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La comisión de investigación no cambiará la hora de la comparecencia de Susana Díaz como pedía el PP-A

El presidente del órgano, el diputado de C's Julio Díaz, le afea a los populares que se aprobó lo que ellos pidieron y que no hayan sugerido lo mismo para la ministra Fátima Báñez, que también está citada de tarde

Se ha resuelto también pedir a la Junta de Andalucía que retire la documentación que ha enviado de manera masiva en las últimas semanas mientras los diputados habían solicitado papeles muy concretos

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El presidente de la comisión de formación critica que al PP-A "no le valga" el acuerdo para las comparecencias que apoyó

La comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo se ha reunido este martes para tomar decisiones en torno a tres elementos que ponen en evidencia el cruce de intereses entre las formaciones que la integran y básicamente el pulso entre el partido que gobierna en Andalucía (PSOE-A) y sus socios de investidura (C's) y el resto de la oposición (PP-A, Podemos e IU), primero con la citación de la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz.

Está previsto que ésta comparezca el 31 de mayo a las 18.00 horas cerrando esta primera ronda de interrogatorios, como había pedido la mayoría de la oposición. Sin embargo, el PP-A había presentado un escrito quejándose a Julio Díaz, diputado de C's que preside la comisión de investigación, por entender que había puesto la fecha a su antojo y especialmente criticando que fuera por la tarde para "hacerlo pasar desapercibido" en vísperas de la campaña para las elecciones generales del 26 de junio.

Pero Julio Díaz ha desestimado esto: "Susana Díaz viene cuando marca el plan de trabajo, el cual se está cumpliendo y no se ha modificado un ápice". Para continuar: "Primero dijeron que no habría comisión de investigación, y la hay. Luego, que no vendría Susana Díaz, y no sólo va a venir, sino que van a comparecer dos expresidentes y la presidenta, quienes aglutinan 27 años de gobiernos del PSOE-A en la Junta de Andalucía". Igualmente, le ha preguntado a los populares que por qué no pedían lo mismo para la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, también citada de tarde.

El segundo elemento que se ha abordado ha sido relativo a la documentación en la que la Junta de Andalucía mantiene un pulso con la información que demanda la oposición desde el órgano. En primer lugar, se ha tramitado una nueva petición de documentación por parte del PP-A, formación que nunca ha solicitado todo los expedientes desde 2002 (18.500) como critica la Junta de Andalucía, sino documentos muy concretos que dice que todavía no le han sido enviados. En parte, la Junta de Andalucía se excusa en que están en poder de los juzgados que investigan el presunto fraude.

Y en segundo lugar, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha notificado "acuse de recibo" sobre la decisión de la comisión para que la Junta de Andalucía retire la documentación original enviada a la institución las últimas semanas de manera masiva, toda vez que optó por remitir todos los expedientes, porque así se había empeñado C's, mientras que tanto el PP-A como los demás grupos tenían detallado qué es lo que querían. Finalmente, dada la imposibilidad de guardar debidamente todos estos papeles -que son originales- sin invertir una buena cantidad de dinero para instalar caracolas, se ha optado por pedir a la Junta de Andalucía que desista.

Cada uno cree que ha mentido el otro

El tercer elemento que ha puesto en evidencia la tensión política en la comisión de investigación, ha sido el interés por parte del PP-A, por un lado, de iniciar un expediente al exconsejero Ángel Ojeda porque le acusa de faltar a la verdad en su comparecencia, y del PSOE-A, por otro, contra el testigo protegido de la causa, Teodoro Montes, por lo mismo. Es decir, el PP-A ha pedido esto para un compareciente que cree que no reveló toda la verdad por supuestos intereses para proteger a un partido con el que fue consejero, y el PSOE-A lo ha hecho contra el compareciente que más duramente ha atacado la política de la Junta de Andalucía en materia de formación y que ha sacado a la luz gran parte del supuesto fraude.

En concreto, el PP-A pedía la aplicación al exconsejero del artículo 502.3 del Código Penal (para el que convocado ante una comisión de investigación, faltare a la verdad en su testimonio), lo que no se ha estimado. Igual que ha ocurrido con la presentada por el PSOE-A para el que fuera jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla.

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