El Gobierno admite que son precisos nuevos estudios sobre el emplazamiento del cementerio nuclear
El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado la respuesta del Gobierno, a través del secretario de estado de relaciones con las Cortes, a las preguntas formuladas el pasado mes de junio de de 2013 por el diputado de Izquierda Unida Cayo Lara sobre la gestión del político manchego Francisco Gil-Ortega al frente de la Empresa Nacional de Residuos y del proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).
Lara cuestionaba al Gobierno la idoneidad de poner al frente de ENRESA a un político, sin perfil técnico relacionado ni con el sector nuclear ni energético, rompiendo lo que había sido la norma, y a quien además reprochaba haber roto la neutralidad de la empresa pública por haber realizado declaraciones abiertamente pronucleares.
Por otra parte el diputado de IU planteaba dudas respecto de las fincas adquiridas por Gil-Ortega para ENRESA y cuestionaba el emplazamiento del ATC por persistir las dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico, puesto que en un documento técnico de la propia empresa se valora “...la existencia de yesos en alguno de los emplazamientos propuestos” como “una condición desfavorable de cierta relevancia, de posibles consecuencias no despreciables. Los yesos son materiales potencialmente karstificables por disolución; lo cual a su vez puede generar subsidencias y colapsos, que evidentemente son un riesgo geotécnico relevante”. El propio Gil-Ortega reconoció implícitamente estos riesgos durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el 27 de noviembre de 2012, al manifestar que “estamos dejando el suelo como un queso gruyer para saber con certeza lo que hay”.
Finalmente se apuntaba a las motivaciones políticas y de “compra de voluntades” de las inversiones de 18,8 millones de euros de ENRESA en el arreglo de dos carreteras en el entorno de Villar de Cañas y otros 5 millones en un polígono industrial y un laboratorio, pese a no ser funciones de la empresa pública.
Respuestas del Gobierno
Para el Gobierno la gestión de los residuos radiactivos implica desarrollar “actividades complementarias que tienen como objeto el facilitar dicha gestión” y entre ellas puede estar el construir infraestructuras en las áreas geográficas involucradas o facilitar el asentamiento de empresas que puedan contribuir a crear un ambiente socioeconómico adecuado en el entorno de las instalaciones.
Respecto al posicionamiento pronuclear de Gil-Ortega se apunta a que en las normas de ENRESA no se prescribe cual ha de ser la actitud de la persona que ostenta este cargo en relación con la energía nuclear.
Por último, en cuanto a la compra de los terrenos para ubicar el ATC se señala que se hicieron unos trabajos iniciales en los tres terrenos propuestos por el municipio de Villar de Cañas, con el fin de disponer de información específica de los mismos para dar soporte a la compra de terrenos. Dichos trabajos consistieron en un reconocimiento geológico preliminar, la realización de varios perfiles geofísicos y la perforación de 1 o 2 sondeos en cada parcela para disponer de información real del subsuelo.
Los resultados obtenidos, según el Gobierno, “no inhabilitaban a ninguna de las parcelas propuestas”, por lo que concluye que “no cabe decir que ENRESA ha comprado los terrenos antes de realizar estudios previos sobre los mismos”. Pero no obstante admite que “estos estudios deberán de ser ampliados”, para que esta instalación pueda contar con las autorizaciones necesarias del Consejo de Seguridad Nuclear que ha sacado a concurso una asistencia técnica externa a la que se encomienda supervisar esos nuevos estudios.
Relaciones del marido de Cospedal con el ATC
El pasado mes de marzo Cayo Lara registró nuevas preguntas al Gobierno relativas al ATC, cuestionando por un posible desvío presupuestario debido a una mala elección de los terrenos que podría impedir que el centro esté operativo en 2018. Aunque es previsible que pasen varios meses hasta que haya respuesta escrita del Gobierno, el Presidente de ENRESA ha aprovechado una comparecencia en el Congreso de los Diputados para insistir en que no existe sobrecoste ni cambios previstos en el calendario del ATC, en lo que parece una respuesta directa a Lara.
Queda pendiente sin embargo una pregunta más incómoda, la que pide opinión al Gobierno sobre el hecho de que los mayores contratos adjudicados hasta ahora para poner en marcha el silo nuclear hayan ido a parar a consorcios en los que participa de forma directa o indirecta Iberdrola Ingeniería, que hace año y medio fichó como consejero al marido de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, a quien el diputado de IU presenta como “la gran valedora del presidente actual de ENRESA”, insinuando así un evidente trato de favor recíproco.
