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A propósito del Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura

Andrés García Berrio / Andrés G. Berrio

Abogado y miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura —

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El Comité Europeo para la Prevención y la Tortura ha publicado este martes dos informes que se corresponden con sendas visitas de miembros de este organismo al Estado Español, entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011, y en junio de 2012, en una visita -esta última- monográfica respecto a la situación de la prisión Modelo de Barcelona.

Sendos informes son especialmente duros, una vez más, con los mecanismos que el Estado Español implementa en materia de respeto a los Derechos Humanos y de Prevención de la Tortura y de los Malos Tratos. Como principal conclusión cabe destacar algo que las organizaciones que trabajamos por la defensa de los DDHH en Catalunya y el resto del Estado venimos denunciando hace años: en el Estado Español no se investiga ni a nivel administrativo ni judicial de manera eficiente las denuncias por torturas y malos tratos. Lejos de asumir las recomendaciones que periódicamente realizan organizaciones como el CPT, quien en su informe de 2007 ya recogía muchas de las advertencieas que en este informe han vuelto a quedar reflejadas, el Estado Español -y Cataluña en concreto- decide mirar hacia otro lado.

El equipo del CPT visitó el Estado Español tan sólo tres días después de que se produjera el desalojo del movimiento 15-M de la Plaza Catalunya, y las organizaciones de la sociedad civil que se entrevistaron con ellos les entregaron un volumen significativo de documentación relacionada con la gravedad y relevanancia de los hechos que acababan de acontecer. El CPT pidió explicaciones al Gobierno catalán y el conseller Felip Puig, entonces responsable de Interior, anunció que habría una profunda investigación. Casi dos años después de unos hechos tan graves y cuya difusión causó un gran rechazo social, ni un solo agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra ha sido expedientado. Se inició un procedimiento penal fruto del esfuerzo colectivo realizado por víctimas y abogados, pero la investigación hasta el momento está siendo una auténtica carrera de obstáculos. No pedimos demasiado, tan sólo algo tan básico como investigaciones serias, rigurosas e imparciales. El caso del desalojo Plaza Catalunya ha supuesto un símbolo de la lucha contra la impunidad que se intentó implantar desde la consellería de Interior y el cuerpo de la policia catalana. Una impunidad que a raíz de éste caso y otros como el de Esther Quintana, la gota que colmó el vaso, parece que comienza a resquebrajarse.

El informe del CPT apunta a otras cuestiones preocupantes que llevamos tiempo denunciando. La situación en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) de las prisiones de Cataluña es preocupante, ya que hemos constatado que son muchas las personas presas que denuncian haber sufrido malos tratos físicos o psíquicos en unos departamentos en los que las personas se encuentran aisladas hasta 21 horas en su celda y donde la opacidad es la tónica general. El Mecaniso Nacional para la Prevención de la Tortura en su Informe sobre 2012 alertó también a la sociedad catalana de la situación en el DERT de la cárcel de Brians 2. Un gran número de sus presos denunció malos tratos. Y el CPT visitó el centro penitenciario Lledoners y destacó la misma preocupación respecto a este departamento especial de régimen cerrado. De hecho, destaca una denuncia de malos tratos que ha llevado a que uno de los jefes de módulo del DERT de Lledoners esté imputado y expedientado por un delito de lesiones. El caso se judicializó, pero fueron muchos más los presos que nos expresaron situaciones similares en esta prisión, pero algunas denuncias se archivaron y otras personas no llegaron a atreverse a denunciar.

Respecto al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, el CPT también recoge que las personas entrevistadas refirieron malos tratos. Asimismo, incide en que el régimen de visitas es insuficiente. No se garantiza, como llevamos tiempo remarcando, que haya contacto cercano entre los internos y sus parejas, hijos o hermanos. Las visitas son de una duración mínima, no más de 15 minutos -en horario además incómodo, de 10 a 12 h-, y a través del cristal de un locutorio. No se garantizan unas comunicaciones que respeten los derechos humanos. Así como tampoco se garantiza en los CIES el derecho a decir adiós, a la despedida, ya que en la mayoría de las ocasiones las personas se enteran de que van a ser deportadas con solo treinta minutos de antelación y a horas intempestivas.

Desde hace un tiempo venimos indicando que la situación de vulneración de Derechos Humanos en Catalunya es grave. El informe de la CPT viene a reafirmarlo. Y también llevamos tiempo trabajando por concienciar a la sociedad civil, a las administraciones, a los medios de comunicación y a los operadores jurídicos, que para que se respeten los DDHH en Cataluñla de una manera efectiva es imprescindible una implicación de todos y una voluntad política firme. Hasta ahora se ha venido mirando hacia otro lado. Por eso desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura presentamos el informe anual de 2012 el próximo viernes, con motivo de la celebración del juicio contra un grupo de 9 funcionarios acusados de haber cometido torturas tras el motín de Quatre Camins del año 2004, en uno de los capítulos de vulneración de derechos humanos más graves de la historia reciente. Además, llamamos a la ciudadanía a manifestare contra la tortura, los malos tratos institucionales y la impunidad el próximo sábado 4 de Mayo a las 17.30 h en la Rambla del Raval (Barcelona). Nosotros y nosotras ni miramos, ni miraremos hacia otro lado.

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