La oposición en bloque impone a la Junta de Andalucía que recupere la gestión del servicio telefónico del 061

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes con los votos a favor de los cuatro grupos de la oposición, PP-A, Podemos, C's e IU, una proposición no de ley (PNL) por la que insta a la Junta  de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico del 061 sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a partir del 1 de enero de 2017, una vez vencido el contrato vigente contrata que lo tiene adjudicado hasta finales del 2016, punto al que ha votado en contra el PSOE-A.

Diputados de los cuatro grupos de la oposición, que refrendan esta iniciativa, han defendido la propuesta. Por el PP-A,  Rosalía Espinosa ha ensalzado la labor de los grandes profesionales del 061 que, “con faltas medios y a pesar de las condiciones laborales, le salvan la cara a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud”. Ha tildado de “inconcebible” el despido de siete empleadas por ir a la huelga y ha afirmado que los directivos de la consejería y de la empresa pública “han pecado dejando que este conflicto llegue adonde ha llegado”.

“Una vez más la ciudadanía por delante de su gobierno”, ha comenzado el diputado de Podemos Jesús Rodríguez su intervención para defender la propuesta, cuando ha criticado que “la calidad del servicio lleva meses en juego y el Gobierno de Andalucía no ha intervenido, sino que han sido los trabajadores las que han puesto en riesgo su trabajo para sacar adelante un trabajo que no es cualquiera”.

Isabel Albás, de C's, ha recordado a la Junta de Andalucía que “aunque este servicio lo preste una empresa externa, esto no la exime de velar por su buen funcionamiento y por que se cumplan los estándares de calidad y de buena gestión”, de manera que le ha reclamado que reconozca el trabajo de este colectivo “imprescindible”. Ha apuntado que C's defiende la colaboración público-privada “siempre que sea el sistema que proporcione el mejor sistema posible, cuando suponga un mejor servicio para los andaluces y un ahorro para la administración”, y para eso “todas las adjudicaciones deberían ser llevadas con un control absoluto”.

Por último, José Antonio Castro, parlamentario de IU, ha destacado que esta PNL es consecuencia de “una lucha de las trabajadoras por su trabajo, por la calidad del servicio y por la necesidad de que se recupere este servicio”. Ha criticado que la externalizació, “que es un eufemismo de privatización”, es un negocio “redondo” porque “tienen en cuenta el beneficio económico pero no el beneficio social, por lo que baja la calidad y aumentan el precio”.

En su turno, el parlamentario del PSOE-A Francisco Vargas ha asegurado que la Consejería de Salud ha puesto en marcha medidas para facilitar la solución de conflictos laborales en la adjudicataria “desde el respeto a las relaciones entre el empresario y sus trabajadores”. Para agregar: “Llama la atención la localización de este conflicto, que principalmente afecta al centro de Málaga y al de Cádiz en menor medida”.