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José Sivianes (empresario de formación): "He formado a cientos de desempleados a mi costa"

Pese a que se ha acogido a su derecho a no contestar en la comisión de investigación, ha hecho referencia a las "deudas" que todavía tiene la Junta de Andalucía con él

La oposición le ha preguntado por el margen de beneficio que sacaba con las subvenciones o cómo logró recibir seis millones de euros con sólo dos empleados

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El empresario José Sivianes se ha acogido a su derecho a no declarar este martes en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy y donde había citado por segunda vez después de que no compareciera a la primera. Lo ha justificado porque se haya investigado en la causa en los tribunales y no quiere perjudicar a su defensa, lo que ya ha hecho una docena de comparecientes.

En todo caso, el que ha sido el tercer empresario citado en esta primera ronda, ha hecho una breve introducción con la que se ha presentado a los diputados para incidir en que "nunca" ha defraudado nada y que ha justificado en tiempo y forma todas las subvenciones recibidas, lo que espera esclarecer en los tribunales. "Los costes presentados fueron todos reales y estaban dentro de los límites de las convocatorias", ha expuesto José Sivianes, para continuar: "No he tenido ningún tipo de exoneración".

En la misma línea, ha especificado que desde que presentó las justificaciones de las últimas subvenciones recibidas, la Junta de Andalucía todavía no las ha revisado, por lo que le debe "importantes cantidades" de dinero. "He financiado a mi costa la formación con cursos para cientos de desempleados, puesto que estoy al corriente del pago a proveedores de servicios", ha lamentado.

José Antonio Castro (IU) ha mostrado su pesar por la decisión de no contestar, porque ha opinado que su aportación podía ser importante para esclarecer determinadas circunstancias como "el espectacular volumen de negocio" de empresas dedicadas a la formación que en principio sólo se nutrían de subvenciones. Entre otras cosas, le ha preguntado cuál era el margen del sueldo supuestamente destinado a los formadores que se quedaba la empresa -en la comisión de investigación ha quedado reflejado que en ocasiones se facturaban 80 euros por hora cuando los docentes recibían 20- o si ha demandado a la Junta de Andalucía por los pagos pendientes como ha hecho el mayor beneficiario de estas subvenciones, Ángel Ojeda, quien ya le ha ganado seis sentencias.

Mientras, Marta Bosquet (C's) ha expresado que le hubiera gustado entrar más a fondo en la relación de la administración con los empresarios. O incluso de "la suya propia con el PSOE" porque en una empresa de su mujer había un "dirigente" de este partido. Ha destacado también que "con una estructura mínima" en su empresa, con él y dos trabajadores más, José Sivianes ha llegado a obtener "más de seis millones de euros en subvenciones". También en estas relaciones le han incidido desde el PP-A, que le ha pedido, sin éxito, que esclareciera cuánto dinero en subvenciones recibió en total y "si obtuvo beneficios del 70%" por los cursos, en referencia también a documentación que opera en los tribunales.

Por su parte, Juan Moreno Yagüe (Podemos), le ha preguntado por los posibles perjuicios a los alumnos "por las dificultades de presentación de documentos propiciadas por la Junta de Andalucía". Igualmente, le ha interrogado sobre las quejas que pudo recibir de los formadores en estos cursos, pero a nada de ello se le ha contestado tampoco.

Finalmente, desde el PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro ha criticado a sus compañeros por hacerle estas preguntas, lo que ha calificado de "atropello" y "coacción" porque entiende que hay que respetar el derecho del compareciente y no plantear interrogantes que quedan sin respuesta y "sólo dejan sombra de duda". Ha calificado de "insulto a la inteligencia" el uso de declaraciones en los juzgados por parte de los demás comisionados para preguntar. "Esto no es un doble enjuiciamiento", ha continuado, para reprocharles que "han atentado contra los derechos constitucionales" de éste y otros comparecientes.

 

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