 familias que accedían a una promoción unas 30 aproximadamente acababan saliendo por razones económicas –de motu propio o por orden de alzamiento-.

El bloque está sutuado en el número 11 de la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz y Armario y se denomina M.A.-3.1 según los planes de ordenación de Emvisesa. Según consta en la documentación distribuída por la Administración, "el precio de un piso, de 70 metros cuadrados útiles, con 3 dormitorios en la MC 3.1 de Polígono Aeropuerto es de 78.292 euros (97.740 con garaje y trastero)". Estas familias están en régimen de alquiler con opción a compra. Solo a partir del sexto año computaría el 50% de su alquiler como parte de la hipoteca.

La siguiente carta es la que firman y entregan estas familias al ingresar su alquiler parcial:

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha