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Ada Colau desoye el 'no' de la oposición en comisión y rescindirá el contrato de Glòries

El Ayuntamiento de Barcelona tira adelante su plan en el consejo de BIMSA pese al 'no' de la oposición a rescindir el contrato en la comisión extraordinaria

El Gobierno cifra en 1,7 millones de euros el sobrecoste de parar las obras y anuncia que tras una nueva adjudicación estas acabarían en 2020

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Las obras en Les Glòries, en Barcelona EFE

El Gobierno de Barcelona ha hecho caso omiso este lunes al 'no' de la oposición a su  propuesta de rescindir el contrato de la plaza de Glòries. Todos los partidos excepto la CUP se habían opuesto durante una comisión extraordinaria no vinculante a la paralización de las obras, alegando "falta de información" respecto al calendario y proyecto de una nueva licitación. Aún así, en la comisión de BIMSA, donde Ada Colau goza de mayoría, el Gobierno ha seguido con su estrategia para solventar el  retraso y sobrecoste de Glòries.

Según ha anunciado el consistorio, la resolución del contrato no implicaría la paralización inmediata pues deberían hacerse varias acciones para garantizar la seguridad de la obra. La UTE (Unión Temporal de Empresas) deberá ejercer la labor de remache de la obra por seguridad, según ha anunciado Ángel Sánchez, director de la empresa BIMSA. La operación se extendería alrededor de un mes. El consistorio ha anunciado a continuación que valorará próximamente una cifra de reparación –daños y perjuicios– a la ciudad por parte de la UTE.

El Gobierno de Barcelona había defendido la necesidad de "hacer limpieza" en Glòries a primera hora de la tarde. Lo había hecho durante la comisión extraordinaria de este lunes, que no tenía carácter vinculante. La decisión definitiva sobre la rescisión del contrato la ha tomado en el consejo de BIMSA, la empresa municipal de obras. Según ha informado el propio Ayuntamiento de Barcelona, tres personas han votado en contra de la propuesta municipal, una se ha abstenido y once han votado favorablemente (entre ellas, un miembro de la CUP).

La función como termómetro de la comisión extraordinaria de este lunes no había gustado a los grupos de buen inicio, que habían expresado sentirse engañados: el PP ha lamentado en el inicio de las intervenciones que "la decisión, que no es competencia de la comisión extraordinaria, se tome en otro lugar", ha dicho su líder, Javier Mulleras, en el inicio de la sesión de debate político.

Sobrecoste estimado

No ha sido la única crítica durante la tarde. Algo que todos los grupos se han esforzado en señalar ha sido la poca información respecto a los planes del Gobierno. Especial hincapié han hecho en este punto los grupos de derechas del pleno: el Grup Demòcrata, Ciutadans y el PP, grupos que se han negado a rescindir el contrato (además de ERC). Más allá de las dudas sobre el calendario y el proyecto, el Grup Demòcrata ha aludido a la "posible afectación" de la candidatura de Barcelona como Agència Europea del Medicament (prevista en la Torre Agbar) por la paralización.

Como reacción a las críticas de falta de planificación de una nueva licitación, el Gobierno ha informado que, una vez rescindido el contrato, hacia setiembre de este año podría aprobarse un nuevo proyecto. Por lo que respecta a la firma del nuevo contrato, la acción podría alargarse hasta enero de 2018. "En ocho meses podrían aprobarse el proyecto y licitar", ha explicado el director general de BIMSA, que ha remarcado que en enero de 2020 se haría efectivo el final de las obras.

El sobrecoste por la paralización de las obras supondría unos 1,7 millones de euros, relativos al reinicio de las obras, al bombeo de agua necesario durante el periodo de parón o al coste de seguridad de las obras a diario hasta una nueva operación. Por ahora, con el 60% de la obra realizada, ya se han invertido más de 40 millones de euros de los 60 adjudicados. La obra pendiente sumaría otros 38 millones. En total, unos sobrecostes de unos 20 millones de euros.

Al gobierno de Ada Colau le ha tocado gestionar las consecuencias de una obra que nunca quiso. El gobierno del alcalde convergente Xavier Trias licitó el proyecto por 80 millones y lo adjudicó por un 24% menos (poco más de 60 millones) tres meses antes de las municipales de 2015. Por si no fuera suficiente, a la obra de Glòries también le persigue la sombra de la corrupción. El expediente del túnel fue uno de los documentos incautados en la última operación de la causa del 3%, que todavía se mantiene bajo secreto de sumario.

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