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La Junta sanciona con 455.000 euros a CaixaBank por comercializar preferentes
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 455.000 euros a CaixaBank. La razón, dos infracciones muy graves y una leve a raíz la comercialización irregular de preferentes. Es el primer expediente sancionador por un asunto relativo a preferentes y tiene su origen en 21 reclamaciones que se presentaron durante 2012 en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Sevilla.
Hay unos 47.000 afectados en Andalucía por las preferentes, con un importe que supera los 1.400 millones de euros. Son sólo los datos que corresponden a las entidades financieras que han respondido a los requerimientos de la Junta de Andalucía -CaixaBank, Sabadell, Cajasur y BBVA- y están colaborando con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para la resolución de las reclamaciones por vía extrajudicial. Sólo entre enero de 2012 y lo que va de 2013 se han recibido otras 688 reclamaciones, también contra otras entidades financieras, de las que 428 han sido ya resueltas.
Hasta la fecha se han impuesto a CaixaBank 31 sanciones por infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y la primera relativa a este producto financiero. El hecho de que sobre la entidad financiera figuraran estas sanciones anteriores, se ha considerado como agravante, así como su posición relevante en el sector.
El expediente abierto a CaixaBank considera que ocultó a los clientes “información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones”. En algunos casos, los usuarios no recibieron folletos, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos financieros y no expresaron su consentimiento expreso para la compra. Pero, además, se considera que se explotó “la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores”.
Como atenuante se ha considerado la “voluntad colaboradora” de la entidad financiera, que se plasma en el hecho de que haya llegado a acuerdos con la mayor parte de los afectados para resolver las reclamaciones interpuestas en su día. Por ello, la sanción es inferior a la inicialmente prevista, según ha expresado el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez.
