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La planta incendiada de Chiloeches sigue "llena de residuos tóxicos"

Equo exige "no dejar impune" este siniestro y reclama la descontaminación de la zona cero del fuego por riesgo de polución

La Junta invertirá 200.000 euros en impermeabilizar la superficie afectada para evitar nuevas filtraciones tóxicas al subsuelo

Juan Andrés García, alcalde de Chiloeches: "No entendemos por qué no se han retirado aún los residuos. Algunas bandas robaron materiales peligrosos sin que sepamos su destino"

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Parcela de la planta de residuos incendiada en Chiloeches / Raquel Gamo

Parcela de la planta de residuos incendiada en Chiloeches Raquel Gamo

Un cementerio de residuos sólidos y líquidos calcinados. Eso es lo que cualquiera puede encontrarse si se acerca al emplazamiento donde hasta hace un año se ubicaba la planta de reciclaje devastada en el incendio de Chiloeches, una localidad cercana a Guadalajara capital. El paisaje resulta entre lunático y tóxico. Desechos aglomerados, amasijos de coches, neumáticos tirados por el suelo, elementos textiles, bidones sueltos. Todo ello se concentra en la zona del fuego, además de los signos de contaminación y restos de chapapote aún visibles en los arroyos, las laderas y los sumideros que se sitúan a menos de un kilómetro del cauce del río Henares.  

Casi un año después de la tragedia medioambiental provocada por el incendio de la planta de residuos tóxicos de Chiloeches, quedan todavía muchas incógnitas por resolver. Una de ellas es la magnitud de los daños sobre el medio ambiente que la deflagración produjo sobre los acuíferos y la superficie afectada del polígono alcarreño de Albolleque.

Durante las primeras semanas que siguieron a la catástrofe, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informó de que, de acuerdo a los análisis realizados, no se podía establecer una relación causal entre el incendio de la planta y la colonia de peces que apareció muerta en el río Henares. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente descartó que hubiera riesgos para la salud de la población, después de que la intensidad de la deflagración hubiera conducido a la Administración regional a activar el Plan Territorial de Emergencia.

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Foto: EQUO

A partir de entonces, el silencio y la falta de información han sido una constante. Susana Tundidor, coportavoz de Equo Guadalajara, reclama que "se lleve a cabo la descontaminación total de residuos tóxicos de la planta y del entorno por el riesgo permanente que existe de contaminación del suelo y de los acuíferos". Una contaminación de las aguas que, según afirman desde esta formación a eldiarioclm.es, podría llegar a los terrenos de cultivo cerealista y a las industrias que se encuentran a escasa distancia del lugar donde se produjo la combustión en agosto del pasado año.

El hecho de que una gran cantidad de desechos permanezcan sin ninguna protección ha provocado que algunos grupos vandálicos hayan robado materiales del lugar en los últimos meses sin encontrar oposición. Juan Andrés García, alcalde de la localidad por la lista de confluencia Ahora Chiloeches, lamenta esta situación de impunidad que rodea al lugar del incendio: "No entendemos por qué no se han retirado aún los residuos que siguen acumulados en las inmediaciones de la planta. Hemos denunciado la sustracción de todo tipo de restos que las bandas de chatarreros están moviendo sin ningún control  y sin que conozcamos su destino. No sabemos por qué no se ha creado una comisión política en las Cortes de Castilla-La mancha para investigar a fondo todo lo que sucedió en el incendio". 

Nula prevención

El reiterado incumplimiento de las obligaciones de limpieza y seguridad de las instalaciones por parte de KUK Medioambiente, gestora de la planta e imputada por delitos contra el medio ambiente, ha propiciado que la Junta de Castilla-La Mancha haya sancionado con un millón de euros a esta empresa. El director provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, en declaraciones a eldiarioclm.es, se muestra contundente a la hora de denunciar la "irresponsabilidad" de esta compañía: "Al propietario no está ni se le espera. Le hemos solicitado reiteradamente que limpiara los residuos, vallara e impermeabilizara el área, y no ha cumplido con sus obligaciones. La sanción es la respuesta del Gobierno regional a esta dejación".

La Junta calcula que limpiar la zona afectada costaría entre tres y cuatro millones de euros. Ahora, la acción de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se centra en impermeabilizar el área arrasada, es decir, habilitar una infraestructura para evitar nuevas filtraciones al subsuelo. Unos trabajos que supondrán una inversión a las arcas públicas de unos 200.000 euros: "Vamos a impermeabilizar el perímetro de la planta. No es justo que todos los ciudadanos sigamos costeando las consecuencias del incendio, pero debemos hacerlo e insistiremos para que el propietario se responsabilice económicamente de todo", matiza López Tabernero. 

El incendio de Chiloeches se desató en la madrugada del 26 de agosto cuando miles de toneladas de residuos tóxicos que se encontraban almacenadas irregularmente desde hacía años en las instalaciones de la empresa KUK Medioambiente, según corroboraron varios informes oficiales, comenzaron a arder provocando explosiones y una inmensa columna de humo visible hasta 50 kilómetros más allá del perímetro de la infraestructura de reciclaje.

chiloeches

Foto: Raquel Gamo

El fuego tuvo un impacto notable en la opinión pública en Guadalajara y Castilla-La Mancha, tras el de la planta de neumáticos en Seseña (Toledo), que ocurrió apenas tres meses antes. Ante el riesgo de inhalación tóxica de humos, las autoridades recomendaron a la población de la capital alcarreña y de su entorno que cerraran las ventanas y mantuvieran las precauciones habituales en estos casos, si bien los colectivos ecologistas consideran que la Junta de Castilla-La Mancha trató de "minimizar" la importancia del suceso y ejercer una política de control de daños políticos.

En todo caso, el protocolo activado para extinguir el incendio funcionó correctamente, gracias a la intensa labor desarrollada por los equipos de bomberos, emergencias, Protección Civil y agentes medioambientales, entre otros colectivos técnicos que operaron en la zona afectada. Pero, además de la repercusión social, este episodio puso de manifiesto la falta de controles en la gestión de las plantas de residuos y la permisividad de la Administración con relación a un tipo de prácticas completamente nocivas para la conservación del entorno e incluso para la seguridad ciudadana.

En diciembre de 2016, cuatro meses después del incendio, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, anunció la aprobación de un Plan Integral de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha que busca evitar que esta clase de siniestros medioambientales vuelvan a repetirse en el futuro. Esta medida establece el principio de ‘quien contamina, paga’. "Es un plan pionero y el más ambicioso hasta la fecha porque a partir de ahora todas las empresas que traigan aquí residuos, de Madrid o de otros sitios, tendrán que pagar un canon específico y una fianza", puntualizó el consejero. El hecho de establecer esta fianza asegura que estas empresas de gestión de residuos abonen los costes del daño causado en caso de que incumplan la legislación.

chiloeches

Esta normativa, según la Junta, tiene como finalidad "establecer un marco de referencia para la prevención, la correcta gestión de los residuos y la reducción de la producción de residuos en la región castellano-manchega, bajo los criterios de calidad ambiental, economía circular y desarrollo sostenible". Seis meses después de este anuncio, el responsable de Medio Ambiente en Guadalajara no confirma la puesta en marcha de este plan y se remite a la existencia de "un borrador" que aún no se ha llevado a efecto.    

Se da la circunstancia de que el complejo afectado fue objeto de una investigación previa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y por la Guardia Civil a través del Seprona a principios de 2016, debido a las sospechas latentes acerca del tratamiento irregular que la empresa daba a los residuos. De hecho, el Ayuntamiento de Chiloeches cerró las instalaciones en junio de 2016 "por falta de la licencia de apertura y actividad clandestina". La planta carecía de autorización ambiental para ejercer su actividad desde octubre de 2015.

Tráfico de residuos

En cuanto al origen que provocó este siniestro, aunque todavía la investigación judicial no ha determinado si fue provocado o se produjo por razones naturales, algunas organizaciones conservacionistas atribuyen la acción a una organización criminal. "Está probado que detrás de la empresa propietaria de la planta había una trama ilegal de gestión de residuos tóxicos peligrosos. No parece que fuera un hecho accidental. Y bien por dejación o mala praxis, lo que es evidente es que existen unos responsables que se beneficiaban de la actividad ilegal de esta empresa", afirma Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos a eldiarioclm.es.

La gestión "irregular" de residuos arranca con el tratamiento inadecuado que se practicaba con los materiales peligrosos. Para Augusto Barcenilla, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, lo sucedido en Chiloeches "es un claro caso de tratamiento ‘low cost’ de los residuos tóxicos en el que la gestora contrataba el tratamiento de los materiales corrosivos a la empresa más barata, de tal forma que el procesamiento de estos restos se realizaba inapropiadamente en centros que no eran aptos para ello".

Miriam Agudo (Podemos) y los miembros de Equo Guadalajara Juan Antonio Lázaro, María Jesús Gonzalo y Susana Tundidor junto a la concejal de Ahora Guadalajara, Susana Martínez, en las inmediaciones de la planta incendiada

Miriam Agudo (Podemos) y los miembros de Equo Guadalajara Juan Antonio Lázaro, María Jesús Gonzalo y Susana Tundidor junto a la concejal de Ahora Guadalajara, Susana Martínez, en las inmediaciones de la planta incendiada

En concreto, una de las presuntas acciones delictivas que se imputan a esta trama empresarial consistió en mezclar los materiales peligrosos con otros no tóxicos y transportarlos camuflados bajo escombros a otras plantas inertes cercanas, sin licencia para procesar los residuos peligros.

Esta mala praxis en el tratamiento de residuos corrosivos ha provocado ya otros accidentes ecológicos en España. En 2016 también ardió el inmenso vertedero de neumáticos de Seseña y en mayo de este año se incendió otra planta de gestión de disolventes en el municipio madrileño de Arganda del Rey, causando 35 heridos y elevados daños materiales. "La gestión de los residuos debe ser una prioridad política por los riesgos que entraña para la salud pública y el medio ambiente. Por eso la catástrofe de Chiloeches no puede quedar impune y se han de depurar todas las responsabilidades penales", señalan Susana Tundidor y Juan Antonio Lázaro, de Equo Guadalajara.

Aún en fase de instrucción

La causa judicial abierta por el incendio de Chiloeches en el Juzgado de primera instancia número 1 de Guadalajara continúa en la fase de instrucción, a la espera de que el magistrado emita un nuevo auto que dictamine el archivo de la investigación o, por el contrario, la apertura de juicio oral.

En el auto dictado a finales de noviembre de 2016, por el que se iniciaba formalmente la investigación de los hechos, se acordó tomar declaración a un total de 19 imputados y tres empresas.

Entre las personas investigadas que ya han declarado por presuntos delitos contra el medio ambiente, pertenencia a banda criminal y falsedad documental figuran el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, que dimitió de su responsabilidad a principios de septiembre; varios cargos y excargos de la Junta de Castilla-La Mancha; y el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP). También aparecen como investigados los gerentes, administradores y encargados tanto de KUK Medioambiente como del Grupo Layna, arrendantario de las instalaciones, y Salmedina, empresa de residuos inertes asociada al Grupo Layna, que recepcionaba finalmente estos materiales como Residuos de Construcción y Demolición.

El juez imputa estos delitos al antiguo administrador de KUK,  quien además cerró el contrato de arrendamiento con el Grupo Layna; al gerente de la empresa Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes; y al administrador único de Gaber Ambiental y Reciorganics, como presunto "conseguidor de los residuos peligrosos" que llegaban hasta la planta de KUK Medioambiental. Desde principios de año, cada una de las personas imputadas ha sido citada a declarar en diferentes sesiones celebradas en la Audiencia de Guadalajara. Las declaraciones de los investigados se encuentran bajo secreto de sumario.

chiloeches raquel gamo

Además, el citado juzgado reclama una fianza de siete millones de euros a los imputados en concepto de responsabilidad civil, que servirían para cubrir los elevados costes de reparación del área valorados por el gobierno de Castilla-La Mancha en más de cinco millones de euros. Por el momento, esta fianza o embargo de bienes reclamada "solidariamente" a todos los imputados está paralizada, después de que las partes presentaran un recurso contra esta medida judicial. En este proceso actúan como acusaciones particulares la Junta, el Consistorio de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre).

Luis Palomino, secretario general de Asegre, sostiene que el incendio se produjo por una combinación de factores sumada a "un débil control legislativo" en este sector. "La gestión de residuos implica riesgos y por ello reivindicamos que se modifique el régimen de responsabilidad del productor del residuo, de forma que sea compartida con el gestor; un incremento de los medios para el control y la supervisión del tratamiento de residuos industriales peligrosos y homogeneizar la aplicación de la legislación en las diferentes comunidades autónomas".

Según recoge el auto, la planta de Chiloeches pudo almacenar más de 30.000 toneladas de residuos peligrosos entre enero de 2015 y junio 2016. En el supuesto de que se confirmen los indicios de delito contra el medio ambiente, las penas a las que se enfrentarían los investigados podrían ascender hasta los dos años de prisión, una multa de 10 a 14 meses y la inhabilitación para ejercer el oficio por un tiempo de uno a dos años, tal y como refleja el Código Penal.

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