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CATALUNYA

Barcelona revisará la normativa municipal heredada con perspectiva de derechos humanos

El área de Derechos de la Ciudadanía del ayuntamiento ha presentado el plan con las principales líneas del mandato, entre las que se incluye revisar la normativa que aplica la administración municipal que afecte a los DDHH

La ordenanza de civismo será revisada, pero no se prevé cumplir con la promesa de elaborar una nueva hasta febrero de 2017

El ayuntamiento prevé reactivar la Oficina para la No Discriminación, organismo encargado de atender a las posibles víctimas de vulneraciones de derechos en el ámbito de la discriminación

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Jaume Asens i Joan Linares

El teniente de alcaldía, Jaume Asens, junto al gerente de recursos, Joan Linares SANDRA LÁZARO

Barcelona quiere convertirse en una ciudad referente a la hora de introducir una perspectiva de derechos humanos en sus políticas públicas. Con este objetivo, el área de Derechos de la Ciudadanía ha elaborado un plan integral que, entre otras medidas, se propone la basta tarea de revisar toda la normativa y protocolos municipales heredados para pasarla por el tamiz de los estándares de los derechos humanos. En concreto, el teniente de Alcaldía, Jaume Asens, pretende poner bajo la lupa todas las normativas que puedan afectar a aspectos relativos a los derechos humanos, comenzando por la polémica ordenanza de convivencia.

Esta revisión se llevará a cabo dentro del marco Barcelona Ciutat de Drets, programa de mandato del área presentado esta semana por el teniente de alcaldía, Jaume Asens. Según explicó, el conjunto de acciones encaminadas a la defensa de derechos civiles, el fomento del espacio público como lugar de ejercicio de derechos y la lucha contra discursos del odio, y tendrán una dotación presupuestaria que superará el millón de euros a partir del próximo año.

El plan pretende suponer un "giro conceptual" en la concepción de los Derechos Humanos desde las políticas municipales, en palabras del concejal, que aseguró que lamentó la pérdida de impulso en este campos en los últimos años. Para la administración Colau, los derechos de Ciudadanía son una de las patas de su acción de gobierno, sacándolos del ámbito teórico en al que suelen circunscribirse para entrar de lleno en las políticas públicas que se impulsan desde el consistorio.

En este "aterrizaje en lo concreto" toma sentido la propuesta de revisión de la normativa. La dirección de servicios de Derechos de la Ciudadanía e Inmigración será el organismo encargado de esta tarea. Para ello, primero deberán identificar derechos afectados y normativas que les afectan y, posteriormente, elaborar informes para adecuar las normas a los estándares internacionales.

Un ejemplo que ponen desde el ayuntamiento es la normativa sobre tanatorios, que será observada para que cumpla de forma adecuada el derecho a la libertad religiosa. Para ellos, se creará una mesa con comunidades religiosas y culturales para detectar las necesidades ante la muerte de miembros de las diferentes comunidades que conviven en Barcelona. Entre otros aspectos, prevén que se podrían revisar los horarios, la simbología o la distribución espacios y usos, para adaptarlos a los estándares de DDHH en materia religiosa.

La ordenanza de civismo será revisada, pero no se presentará una nueva hasta 2017. Establecer una ordenanza para sustituir a la actual, que multa a personas de colectivos en especial vulnerabilidad como mendigos o manteros, fue uno de los compromisos en campaña de Ada Colau. En este momento la nueva norma está en fase de negociación con los grupos y no prevén presentarla antes de febrero del año que viene.  

Incidencia política y planes especiales

Además, esta revisión no solo se llevará a cabo sobre materias en las que el ayuntamiento tiene competencias, sino también sobre aquellas que aplica pero cuya competencia tienen otras administraciones. En tal caso, los informes serán remitidos a las administraciones competentes y se intentará ejercer incidencia política. Este aspecto, que se lleva realizando desde anteriores mandatos, ha tomado un nuevo impulso durante el último año con el claro posicionamiento que el ayuntamiento de Barcelona ha tenido para ampliar y garantizar el derecho al asilo con razón de la crisis europea de los refugiados. El consistorio catalán llegó a llevar el tema a la ONU o a la UE.

Otra de las acciones insignia del plan  Ciutat de Drets es la formación de los trabajadores públicos en Derechos Humanos, entre los que se incluye un módulo adaptado a los agentes de la Guardia Urbana, que será el primer colectivo laboral en hacerlo. La policía municipal tendrá formación en diversidad i DDHH, revisando los actuales planes de formación, a partir de 2017.

También se reactivará la Oficina para la No Discriminación (OND), un organismo con casi dos décadas de historia en la ciudad pero que durante los últimos años había quedado cercano a la desactivación por falta de presupuesto. El plan de Asens para la OND es dotarla de más presupuesto para que pueda atender de forma más eficaz a diferentes víctimas de vulneraciones relacionadas con la discriminación. Además se quiere reforzar su servicio de orientación jurídica para que puedan llevar a cabo litigios estratégicos, es decir, llevar ante los juzgados casos bandera que puedan hacer avanzar la legislación en derechos del ámbito litigado.

Por último, el área quiere actuar de forma mucho más profunda contra los discursos del odio. A partir del año que viene se comenzará un plan contra la islamofobia que ha sido elaborado durante este año coliderado junto a la comunidad islámica, y otro contra el antigitanismo, que comenzará a elaborarse el próximo año.

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