Pobreza energética: ¿son suficientes las ayudas para una pobreza “con mayúsculas”?
A mediados de noviembre, Rosa, de 81 años falleció en su piso de Reus, del que no podía pagar el alquiler ni los suministros básicos cuando una de las velas con las que se alumbraba provocó un incendio en la vivienda. Fue un caso estremecedor que volvió a sacar a la luz pública uno de los problemas más importantes del país, derivado de la crisis económica: la pobreza energética, o lo que es lo mismo, la imposibilidad de particulares y familias enteras de hacer frente a los gastos de electricidad o gas. Se trata de una cuestión muy sensible contra la que no existía ninguna medida en Castilla-La Mancha hasta el año pasado, con las primeras ayudas para las familias en esta situación, que posteriormente se han ido renovando.
En octubre de 2016 comenzó en esta comunidad autónoma la segunda fase del Plan contra la Pobreza Energética, que hasta abril había atendido a un total de 6.054 familias y que a 30 de noviembre había concedido 7.199 ayudas de 150 euros para el pago de suministros energéticos. En su primera fase, hasta el 1 de abril, el Plan ha llegado a 20.950 personas, de las que el 44%, un total de 9.299 personas, han sido niños y niñas menores de 16 años en situación de pobreza severa y 407 personas en situación de urgencia personal.
Además, el Gobierno regional ha aprobado la continuidad en 2017 de este programa. Su vigencia cuenta con la colaboración de Cruz Roja Española, que gestionará la concesión de ayudas económicas directas a quienes se encuentren en esta situación. Podrán beneficiarse de estas ayudas unas 7.000 familias de la región, con menores de entre 0 y 16 años, y que tengan abierta una historia social en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
El Plan se llevará a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y consistirá en una ayuda de 150 euros por familia, que será prescrita por los Servicios Sociales de Atención Primaria, con lo que se conseguirá una reducción del tiempo de tramitación, que ha sido de tres días de media durante la puesta en marcha de este plan en 2016.
Además de las ayudas económicas directas, el Plan contra la Pobreza Energética contempla también otras medidas, como el asesoramiento en materia de ahorro energético, la paralización de los procesos de corte de suministro, y la reposición urgente cuando se produzca este corte, “convirtiéndolo así en un plan pionero, innovador e integral en nuestro país”.
Un asunto que requiere “mayor contundencia”
Estas medidas, sin embargo, no son suficientes para colectivos como las Plataformas Antidesahucios (PAH) o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Recientemente han protagonizado en toda España movilizaciones para pedir la garantía de suministros básicos. En el caso de Castilla-La Mancha, las PAH consideran que el Gobierno “no exige con la contundencia que requiere el asunto” que ninguna empresa distribuidora pueda cortar el suministro energético sin el consentimiento expreso de los servicios sociales.
Cuentan casos de afectados que siguen sufriendo cortes de luz en familias donde hay bebés, personas mayores, enfermos, o estudiantes que tienen que estudiar con velas. “Las ayudas de 150 euros son insuficientes, solo sirven para titulares y no se ataja el problema de raíz”, afirman, detallando que algunas personas “tienen que recurrir a métodos a veces peligrosos para sus vidas, como enganches ilegales o artilugios con mala combustión”.
A este respecto, consideran que el problema “va más allá”. “No es sólo la pobreza energética, sino la pobreza con mayúsculas, con toda su crudeza, lo que debemos sacar a debate”, afirman y recuerdan que a la anciana de Reus también le habían iniciado un expediente de desahucio por impago del alquiler. “Es la miseria lo que está causando estas situaciones, justo al lado de la opulencia de la que disfrutan unos pocos y que los poderes públicos ocultan mediante su verborrea e instituciones de caridad, fomentando el enfrentamiento entre la ciudadanía”, subrayan.
Por eso abogan por medidas “contundentes” como el reparto equitativo de la riqueza para la eliminación de “todo tipo de pobreza”. “A una situación de crisis generalizada, la sociedad debe dar una respuesta adecuada de solidaridad y comprensión con quien lo está pasando mal, no de caridad, implementando las medidas que sean necesarias acordes con la situación en la que nos encontramos”, concluye la PAH.
