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El PP se abstiene por sorpresa en la convalidación del decreto antidesahucios de la Junta

La portavoz popular dice que la norma puede ser “complementaria” a la ley de Deudores Hipotecarios

Unanimidad para su tramitación como proyecto de ley

A los populares se les cae su argumento de las casas vacías de Fomento

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La consejera andaluza de Vivienda pide una quita para las familias con hipoteca

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Desde la aprobación del decreto antidesahucios de la Junta, el PP ha tenido muchos argumentos para desmontarlo, pero ya sólo le quedan dos: los pasos dados por PSOE e IU para evitar los desalojos han ido por detrás de la iniciativa del Gobierno central y, antes que perseguir a los bancos para expropiarles y obligarles a sacar sus viviendas vacías al mercado del alquiler, debería dar salida a las VPO de su titularidad que están deshabitadas. Los dos los volvió a utilizar ayer en la convalidación de este decreto, en una votación en la que la bancada popular se abstuvo. Lo hizo para luego dar un sí, que fue unánime, a su tramitación como proyecto de ley, lo que le pondrá en bandeja presentar su propuesta alternativa vía enmiendas.

La abstención popular se justifica en que esta norma puede ser "complementaria" a la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios que, precisamente, fue refrendada ayer también en el Senado por el PP en solitario. La portavoz popular en esta materia, Alicia Martínez, lo dijo: "Si es complementaria, bienvenida, pero quieren un cheque en blanco para expropiar a los bancos".

Desde el Ejecutivo andaluz, se vio en esa abstención del PP un cambio de posición. Desde que este decreto viera la luz ya los ha habido. Primero se vio inconstitucionalidad. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), dijo que el decreto tenía "garantía jurídica plena como la luna llena", y el Gobierno central dijo que estudiaría si vulneraba las competencias estatales para ver si lo recurría. No fueron determinantes las palabras de Cortés, pero sí un sondeo. Desvelaba que ocho de cada diez votantes del PP sí apoyaban esta medida por la que no sólo se expropiará durante tres años a los bancos las casas de personas a las que el desahucio pueda llevar a la marginalidad. El PP viró entonces de la inconstitucionalidad a la inseguridad jurídica.

El siguiente paso fue dar toques de atención a Moncloa para que no diera el paso del recurso. Y en el sentido de su voto, se vio la constatación de quedaba enterrada esa amenaza. Cortés lo celebró y mostró su satisfacción. “Sencillamente era imposible, porque no hay base jurídica para presentarlo”, señaló.

Sin embargo, esta abstención del PP puede tener otra explicación: un paso necesario o mero trámite. Sería contradictorio decir no a un decreto-ley y luego dar un sí para que inicie su tramitación como proyecto de ley. Una norma que al tener su origen en un decreto, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento, se tramitará por la vía de urgencia y no tendrá debate de totalidad.

La convalidación del decreto no dio más juego en el Parlamento del que ya ha dado desde su presentación hace ahora tres semanas. Pero el único asunto que resiste en pie en el argumentario popular es el de que esta norma es copia de lo que se va a hacer en el Congreso de los Diputados y su "utilidad limitadísima". Porque el de las viviendas desocupadas de la Junta cayó por su propio peso.

El PP, apoyándose en el informe de 2012 del Defensor del Pueblo andaluz, ha querido encontrar miles de viviendas vacías de titularidad autonómica. De hecho, la portavoz parlamentaria en esta materia, Alicia Martínez, insistió en esa línea y exhibió fotos de dos promociones de "casas sin gente" en Cádiz y Morón.

Cortés rebatió lo primero, recordando que la Junta no tiene casas vacías. Aclaró que lo que detecta el Defensor son las VPO que están en manos de entidades financieras, y si las hay por otros motivos, son cifras residuales fruto de la rotación natural, es decir, por mudanza, fallecimiento o para el arreglo de desperfectos. Sin embargo, Fomento a estas alturas aún no ha dado la cifra de cuántas son. Lo que sí dio son los datos de esas promociones de Cádiz y Morón: la primera, de 100 viviendas, fue construida por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía pero la titularidad es del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, y en el segundo caso,  de 50 viviendas, están adjudicadas 30 de ellas y las 20 restantes se van a sacar al alquiler porque es difícil su venta por el cierre del grifo del crédito por la banca.

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