Registran la Diputación de Huelva por supuestas irregularidades con fondos agrarios
La Diputación Provincial de Huelva ha amanecido este viernes tomada por la Guardia Civil hasta practicamente las 14.00 horas. A primera hora de la mañana, un grupo de agentes en un número no determinado accedió al edificio que tiene la institución en la capital onubense y pidió a los pocos trabajadores que a esa hora ya estaban en sus puestos que saliesen a la calle. El registro se produjo a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.
En este municipio, cuyo partido judicial tiene como cabecera a Valverde del Camino, el juez ha encargado la investigación, que se ha llevado a cabo, además, aunque con menos repercusión, en la sede en Huelva del del Servicio Público de Empleo Estatal. Se ha decretado el secreto de sumario sobre una investigación que coordina el juzgado número 2 valverdeño. La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial se inició hace aproximadamente un año, Queda por concretar la influencia que en este caso ha tenido la denuncia presentada el pasado 12 de febrero por Unión Progreso y Democracia.
Los agentes, tras más de seis horas de trabajo, han salido de la Diputación onubense por su puerta trasera, portando varias cajas de documentos. Ahora, la investigación seguirá ya en sede judicial. No se ha producido detención alguna en el marco de esta operación. La Diputación esta gobernada por el PSOE gracias al apoyo del único diputado de IU. Los socialistas y el PP tienen cinco diputados cada uno.
La operación procede de una causa declarada secreta y que se encuentra bajo investigación en el juzgado de Valverde del Camino, según ha informado el TSJA. El caso, por lo tanto, no lo lleva un juzgado de la capital onubense sino el de la comarca centro de la provincia, aunque sobre el mismo se ha decretado el secreto de sumario.
“Máxima colaboración” con la justicia
Las reacciones políticas a este tema no se han hecho esperar, aunque solo una de ellas ha tenido lugar a las mismas puertas de la Diputación. No ha sido, curiosamente, su presidente, Ignacio Caraballo, el que ha comparecido, sino el portavoz del PSOE, José Martín, que ha mostrado, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, “máxima colaboración” con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para facilitar toda la documentación que se requiera, y ha remarcado que la Diputación “ha realizado todo el trabajo conforme a norma y de una manera pulcra”.
Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su “preocupación por la gravedad de la situación”, como ha dicho el candidato número uno al Parlamento de Andalucía por el PP de Huelva y presidente provincial del PP, Manuel Andrés González. Ha mostrado sus sospechas sobre este registro que, a su juicio, “ha debido de ser algo de mucho calado, de mucha trascendencia jurídico-penal, cuando estaba el edificio de la Diputación tomado literalmente por las fuerzas de seguridad y además no se ha dejado entrar a trabajar a los funcionarios”, por lo que pedido a Ignacio Caraballo, que es también secretario general del PSOE de Huelva, que “dé la cara y una explicación clara a todos los onubenses”, tras lo sucedido.
A este respecto, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, ha pedido al subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Vigueras, que “dé la cara e informe” sobre el registro que la Guardia Civil ha llevado a cabo en el Servicio Estatal Público de Empleo. Apunta que José Martín, ha realizado una comparecencia pública y “aún estamos esperando que el representante del Gobierno central en Huelva haga lo propio”.
Asimismo, Ferrera ha pedido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, la onubense Fátima Báñez, titular del Ministerio que distribuye y gestiona los fondos supuestamente investigados, “que no se esconda y que aparezca ante los medios y los ciudadanos para ponerse a disposición de la Guardia Civil y de la Justicia. La ministra onubense es la máxima representante del Servicio Estatal de Empleo y ”asistimos atónitos a un silencio sepulcral“.
“La imagen de una institución cercada por la Guardia Civil es triste”
“Resulta curioso –ha agregado Ferrera- que el Partido Popular en Huelva pida explicaciones a quien ha dado la cara y esconda que en la institución que ellos gobiernan también se ha practicado un registro y tampoco sus trabajadores han podido acceder a sus puestos en la mañana de hoy hasta que la Guardia civil ha hecho su trabajo”. Con respecto al registro en la institución provincial ha pedido “prudencia y cautela para dejar actuar a la Justicia”.
Por último, el portavoz de IULV-CA de la Diputación de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha deseado el registro “se quede en nada”, para mostrar su “tristeza, prudencia y determinación”.
“Tristeza porque en un momento en el que tanta gente lo está pasando mal, la imagen de una institución cercada por la Guardia Civil es triste. Prudencia porque no vamos a perder la cabeza con esto con una falta de seriedad para analizar este tema sin conocerlo con exactitud, ya que serán los jueces quienes establezcan lo que está pasando, y determinación para que se deje actuar a quien tiene que actuar y que se depuren responsabilidades”, ha enfatizado, ha señalado.
Con él han coincidido el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que ha pedido “investigación a fondo y a tope” en el asunto, para lamentar que la imagen de la Diputación, cercada por la Guardia Civil, “no ayuda a mejorar el significado de la democracia, que tiene que tener como pilares fundamentales la honradez y la transparencia”.
