Catalá garantiza en Ciudad Real la gratuidad del registro civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que el servicio de registro civil en España seguirá siendo gratuito, aunque sea prestado por el cuerpo de registradores. Catalá ha respondido a preguntas de los periodistas antes de reunirse en Ciudad Real con autoridades judiciales de Castilla-La Mancha para tratar la situación de la Justicia en la comunidad autónoma.

El Gobierno, ha explicado, está avanzando en la implantación de un nuevo registro civil electrónico para dar cumplimiento a la ley que en 2011 se aprobó por unanimidad y que proponía que los registros civiles dejaran de ser una función jurisdiccional porque no tienen esa naturaleza, a pesar de que históricamente este servicio se ha prestado en los juzgados.

El ministro ha apuntado que se sigue avanzando en la implantación de un registro civil propio del siglo XXI y que se va a encomendar realizar esas funciones a los registradores, un cuerpo de funcionarios que “ya desempeñan esas funciones en relación con la propiedad, los bienes muebles y con el registro mercantil, por lo que parece razonable que también puedan llevar las funciones de registro civil”.

Catalá ha asegurado que el hecho de que se deje de hacer esta función en los juzgados no va a implicar una merma del empleo público, ni de funcionarios de carrera ni interinos. Ha dicho que la nueva función que ejercerán los registradores estará tutelada por el Ministerio de Justicia.

El ministro, también a preguntas de los periodistas, se ha referido al informe del Consejo Consultivo sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la que se podría proponer cambiar la figura actual de imputado porque puede resultar equívoca. En este sentido, el ministro ha señalado que aún no han recibido este informe, aunque se espera que lo pueda recibir en los próximos días, tras lo cual, ha dicho, lo estudiarán y lo trabajarán para llevar un nuevo proyecto al Consejo de Ministros.

Para el ministro es posible que se pueda cambiar la figura de imputado que, ha reconocido, en la actualidad tiene “un nivel de contaminación semántico muy alto” y está generando un debate, en su opinión, “artificial sobre si los imputados tienen tacha de culpabilidad y si ello implica la dimisión o el abandono de la vida pública o política”.

En este sentido, ha indicado que han estado trabajando con una comisión de expertos de la Academia de la Lengua y una comisión de mejora del lenguaje jurídico para encontrar la denominación “más adecuada” que la de imputado, como podría ser la de “investigado”, algo que podría ser incluido en el nuevo proyecto de ley, pero que, de momento, está supeditado a lo que diga el informe del Consejo Consultivo.

El ministro de Justicia ha cerrado su jornada de trabajo en Ciudad Real con la visita a la Audiencia Provincial y a la sede de los juzgados, donde ha recorrido las obras de mejora de las instalaciones que se están realizando.