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Los monitores administrativos despedidos se reúnen para formalizar una plataforma única a nivel regional

Los monitores exigen a la Consejería de Educación el reconocimiento del colectivo y de su tiempo de servicio y la homologación de sus titulaciones para que puedan optar a los empleos de la convocatoria pública anunciada.

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El colectivo de administrativos de colegios públicos de Infantil y Primaria de Andalucía se reúnen este sábado en Sevilla para formalizar una plataforma única a nivel regional. Se concentrarán en la sede del PSOE de Sevilla a las 12.00 horas y, ya el martes, tendrán otra concentración apoyada por CCOO, que ya ha empezado a gestionar sus reclamaciones por vía judicial.

Los monitores exigen a la Consejería el reconocimiento del colectivo y de su tiempo de servicio y la homologación de sus titulaciones para que puedan optar a los empleos que, a su juicio y con el apoyo de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), llevan realizando con un alto grado de satisfacción por parte de la comunidad escolar de sus centros desde hace más de siete años.

La respuesta este jueves en sede parlamentaria del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso,no ha convencido a los administrativos, que acusan a la Junta de dejar la patata caliente en manos de los sindicatos para alcanzar un acuerdo "cuando los sindicatos han hecho público que es la Junta la que no quiere buscar soluciones", indican fuentes del colectivo.

No sólo eso. El consejero apuntó a la falta de "respeto" de la empresa concesionaria del servicio como la causa de la finalización del contrato con la administración, que pretende ahora sacar a oferta de empleo público dicha prestación. En concreto, una oferta pública con lo establecido en el convenio de personal laboral del Grupo III y en el acuerdo sindical de 2005, a la que podrían optar las personas que han estado prestando los servicios, "siempre que cumplan los requisitos establecidos en los convenios colectivos", añadiendo la "firme voluntad" del Ejecutivo de "seguir apoyando como hasta ahora" a los centros docentes de Educación Infantil y Primaria con personal de apoyo administrativo que libere a los docentes.

Ignacio García, vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía y diputado por IULV-CA, ha admitido compartir la idea de "suprimir la externalización de un servicio" si bien se da la "paradoja" de que personas con experiencia en su puesto de trabajo no tienen acceso a la nueva convocatoria, abogando por encontrar una "titulación equivalente de carácter genérico" a la específica que ahora se requiere, en concreto la de ciclo formativo superior de administración y finanzas.

El grupo parlamentario de IULV-CA tambén ha elevado una pregunta dirigida a la Junta por el cambio de criterio producido en la selección del personal monitor de administración y acerca de qué medidas prevé adoptar la Consejería para poner solución a este conflicto.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, confirmaba también esta semana la puesta a disposición de los servicios jurídicos del sindicato de cara a unas acciones que deberán hacerse de manera individual y por la vía laboral. Tras las concentraciones convocadas la pasada semana ante las delegaciones territoriales de Educación, el sindicato convocará nuevas movilizaciones si no se produce una respuesta positiva por parte de la Administración. La cita podría ser este próximo martes.

Los despidos en cascada son achacables, según la versión de los afectados, a algún tipo de "represalia" por parte de la Junta contra el colectivo después de haber presentado algunas denuncias en la Inspección de Trabajo a cuenta de sus condiciones laborales y a tratar de impedir "la precariedad del empleo" en los puestos de la Administración Pública. Los monitores de apoyo lamentan que, después de haber estado "explotados" varios años por empresas de trabajo temporal ("nunca más de 5 euros la hora trabajada, impagos, retrasos, vulneración de sus derechos fundamentales"), el cambio de criterio de la Administración les deja en la calle y sin posibilidad de poder acceder a la convocatoria pública que se ha anunciado al efecto.

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