La Ley de Garantía Hipotecaria: entre la satisfacción de los consumidores y el recelo de los profesionales
Los consumidores lo celebran -con matices- y los profesionales lo acogen con respeto, pero también con ciertos recelos. El anteproyecto de Ley para la Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda de la Junta de Andalucía (o Ley de Garantía Hipotecaria) ha sido acogido con desigual valoración por las distintas partes implicadas. Por un lado, la propia banca, y por otro, los consumidores, sin olvidar a los profesionales: notarios y registradores. Eldiario.es/andalucia ha pulsado su opinión con respecto a este documento.
Banca
¿Qué piensan del texto las entidades financieras? Porque son las primeras afectadas ya que, entre otras cosas, estarán obligadas a aportar una serie de documentos nuevos, en aras de la transparencia, y también podrán voluntariamente acogerse a lo que este anteproyecto ha denominado “contrato hipotecario de confianza”, que supone un plus de compromiso con los clientes en esta línea. Desde la Asociación Española de Banca (AEB), a la que prácticamente pertenecen todos los bancos del país, apuntan que tienen que estudiar todavía más en profundidad el decreto para un pronunciamiento claro.
De todas maneras, subrayan que no creen que sean necesarias medidas adiccionales, dado que “las garantías para el consumidor son suficientes, especialmente con la aprobación recientemente de nuevas normas”, en referencia a la entrada en vigor el pasado mes de mayo de la reforma de la ley hipotecaria. En este sentido, la AEB recuerda que en este texto del Gobierno de la Nación ya está previsto que se faculte al notario “para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser abusiva”. Y es aquí donde está el quid de la cuestión, dado que esta norma surge para evitar consecuencias como las de las cláusulas suelo, de las que ningún tribunal ha dicho que sean ilegales, pero sí han sentenciado en contra de la falta de transparencia porque mucha gente no sabía lo que estaba firmando.
Notarios y registradores
En segundo lugar, están los profesionales directamente afectados por las nuevas exigencias, donde se obliga expresamente a notarios y registradores a avisar de posibles cláusulas abusivas no sólo a los clientes, sino también a la Junta de Andalucía. Este colectivo ha hecho una serie de advertencias con respecto al texto. Desde el Colegio Notarial de Andalucía recuerdan que estos profesionales “ya controlan y eliminan de las escrituras las cláusulas abusivas declaradas nulas por ley o en sentencia firme e inscrita en el Registro Estatal de Condiciones Generales de la Contratación”. Sin embargo, existen otra serie de cláusulas que podrían ser consideradas abusivas “que hoy por hoy solo los jueces tienen la competencia de declarar como tal”, subrayan.
“En estos casos los notarios lo único que pueden hacer es informar al consumidor de su existencia y de sus efectos”, agregan. Todo ello recordando que apoyan cualquier proyecto para “luchar contra la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas con el fin de defender los derechos de los consumidores”, algo que, según enfatizan, forma parte de la esencia de su función.
En la misma línea, el decano del colegio, Salvador Torres, ha puntualizado: “No tenemos medios para controlar todas las circunstancias que concurren en una hipoteca”. Por eso, confía en que se matice esta norma en materia de sanciones. Y es que estos profesionales han alertado sobre la inseguridad jurídica que podría provocar que los notarios andaluces tuvieran competencias diferentes al resto. ¿Por qué? Porque no todas las escrituras a consumidores andaluces se otorgan en Andalucía, ni los notarios andaluces otorgan solamente escrituras a clientes de esta comunidad autonóma.
Mientras, los Registradores de España, a través de su decanato en Andalucía, han pedido más tiempo para valorar el documento, si bien han recordado que ellos están del lado de la Junta de Andalucía en el cumplimiento de la ley.
Consumidores
En tercer lugar, están los clientes. Desde la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) aplauden el reforzamiento en los sistemas de información, así como el control del trabajo de los notarios en el señalamiento de las cláusulas abusivas presentes. Miguel Ángel Ruiz, su vicepresidente, apunta que “viene a establecer unas condiciones informativas que hasta la fecha, si bien en la legislación general y sectorial en la materia sí se especifican, no son cumplidas en la mayoría de los casos”.
Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha insistido en la necesidad de que “se cumpla” cuando esté en vigor, ya que al consumidor se le protege haciendo la ley, pero también defendiéndolo a través de su cumplimiento“. En este sentido, ha criticado: ”Cuando se detectan irregularidades, el proceso es lento y cuando se aplican multas son cifras muy pequeñas. El mensaje que llega a las empresas es que merece la pena cometer fraude porque si te pillan la multa apenas va a perjudicar a la entidad financiera“.
Eso sí, en general ha tenido buena acogida este anteproyecto aprobado por la Junta de Andalucía para intentar poner coto a los abusos de la banca, como ya hiciera con el decreto de la función social de la vivienda. Decreto que se encuentra suspendido por el recurso del Gobierno de la Nación en el Tribunal Constitucional, lo que también podría ocurrirle a la ley para su desarrollo, que el Parlamento de Andalucía aprobará la próxima semana y donde ya el PP-A ha dicho que no la va a apoyar, e incluso ha augurado lo que hará Madrid: “Probablemente también sea recurrida”, ha dicho su portavoz Alicia Martínez. Una amenaza que las asociaciones de consumidores temen que también se cierna sobre el anteproyecto de la Ley de Garantía Hipotecaria.
